La abogacía independiente de la República sigue sosteniendo como muy negativa la Reforma Judicial implementada por Andrés Manuel López Obrador, con ella se ha menguado la vigencia de los derechos fundamentales y el fortalecimiento del “derecho a la justicia” en todos y cada uno de sus de sus aspectos.
Resulta ser el caso que cuando nuestros órganos jurisdiccionales tienen que resolver problemas jurídicos que le importan al segundo piso de la Cuarta Transformación de la Nación, la actitud de las instituciones de impartición de justicia varia de manera muy sustancial.
La Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C., mantiene y sostiene la impresión de que sólo cuando el poder político y/o económico no se encuentra de por medio, es factible aplicar con objetividad las exigencias de la Constitución Política y de las leyes que de ellas derivan.
Para el referido ateneo, en el presente y a futuro, las decisiones jurídicas dejarán de ser aplicadas con objetividad, dentro de los parámetros contenidos en el Pacto Federal, y en lo venidero, nuestros recintos de justicia se verán obligados a utilizar criterios políticos que le resultarán favorables al Poder Ejecutivo Federal.
Estas fundadas afirmaciones de partidismo político o beligerancia a la justicia en favor de la autoridad, ha sido fomentada en cada una de las expresiones de la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, para que se otorgue el voto a favor de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial Federal; las referidas expresiones obedecen a un sistema de cuotas que, como se ha observado, se vienen implementando abusivamente para nombrar a los nuevos integrantes de ese menguado poder.
Resulta funesto que el Poder Ejecutivo Federal en armonía con los otros dos Poderes de la Unión, no hayan podido implementar la fórmula de aplicación del Código Penal, para con ello, poder librarse de la ola de desprestigio general que afecta desde el neoliberalismo a las instituciones de procuración e impartición de justicia, las cuales fueron permeadas por ese execrable fenómeno de corrupción.
Gran parte de la responsabilidad de esa deshonra procede de anteriores presidentes, no sólo por no haber sabido, ni querido, ni deseado adoptar un sistema político objetivo para sancionar a aquellos funcionarios de procuración e impartición de justicia que le brindaron impunidad a la narco-política.
Es cuánto.
Lic. Alberto Woolrich Ortiz.
Presidente de la Academia de Derecho Penal
del Colegio Nacional de Abogados Foro de México A.C..
