Juez de Culiacán contradice versión de la FGR: la solicitud de captura fue retirada por falta de pruebas

El juez Alejandro Alberto Díaz, del Centro de Justicia Penal Federal en Culiacán, Sinaloa, desmintió este lunes a la Fiscalía General de la República (FGR) sobre las razones detrás de la negativa para emitir una orden de aprehensión contra Joaquín “N”. El juez aclaró que fue el propio fiscal quien decidió desistir de la solicitud, al no contar con suficientes pruebas para sustentarla durante la audiencia del 5 de octubre.

“La fiscalía indicó expresamente que no había terminado ciertos actos de investigación necesarios para acreditar los hechos. Además, varias pruebas relevantes fueron obtenidas hasta después de haber solicitado la orden”, señaló el juez Díaz durante la conferencia matutina de jueces y magistrados.

La FGR, a través de un comunicado publicado la noche del lunes, sostuvo que el juez se negó a emitir la orden de captura vinculada al presunto secuestro de Ismael «El Mayo» Zambada y el asesinato de Héctor Cuén. Sin embargo, Díaz enfatizó que la solicitud no procedió debido a que las pruebas periciales fueron presentadas 12 días después de la audiencia clave.

Pruebas incompletas frenaron la detención

El juez detalló que durante la audiencia no se presentaron pruebas concluyentes que confirmaran la identidad genética del doctor Héctor “N”, víctima de los hechos. Las periciales que establecieron la coincidencia del perfil genético se obtuvieron hasta el 17 de octubre, más de una semana después de que la FGR solicitó la orden.

“Al momento de la audiencia no se contaba con la certeza pericial necesaria. La investigación estaba inconclusa, por lo que era prudente esperar su culminación”, explicó el juez Díaz.

Seguridad y jurisdicción como obstáculos adicionales

Otro aspecto que influyó en la decisión del fiscal para retirar la solicitud fue la complejidad del caso, debido a que involucra a líderes de un cártel en Sinaloa. El juez sugirió que la orden de aprehensión se solicitara ante un juez federal con jurisdicción en un penal de máxima seguridad, debido al perfil de los implicados.

“El fiscal fue informado de que podía presentar la solicitud ante un juez con competencia en un penal de alta seguridad, dado que los detenidos deberían ser internados en un centro con dichas características”, agregó el juez.

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