Julieta Ramírez evade preguntas tras sanción de EU a Rafael Buenrostro

Julieta Ramírez Padilla evitó responder a los reporteros que le preguntaron por los presuntos vínculos de personas cercanas a su proyecto político con el Cártel de Sinaloa.

El cuestionamiento ocurrió después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunciara sanciones contra integrantes de una red que, según las autoridades estadounidenses, facilitó operaciones del narcotráfico mediante sobornos e influencia política.

Entre los sancionados está Rafael Buenrostro Martín, empresario y exfuncionario identificado por reportes periodísticos como promotor del proyecto político de Ramírez. La controversia se relaciona con su presencia en el acto del 15 de septiembre donde Morena presentó a la legisladora como coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional.

De acuerdo con una publicación de Reforma del 6 de octubre, Buenrostro habría participado en la organización de porras y fotografías durante ese encuentro, además de figurar entre los presuntos promotores económicos de las actividades políticas de Ramírez.

Los reportes sobre el empresario no acreditan que Julieta Ramírez haya participado en las actividades ilícitas que se le atribuyen a Buenrostro. Sin embargo, la morenista no ha ofrecido una explicación pública sobre el papel que el exfuncionario habría desempeñado en su proyecto político.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) incluyó a Buenrostro entre las personas sancionadas el 29 de septiembre por sus presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. El Departamento del Tesoro sostiene que mantuvo una relación cercana con José Ángel Rivera Zazueta, señalado como operador de la organización criminal, y que proporcionó favores e influencia política para facilitar sus operaciones a cambio de sobornos.

La medida también alcanzó a Pedro Ariel Mendívil García, exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, acusado por el Tesoro de recibir pagos de Juan José Ponce Félix, alias “El Ruso”, para permitir la influencia del grupo criminal sobre la Policía Municipal.

El documento estadounidense incluye además a Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora Marina del Pilar Ávila, entre los presuntos operadores políticos vinculados con esa estructura.

Las sanciones establecen el bloqueo de bienes sujetos a jurisdicción estadounidense y restricciones financieras, pero no equivalen por sí mismas a una sentencia penal.

Ramírez también enfrentó cuestionamientos en septiembre, cuando N+ Focus difundió información sobre una presunta investigación estadounidense en su contra. El medio aseguró que habría suscrito un proffer agreement, mecanismo que permite proporcionar información a fiscales bajo determinadas condiciones.

La aspirante rechazó esa versión y la calificó como “mitote”, además de cuestionar la autenticidad de la información.

El 15 de septiembre, Morena designó a Ramírez como coordinadora de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Baja California, posición que la perfila para buscar la gubernatura en 2027. Su nombramiento fue anunciado por Ariadna Montiel y Citlalli Hernández tras un proceso interno de encuestas.

La designación generó inconformidad entre otros participantes. Evangelina Moreno Guerra la impugnó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; también surgieron diferencias con el Partido del Trabajo y el Partido Verde manifestó su respaldo a Ramírez.

Durante su nombramiento, la morenista llamó a mantener la unidad y al “diálogo permanente con el pueblo”.