CIUDAD DE MÉXICO, 29 de enero (AlmomentoMX).- La conformación de la Guardia Nacional
constituye la continuidad del Estado policíaco militar y el reforzamiento de la
militarización en todo el territorio nacional; aquella existe de facto, opera
en diferentes estados de la República aún sin la formalidad constitucional; y,
el temor popular de la violación de los derechos humanos se confirma, señaló el
Ejército Popular Revolucionario (EPR).
En un comunicado dirigido al pueblo de México, los medios de
comunicación, y los pueblos del mundo, el EPR señala que las diferencias entre
las fuerzas políticas para su institucionalización residen en la disputa por
cotos de poder que se traducen en mejores prebendas económicas y políticas, es
el pragmatismo ramplón de los políticos de oficio que sólo velan por sus
intereses de grupo.
“El marco jurídico
que sustenta la existencia de la Guardia Nacional no tiene diferencia
sustancial con la Ley de Seguridad Interior que fue anulada, criticada en su
momento por la fuerza política que hoy tiene hegemonía en la administración
pública y repudiada por el pueblo organizado”.
Agrega que la creación de cuerpos especiales para reprimir
al pueblo y garantizar “seguridad pública” obedece a las exigencias y planes de
la oligarquía independientemente de la administración que se encuentre en el
Ejecutivo federal. El proyecto de la Guardia Nacional es un viejo plan con otro
nombre que tiene sus antecedentes desde el sexenio de Ernesto Zedillo, se
inscribe en una política contrainsurgente.
En su comunicado señala:
“La Guardia Nacional se estructura con los principales
cuerpos policíaco militares que han objetivado el terrorismo de Estado durante
los últimos 18 años, en lugar de desarticularlos y levantar juicios a la cúpula
que ordenó a la tropa cometer crímenes de lesa humanidad se les premia con
nuevo uniforme, insignias, fuero, más salario e impunidad. Su imposición es
exigencia oligarca, necesidad de Estado y plan imperialista que se inscribe en
la estrategia de contrainsurgencia global de continuidad transexenal.
“La desaparición forzada de personas por motivos políticos y
sociales es de larga data, consecuencia directa de la política contrainsurgente
aplicada en México sin importar el partido que gobierne, las estructuras
encargadas de su planificación y ejecución siguen intactas porque están en
manos de las fuerzas armadas.
“De igual manera es de antaño la lucha popular por la
exigencia de la presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos,
cuyo principal logro de las organizaciones de familiares, defensoras de
derechos humanos y populares fue hacer visible el fenómeno como parte del
terrorismo de Estado, hoy es consigna y demanda popular debido a la
persistencia de la denuncia política y la movilización popular que gradualmente
arribó a nuevas formas de lucha.
“La desaparición forzada al ser crimen de lesa humanidad y a
la vez crimen de Estado no prescribe por eso resulta perverso que a los
desaparecidos de manera forzada hoy se les pretenda desaparecer de la
estadística, del discurso oficial, en las mesas de negociación y como legítima
demanda de los familiares de las víctimas, a cambio de una nebulosa justicia
transicional que todo lo taza en el perdón para los perpetradores e
indemnización para los familiares de las víctimas.
“La política gubernamental del perdón se traduce en olvido
al coercionar a los familiares y organizaciones para que eliminen de su
lenguaje la categoría de desaparición forzada y con ello renuncien a la
exigencia de presentación con vida de los desaparecidos, así como el juicio y
castigo a los responsables. Al aceptar esta política gubernamental por parte de
los familiares, de facto se acepta el perdón y el olvido, se convalida la
impunidad.
“En el sexenio de Felipe Calderón fueron desaparecidos de
manera forzada por su militancia revolucionaria nuestros camaradas Gabriel
Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, crimen de lesa humanidad que a la
fecha se le pretende situar en el olvido; los dos anteriores sexenios, uno
responsable directo y el otro corresponsable por complicidad a través de la
omisión deliberada.
“En el presente gobierno al guardar silencio conduce a los
mismos derroteros de la violencia de Estado e impunidad, la demanda en torno al
caso de nuestros militantes es la misma: su presentación con vida y en libertad”.
AM.MX/fm
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