Jasmine Bugarín renunciará a su nacionalidad estadounidense antes de buscar la gubernatura de Nayarit

Jasmine Bugarín, próxima candidata de Morena y PVEM a la gubernatura de Nayarit, se comprometió a realizar los trámites necesarios para conservar únicamente la nacionalidad mexicana.

El acuerdo se planteó durante la reunión privada en la que se definió a Bugarín como abanderada de la 4T en Nayarit, después de que integrantes de Morena cuestionaran la doble nacionalidad de la senadora del PVEM, quien nació en Estados Unidos.

“Ella se comprometió a que lo que hubiera que hacer adicional para completar todo el trámite para tener solo la nacionalidad mexicana, lo haría”, señaló Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena.

La discusión ocurrió después de que el Congreso aprobara una reforma constitucional que establece que quienes aspiren a la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México deberán contar únicamente con la nacionalidad mexicana.

Sin embargo, el régimen transitorio de la reforma indica que comenzará a aplicarse a partir del proceso electoral de 2028. Por ello, el nuevo requisito no será aplicable a la elección de Nayarit prevista para 2027.

Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, explicó que Bugarín habló sobre su situación durante el encuentro y argumentó que no eligió el país donde nació, aunque sí el lugar que pretende representar.

“Sus hermanos son jornaleros en Estados Unidos, como muchas familias migrantes, muchas veces se registran en Estados Unidos, pero yo sí elijo dónde representar”, relató Hernández.

La dirigente morenista afirmó que el compromiso de Bugarín responde a una convicción del movimiento, independientemente de que la reforma constitucional sea aplicable o no en los comicios de 2027.

“Nosotros en nuestro movimiento queremos perfiles que actúen por convicción más allá de la obligación”, indicó.

Hernández añadió que la discusión sobre la doble nacionalidad y la reforma constitucional deja un precedente para futuros procesos electorales, cuando las nuevas disposiciones comiencen a aplicarse en 2028.