Un juez federal en Cancún, Quintana Roo, ha admitido a trámite la primera demanda de amparo contra la expropiación de terrenos pertenecientes a la empresa Vulcan Materials Company.
Esta compañía estadounidense había estado operando en la mina a cielo abierto Cálica, donde extraía piedra caliza y otros materiales que se enviaban a Estados Unidos.
El juez Ciro Carrera Santiago, del Juzgado Noveno de Distrito, negó la suspensión provisional solicitada por la empresa, argumentando que concederla podría afectar el bienestar del orden social. «La sociedad está interesada en evitar que se altere el equilibrio ecológico de esa localidad», explicó el juez.
La audiencia incidental para determinar si se otorga la suspensión definitiva se llevará a cabo el próximo 26 de noviembre.
La demanda fue interpuesta por un particular, cuyo nombre no ha sido revelado, en respuesta al decreto emitido por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, que declara como área natural protegida una superficie de 53,000 hectáreas en los municipios de Solidaridad, Cozumel y Tulum.
Este decreto busca proteger la flora y fauna de la región y prohíbe actividades como la explotación de minerales.
El juez ha solicitado a las autoridades responsables que presenten informes sobre los actos reclamados en un plazo de 48 horas. En su argumentación, Carrera Santiago destacó que los actos en cuestión están relacionados con un programa para la conservación del medio ambiente, lo cual es de interés público.
Desde hace años, Vulcan Materials ha estado en conflicto con el gobierno mexicano debido a las operaciones de su mina. El presidente López Obrador había anunciado su intención de cerrar la mina desde 2018, acusando a la empresa de causar «ecocidio».
En respuesta a la expropiación, Vulcan ha declarado que utilizará todos los recursos legales disponibles para revertir esta decisión, alegando que es una violación de los compromisos comerciales establecidos en el T-MEC.
La situación ha generado tensiones no solo a nivel local sino también internacional.
Recientemente, un grupo de senadores estadounidenses presentó un proyecto de ley para tomar represalias contra México por esta expropiación, lo que podría afectar las relaciones comerciales entre ambos países.
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