* La línea imaginaria de la separación de poderes entre el Ejecutivo y Judicial, que la reforma de 1995 conceptuada e iniciada durante el gobierno de Ernesto Zedillo hizo visible, y se fortaleció durante la presidencia de Vicente Fox, para otra vez desaparecer cuando Fernando Gómez Mont acudió a una visita estúpida a la SCJN. Hoy, la pataleta presidencial resuena en todo el ámbito jurídico y afecta la vida de la seguridad pública y el mandato constitucional
Gregorio Ortega Molina
Un buen porcentaje de los funcionarios llevados al poder por elección o administrativamente nombrados, incumple con las normas legales, ya no digamos con el mandato constitucional. El diezmo funciona de abajo hacia arriba, e inicia en el primer escalafón. El policía de crucero debe cumplir con su cuota, de lo contrario nunca pasará de la esquina.
La corrupción, es cierto, adquirió la dimensión de un fenómeno cultural, cuyo epicentro es la institución presidencial. Al partir de las oficinas del Poder Ejecutivo, se garantiza la impunidad, pero en materia de seguridad pública y jurídica, todo se afecta. En muchos aspectos la administración y procuración de justicia son instrumentos políticos para castigar y premiar. El más acabado ejemplo es Alejandro Gertz Manero. Habrá que leer El verdugo, libro en el que Alejandra Cuevas Morán muestra cómo es que se ejerce la procuración de justicia en esta inacabada República.
Sobre este entramado político, que sí funciona, está ahora ese nuevo poder que ejercen -a sangre y fuego en algunos lugares, con extorsiones y amenazas en otros, y en los sitios de privilegio, con maletas repletas de billetes verdes- los narcotraficantes, siempre dispuestos a salirse con la suya.
El escenario se complica cuando irrumpe la desmedida ambición de control político de Andrés Manuel López Obrador. Toda dádiva, cualquier perdón, el más ínfimo de los servicios, debe partir de su “generosa” mano, ya sea una dispensa fiscal, un expediente que se extravía, una sentencia que se aplaza, un amparo, una elección. Cuando no sucede como él lo sueña, pronto acusa a jueces, magistrados y ministros de corrupción.
Ni siquiera se detiene a considerar que es posible que jueces, magistrados y ministros determinen sus decisiones jurídicas y/o sentencias, porque su familia y ellos mismos están amenazados de pasar a mejor vida, ¡y cuidado de recusar o excusarse!, porque la amenaza se convierte, de inmediato, en ejecución cumplida.
Sobre la difícilmente comprobable situación del sistema de administración de justicia, debe privar la voluntad del caudillo, su realidad, su capricho, sus otros datos, tope donde tope.
La línea imaginaria de la separación de poderes entre el Ejecutivo y Judicial, que la reforma de 1995 conceptuada e iniciada durante el gobierno de Ernesto Zedillo hizo visible, y se fortaleció durante la presidencia de Vicente Fox, para otra vez desaparecer cuando Fernando Gómez Mont acudió a una visita estúpida a la SCJN. Hoy, la pataleta presidencial resuena en todo el ámbito jurídico y afecta la vida de la seguridad pública y el mandato constitucional.
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