Una investigación de inteligencia estadounidense indaga una presunta vulneración de la cadena de exportación de aguacate mexicano a Estados Unidos, posiblemente relacionada con la manipulación del sistema encargado de garantizar la trazabilidad del producto, de acuerdo con información citada por el columnista Mario Maldonado.
El expediente señala que el Sistema Integral de Cosecha de Aguacate (SICOA) habría sido alterado para incorporar al circuito de exportación fruta procedente de huertas que no cumplían con los requisitos del programa.
Las pesquisas alcanzan a funcionarios de la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM) y apuntan a posibles actos de corrupción en Juntas Locales de Sanidad Vegetal de Michoacán.
Según la información publicada por Maldonado, esta situación habría provocado la suspensión de actividades del personal estadounidense en Michoacán, y no una amenaza directa o retención de inspectores como las ocurridas en 2022 y 2024.
Estados Unidos habría retirado a sus funcionarios después de detectar que la trazabilidad del aguacate quedó comprometida. Esto podría derivar en auditorías, depuración de padrones y una revisión del programa que permite exportar el producto mexicano.
La investigación busca establecer cómo ingresó fruta de huertas que no debían incorporarse al mercado estadounidense, quién modificó los registros y cuál habría sido la participación de las Juntas de Sanidad de municipios productores.
La información citada por el columnista no señala a los productores como integrantes de organizaciones criminales y establece que la mayoría serían víctimas de extorsiones. El foco estaría en la intervención de redes criminales en procesos de producción, transporte, empaque, certificación y control territorial.
Maldonado identifica como los dos funcionarios más visibles de APEAM a Luis Javier de la Rocha, director general, y Jesús Martínez Castillo. También sostiene que la asociación conocía la dimensión del problema, pero ofreció una explicación distinta durante una reunión celebrada el martes en Palacio Nacional.
La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó el encuentro con representantes de la industria. Después de la reunión, se acordó reforzar la presencia de la Guardia Nacional y solicitar un encuentro con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos.
En esa mesa participaron funcionarios de seguridad y del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).
De acuerdo con la columna, los representantes de APEAM centraron su exposición en las extorsiones contra productores y empacadores, así como en el programa estatal Guardián Forestal. Sin embargo, no habrían informado a la Presidenta sobre el expediente relacionado con el SICOA ni sobre la investigación estadounidense en torno a las Juntas de Sanidad.
Maldonado afirma también que el gremio habría incumplido acuerdos y rutas de trabajo establecidos con el Departamento de Agricultura, el Departamento de Estado y la Embajada de Estados Unidos para garantizar la seguridad e integridad del programa exportador.
Tras la reunión, Sheinbaum declaró que, si los inspectores estadounidenses no regresan, podrían ser sustituidos por personal de Senasica. El columnista señaló que ese cambio requeriría la autorización de Washington.
El aguacate mexicano ingresa a Estados Unidos mediante un Plan de Trabajo Operativo acordado entre USDA-APHIS, Senasica y APEAM, por lo que México no puede modificar de manera unilateral el mecanismo de certificación.
Una eventual sustitución de inspectores obligaría a modificar bilateralmente el plan, acreditar nuevamente los procedimientos y establecer un esquema de supervisión aceptado por las autoridades estadounidenses.
El conflicto se desarrolla en una industria de miles de millones de dólares. México exportó durante 2025 alrededor de 3 mil 650 millones de dólares en aguacate a Estados Unidos, según cifras del USDA citadas en la columna.
Para 2026 se proyectaron exportaciones mexicanas por 1.3 millones de toneladas, con el mercado estadounidense como principal destino. Michoacán concentra la mayor parte de los envíos y la industria sostiene aproximadamente 200 mil empleos.
El valor diario de las exportaciones nacionales ronda los 10 millones de dólares, de acuerdo con Maldonado. Además, información atribuida al Departamento de Estado calcula que las organizaciones criminales obtienen entre 600 y 800 millones de dólares anuales de la cadena del aguacate.
Ese monto equivale a entre 16% y 22% del valor exportado a Estados Unidos durante 2025.
El expediente adquiere relevancia adicional después de que Estados Unidos designó a varios cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. Bajo ese escenario, señala la columna, los pagos de extorsiones realizados por compañías o empacadoras expuestas a la jurisdicción estadounidense podrían ser investigados como posible apoyo material, incluso si ocurrieron bajo coacción.
Una ampliación de las restricciones también tendría efectos para otros productos de Michoacán. Cerca de 90% de las exportaciones del estado se dirige a Estados Unidos y, además del aguacate, incluye berries, limón, mango, guayaba, alimentos procesados y manufacturas.
Michoacán exportó mercancías por aproximadamente 6 mil 358 millones de dólares durante 2024, mientras que sus ventas agrícolas alcanzaron 4 mil 580 millones. En el primer trimestre de 2026, las exportaciones estatales sumaron mil 720 millones de dólares y 72.5% correspondió al sector agrícola.
En otros temas abordados por Maldonado, el Banco de México mantuvo por unanimidad la tasa de interés en 6.50% y anticipó que la inflación convergería hacia el objetivo de 3% hasta el cuarto trimestre de 2027.
La inflación general se ubicó en 3.10% anual durante la primera quincena de julio, mientras que la subyacente permaneció en 3.95%.
Finalmente, la columna reportó que el exgobernador de Guerrero Ángel Aguirre Rivero fue detenido por la Fiscalía General de la República, acusado de obstrucción de la justicia y desaparición forzada en el caso Ayotzinapa.
Según la información publicada, la investigación sostiene que habría ordenado destruir y ocultar videos de vigilancia relacionados con el recorrido de uno de los autobuses utilizados por los 43 normalistas durante la noche del 26 de septiembre de 2014.
