* El hecho de que la judicatura federal esté hasta las manitas de corrupción, muestra a las claras la dimensión del problema a nivel nacional, pues las autoridades gubernamentales como los líderes sociales y empresariales, parecen haber tejido, de común acuerdo, una red de complicidades que facilita el funcionamiento del sistema y garantiza impunidad
Gregorio Ortega Molina
La nomenclatura del Poder Judicial de la Federación juega al policía chino, por no decir que se conduce como el tío Lolo en este asunto de los cuatro millones de pesos encontrados en la cajuela de uno de sus vehículos oficiales, asignado para servicio en las oficinas ubicadas en Camino al Ajusco.
Quien conoce someramente los usos administrativos del Consejo de la Judicatura Federal, sabe que todo movimiento de un vehículo para usos generales o específicamente asignado a un usuario determinado, ha de ser consignado en una bitácora, con hora de inicio del servicio, destino, número de kilómetros al iniciar y al concluir y detalle de a quién o qué trasladó.
Lo anterior indica que conocen cuándo y cómo fueron colocados esos cuatro millones de pesos en efectivo (hacen un bonito paquete) en la cajuela del coche de marras, y por instrucciones de quién se hizo el servicio, a menos de que esa cantidad haya sido sembrada mientras el vehículo estaba estacionado en el recinto oficial, porque a otra persona le llegaba la lumbre a los aparejos, o simplemente porque se trataba de distraer y señalar a otro que no tuviese vela en ese entierro.
Lo descubierto no es nada halagador y mucho menos tranquilizante, pues señala claramente que lo considerado un secreto a voces, resulta más cierto que la muerte de Juan Gabriel; es decir, hay una amplia, persistente y tenaz corrupción entre los jueces federales, porque lo que se dirime en sus juzgados muchas veces trasciende la administración de justicia y la aplicación de la ley, pues lo que entra en juego es el poder, en sus diversos aspectos: administrativo y penal en la mayoría de los casos, pero incluso en los juicios por propiedad intelectual, uso de patentes y marcas y propiedad industrial, las partes en disputa son sólo piezas de un contencioso mayor: el poder.
El hecho de que la judicatura federal esté hasta las manitas de corrupción, muestra a las claras la dimensión del problema a nivel nacional, pues las autoridades gubernamentales como los líderes sociales y empresariales, parecen haber tejido, de común acuerdo, una red de complicidades que facilita el funcionamiento del sistema y garantiza impunidad.
Es el rostro de Jano. En ambos lados hay buenos y malos, de acuerdo a intereses y a lo convenido para que éstos prevalezcan por encima de la ley y de las propuestas de combate a la corrupción. El que no ofrece o recibe coima, está muerto. ¿Será?
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