* En 4 textos ahora, y en 5 adicionales a publicarse entre el 9 y el 13 de enero de 2017, seremos testigos de cómo la lucha contra la corrupción se convirtió en instrumento de venganza política por la estatización bancaria y la negativa de JLP a que México ingresara en el GATT
Gregorio Ortega Molina
El sistema político mexicano funciona como toda asociación religiosa administrada por humanos. Las instituciones son su instrumento, el que manda es el “señor”, como en los monoteísmos. Caer de su gracia, está cabrón.
La administración pública es tan corrupta como la “gentrificación” de la FE. El perdón siempre está disponible para quienes más poseen, para los bufones y para los que tienen una columna vertebral absolutamente flexible.
El problema fundamental no reside en las violaciones a la norma, sino en que esas agresiones a la ley molestan al administrador y lesionan sus intereses. La observancia de la legalidad, como la de la FE, nada importa a sus celosos guardianes.
En nuestro caso, el de los políticos mexicanos, el culmen de la corrupción inicia con el sexenio del último presidente de la Revolución; desde entonces dura. Concluirá esa pudrición hasta que el modelo político haya sido sustituido por otro.
Alargarán su agonía, lo que pospondrá, con renovado vigor, la transición, pues al “inventar” la Fiscalía General y la Fiscalía Anticorrupción sólo exhiben el nódulo maligno que aspira a garantizar impunidad, toda la impunidad.
En este país denunciar la corrupción y sancionarla, equivale a perseguir a los enemigos del Estado, pero sobre todo a aquellos que han faltado el respeto al “señor” presidente.
A José López Portillo se le erizó la piel al enterarse que uno de sus “cuadernos” fue rayado por Eugenio Méndez Docurro, lo que al ingeniero le costó prestigio y libertad. La nota informativa de la época dice: “Consignado el 21 de marzo por la Procuraduría General de la República, al juez cuarto de distrito en Materia Penal, como presunto responsable de los delitos de peculado, fraude maquinado y tentativa de fraude, en compañía de otros coacusados, fue declarado formalmente preso el 25 de marzo por peculado, y exonerado de los otros cargos
“Con esta resolución del juez cuarto, licenciado Raúl Murillo Delgado, se acrecentó la creencia de que Méndez Docurro obtendría en breve su libertad con base en el artículo 221 del Código Penal Federal, que establece que si en el transcurso de los 10 días siguientes el inculpado restituyera el monto de lo sustraído, se disminuiría la sanción a uno o seis meses de prisión y podría obtener su libertad bajo fianza”.
Como no pudieron perjudicar a Augusto Gómez Villanueva, a quien despojaron de su cargo de diputado y del liderazgo de los priistas en esa Cámara, se decidieron por perseguir a Félix Barra García.
La decisión de destituir a Porfirio Muñoz Ledo se tomó en un acuerdo de recámara con Rosa Luz Alegría.
El boom de la corrupción perpetrado en contra del Estado y los bienes de la nación, inició cuando Alicia López Portillo recibió, en su despacho de la secretaría privada de la Presidencia de la República, al intermediario -durante el sexenio siguiente se conocería como “entrepreneur”- que la convenció de adquirir dos buques tanques para transportar gas. La comisión era un sobreentendido.
Cuando la instrucción de cumplir los deseos de su hermana llegó a la Torre de Pemex, el presidente José López Portillo ya había olvidado su deuda de gratitud con Jorge Díaz Serrano, quien lo rescató de la humillación después de que lo despidieran de la Secretaría de Patrimonio Nacional.
Roberto (Bob) de la Madrid Romandía fue Director de las Juntas de Mejoras Materiales en Baja California, con sede en la ciudad de Tijuana. El titular de las Juntas Federales de Mejoras Materiales, a nivel federal, era José López Portillo; sus dos colaboradores más importantes fueron los licenciados Mario Moya Palencia y Pedro Ojeda Paullada. Dependían de la Subsecretaría del Patrimonio Nacional, cuyo titular fue el arquitecto Guillermo Rosell de la Lama.
En Mis Tiempos, volumen I, en las páginas que van de la 282 a la 285, el ex-presidente hace una minuciosa descripción de lo que ocurrió cuando Roberto fue director de las Juntas en Tijuana. El desenlace lo convirtió en exiliado en Estados Unidos, en San Isidro, California.
Lo que omitió narrar José López Portillo, es que al perder él también el empleo, su condición precaria fue subsanada durante una visita que Jorge Díaz Serrano le hizo en su domicilio, y lo convenció de aceptar el nombramiento de asesor de sus empresas. Terminó así con un salario superior al que devengaba como burócrata, y con dos automóviles a su disposición.
