Ayer se cumplió un año. El 25 de noviembre de 2011 la Corte Penal Internacional recibió el expediente con las acusaciones a Felipe Calderón Hinojosa, Joaquín Guzmán Loera, Genaro García Luna, Guillermo Galván Galván, y Francisco Saynez Mendoza por crímenes de guerra y de lesa humanidad. Los firmantes, entre los que me encuentro, demandan que este organismo juzgue y condene a estos individuos por su responsabilidad en los miles de asesinatos sucedidos durante los últimos seis años en nuestro país.
Con sede en La Haya, el Tribunal Penal Internacional –antecedente a la Corte– condenó a Slobodan Milosevic, ex presidente serbio, quien fue juzgado, no por matar él mismo a una persona, sino por no prevenir y castigar la conducta de sus fuerzas de seguridad.
La demanda ante la Corte Penal señala que “Felipe Calderón declaró el inicio de una “guerra” contra el narcotráfico, el 11 de diciembre de 2006, que ha resultado en la muerte de más de 40,000 seres humanos en los últimos 4 años. Para ello se ha valido de las fuerzas policíacas, el Ejército y Marina mexicanas. El uso del ejército en operativos contra el narcotráfico comenzó varios años atrás pero se intensificó en este período. Calderón ha ordenado continuar con dicha guerra a pesar de que organismos internacionales le han solicitado dejar de emplear al Ejército en funciones que deberían desarrollar los cuerpos policíacos (Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, informe preeliminar, marzo 2011). Tan sólo en 2010 este conflicto armado ha causado más muertes que la guerra emprendida por los Estados Unidos de Norteamérica en Afganistán y Paquistán (Barómetro de Conflictos, Universidad de Heidelberg Alemania) y ha dejado también más desplazados, esto es, alrededor de 120,000 personas debido a la violencia generalizada (Internal Displacement Monitoring Center 2010). La situación de los jóvenes y niños es particularmente vulnerable: mil 226 de los muertos que perecieron en fuego cruzado o ataques directos, de diciembre de 2006 a diciembre de 2010, son niños, niñas y adolescentes (Red por los Derechos de la Infancia en México).”
También se lee en la demanda que “México vive un estado de emergencia y atraviesa por la crisis humanitaria más dramática de su historia”, así como que el país vive una “impunidad estructural en la que únicamente el 12% de los delitos son denunciados y el 8% investigados.”
A LA DEFENSIVA
Hace un año, también, la fallida y criminal Administración calderonista movió a sus dependientes y balbuceó su defensa.
A esa defensa respondió el abogado Netzaí Sandoval, uno de los promotores de la demanda penal internacional, señalando que “los voceros y comunicados oficiales del gobierno federal no han podido desmentir una sola de las afirmaciones de quienes acudimos a la Corte Penal Internacional (CPI): no han podido negar que en México se violan derechos humanos, que el Ejército tortura, comete desaparición forzada, viola sexualmente a mujeres y niñas, asesina civiles, que funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) participan en el secuestro de migrantes o que en 95% de los homicidios de la narcoguerra el gobierno decidió no abrir investigaciones porque es más sencillo declarar que ‘se matan entre ellos’.
“Tampoco han podido rebatir que el narcotráfico recluta niños para convertirlos en sicarios, que comete asesinatos y ataca hospitales y centros de rehabilitación de enfermos, que agrede a la población civil, que realiza decapitaciones masivamente y que se vale del INM para agredir a migrantes.
“Ninguna de nuestras afirmaciones ha sido puesta en duda. Habría que informar a Calderón que para poder sostener que lo calumniamos tendría que demostrar primero que nuestros señalamientos son falsos. En realidad lo único que debaten sus voceros es sí se reúnen los requisitos jurídicos para que intervengan los tribunales internacionales”.
A un año, la demanda sigue “viva”.
La Corte Penal Internacional tendrá que empatar su veredicto con el que ya ha emitido la sociedad mexicana.
Y ya sin cargo, Calderón tendrá que enfrentarse a la justicia.
Índice Flamígero: Dentro de cuatro días se acaba el sexenio del peor ocupante que Los Pinos haya tenido. Cuatro días. Ahora sí, los contamos con los dedos de una mano.
