* El jefe de las Fuerzas Armadas debe asumir su mandato constitucional y proceder, con estricto apego a la ley y al respeto a los derechos humanos, a compartir la carga que han dejado sobre los hombros de los mandos de marinos y militares, porque si los civiles los pusieron a desempeñar tareas de seguridad interior, lo justo es que compartan su responsabilidad; todo indica que no quieren hacerlo
Gregorio Ortega Molina
Allí está atorada la propuesta de Ley Reglamentaria del 29 constitucional. En ella el punto a discusión es el Estado de excepción, ¿quién, cómo y cuánto tiempo dura? No hay que darle vuelta, desde 1917 se determina que esa es responsabilidad del titular del Poder Ejecutivo.
¿Qué es lo que corresponde para que las Fuerzas Armadas dejen de hacer presión? ¿Qué se requiere para que sus oídos se cierren al canto de las sirenas de la dictadura imperfecta?
De haberse aprobado en su momento la mencionada Ley Reglamentaria, no estaríamos hoy con el Jesús en la boca, pues a mayor retraso más riesgo, y éste quieren compensarlo los militares con más poder, un inmenso poder que les facilite “recolectar información” por cualquier medio, incluso para combatir la corrupción. Así aparecen más dudas.
¿Quiénes y cómo determinan lo que es la seguridad interior, y las maneras en que ésta puede verse afectada?
¿Cómo deben proceder el Congreso y el Presidente de México aunque la Ley Reglamentaria duerma el sueño de los justos? Hay un mandato constitucional que no puede ni debe evadirse, porque refiere precisamente a la seguridad nacional y a la seguridad interior, y ser omiso en su cumplimiento equivale a traición a la patria, delito que permite llevar a juicio a quien lo comete.
Así, pues, mientras son peras o manzanas, el señor Presidente debe asumir su responsabilidad constitucional, como titular del Ejecutivo y como jefe de las Fuerzas Armadas, y determinar, tal como lo señala el mencionado artículo 29, si deben o no suspenderse garantías, en qué zonas del país, decidir si hay o no toque de queda, y establecer los tiempos que éste ha de durar.
El Congreso es corresponsable de lo que sucede, pues resulta claro el apremio con el que se necesita de la citada ley, y también el miedo que se tiene al resultado, pues son capaces, por omisión, de poner el poder político en manos de los militares, lo que los partidarios de la mano dura, de la dictadura imperfecta, sueñan y anhelan.
Por lo pronto que el jefe de las Fuerzas Armadas asuma su mandato constitucional y proceda, con estricto apego a la ley y respeto a los derechos humanos, a compartir la carga que han dejado sobre los hombros de los mandos de marinos y militares, porque si los civiles los pusieron a desempeñar tareas de seguridad interior, lo justo es que compartan su responsabilidad; todo indica que no quieren hacerlo.
