* Ni manera de limpiar el tiradero
Gregorio Ortega Molina
El desaseo en la procuración de justicia es mayor, porque quienes tuvieron a cargo la seguridad pública y la que debe garantizar la seguridad nacional, regional y geopolítica, carecieron de concepto de Estado y de esa necesaria flexibilidad en la conciencia, para preterir lo personal y obedecer el mandato constitucional. Se les arrugó, pues.
Alejandro Encinas menciona ya la conformación de una Comisión de la Verdad por el caso Ayotzinapa, y me pregunto y les pregunto, lectores, ¿fue el único? El tiradero dejado por el gobierno urgido de irse y olvidarse es enorme, en este momento es imposible evaluar su desempeño en procuración y administración de justicia por un caso emblemático; pero sólo por la manera en cómo ejercieron el poder durante seis años y creció el número de muertos, desaparecidos y víctimas de trata, puede afirmarse que EPN y su gabinete vivieron en una realidad imaginada.
AMLO tiene la responsabilidad constitucional y ética de acertar donde Vicente Fox erró. Por lo pronto la Comisión de la Verdad sustituye una fallida fiscalía, y Alejando Encinas no será Ignacio Carrillo Prieto. Ernesto Sábato analizó todos los perjuicios de la dictadura de los generales argentinos, no se limitó a un caso. Los muertos reclaman paz.
En El País encuentro la información que les comparto: “Un juez ha ordenado a la Fiscalía mexicana investigar con celeridad, una vez más, la matanza de Tlatlaya, ocurrida en junio de 2014. De noche, un convoy militar abrió fuego, se enfrentó a un grupo de personas armadas y dejó 22 muertos en un poblado rural en el Estado de México, a cuatro horas de la capital del país. A más de cuatro años de los hechos la Procuraduría General de la República (PGR) no ha encontrado a los responsables. Ahora el Poder Judicial pide indagar en la cadena de mando de la orden de aquella noche.
“La matanza de Tlatlaya enturbió la Administración del presidente Enrique Peña Nieto. 22 personas fueron asesinadas en una bodega, ocho a sangre fría cuando ya se habían rendido, concluyó la fiscalía a finales de 2014. Ahí se implicó directamente a tres elementos del Ejército mexicano por alterar la escena del crimen: Fernando Quintero, Roberto Acevedo y Leobardo Hernández. Sin embargo, en mayo de 2016 un tribunal consideró que las pruebas aportadas por la PGR eran insuficientes y liberó a los militares, acusados de los delitos de homicidio, encubrimiento y alteración del lugar de los hechos.
“Clara Gómez, una de las tres mujeres que sobrevivieron al enfrentamiento en Tlatlaya, ha explicado que aquel 30 de junio estaba con las 22 personas por su hija, Erika, de 14 años, quien murió a balazos. A partir de ese momento, Clara y su asesoría legal han exigido a la PGR una indagación exhaustiva en cada aspecto del caso, además, de que los militares acusados sean enjuiciados e investigar a los mandos militares”.
La Comisión de la Verdad debe abrir todos los expedientes, ¿o no?
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