México requiere, nuestra Patria necesita, pese a todo, alentar sus esperanzas en la justicia electoral. Nuestros recintos de justicia en esa esfera tienen y contienen buenos cimientos y la suficiente dignidad institucional para dar el cabal cumplimiento a sus muy elevadas funciones de control de legalidad a fin de salvaguardar nuestro sufragio en contra de aquellas decisiones arbitrarias y pedantes del poder político insensato y arbitrario.
México tiene que hacer memoria y recordar de manera permanente que las funciones de nuestros Recintos de Justicia Electorales le exigen a sus órganos jurisdiccionales enjuiciar las contiendas desde parámetros y principios jurídicos objetivos atendiéndose a las exigencias de constitucionalidad, legalidad e imparcialidad, olvidándose de toda tentación partidista para evitar someterse a cualquier capricho del poder reinante, que pudiera pretender exigir el sometimiento en criterios de indignidad, oportunidad, conveniencia o ilegalidad, sin amilanarse ante consecuencias políticas de insensatez.
Existe en nuestra Nación una muy añeja e imperiosa necesidad de justicia, rigor y dignidad jurídica. Persiste al igual una profunda, muy profunda crisis de desconfianza en las decisiones de índole político, cimentadas en ocurrencias, necedades, arbitrariedades e injusticias. A pesar de que múltiples togas de dignidad han venido sosteniendo una espléndida labor de interpretación y aplicación de nuestra Constitución Política, a fin de pretender librarse de la desconfianza que pudiera existir en la justicia.
Nuestros Recintos de Justicia Electorales con sus múltiples resoluciones, determinaciones y sentencias, en las cuales la mayoría de ellas fueron perfectamente correctas, razonables y constitucionales. Verdad resulta también, que con sus decisiones nuestros Tribunales Electorales contribuyen a una efectiva garantía de salvaguardar nuestro sufragio, lo cuál ha resultado ser una gran e incuestionable valía. Y es a la par veraz, asimismo, que en últimas fechas esos tribunales se han comportado con una rigurosa dignidad, imparcialidad, objetividad, congruencia y eficiencia acorde con la propia doctrina de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Tanta politequería y porquería que a últimas fechas se ha lanzado contra nuestros Órganos Jurisdiccionales Electorales desde todos los ámbitos del Poder Ejecutivo y Legislativo, tanta deshorna que han intentado acumular en contra de las Instituciones Electorales, pretendiendo con ello obstruir la verdad jurídica que han dado origen a tensas alarmas de intromisiones en la justicia.
Es el deseo de la Academia de Derecho Penal del Colegio de Abogados de México, A.C., que después de pasadas éstas elecciones, se defienda el sufragio de millones de mexicanos y que los Tribunales Electorales vuelvan a poner las cosas en su sitio, actuando con la normalidad jurídica que se debe. Así esperamos para bien de nuestra democracia.
Lic. Alberto Woolrich Ortíz.
Presidente de la Academia de Derecho
Penal del Colegio de Abogados de México, A.C..
