* Es importante la aportación de Diego Valadés, porque enuncia lo que ha de hacerse ahora, pero si no trabajan en ello, al momento de postular nombres para que tengamos opción de salir de la barbarie, la oposición será avasallada por el poder de convocatoria y de difamación de Andrés Manuel López Obrador, en funciones de presidente constitucional de México
Gregorio Ortega Molina
El modelo de la restauración costó a Alemania la Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias; México podría pagarlo con la balcanización de su territorio, sólo observen dónde está ubicadas las obras emblemáticas de la 4T.
Para que el hiperpresidencialismo deje de existir, es necesario reordenar los partidos políticos y, por lo pronto, ajustarlos en sus prerrogativas electorales en las cantidades aportadas por el fisco. Para que la sociedad se haga corresponsable, se empodere y pueda exigir, es necesario que a ella aporte un porcentaje de ese gasto a los institutos políticos de sus empatías. Si pagas, exiges cuentas. Cuando los recursos son exclusivamente fiscales, difícilmente sienten que es de su propiedad.
El vórtice y el vértice de lo observado por Diego Valadés es para desanimar a cualquiera ante el futuro inmediato: “Advierto los signos de un destino borrascoso. La amenaza de enjuiciar y encarcelar a 223 diputados por ejercer sus derechos constitucionales no tiene precedente en los 105 años de vigencia de la Constitución; se perfila la instauración de las purgas políticas en México. Erosionar la vida institucional, cancelar las interlocuciones constructivas, multiplicar los rencores y propagar el odio en el ambiente, son decisiones muy dañosas. Al cabo de casi dos siglos de hegemonismo presidencial, hemos llegado al clímax pues ahora dispone de un amplio apoyo popular. Es una paradoja aparente porque la democracia siempre ha sido vulnerable por la demagogia”.
¿Qué hacer? ¿Cómo recuperar el espacio de la sociedad y la vigencia de la Constitución? ¿Requerimos de una profunda cirugía constitucional? ¿Y los poderes Legislativo y Judicial, que en lugar de ser equilibrio son cómplices del Ejecutivo?
Es necesario considerar las propuestas de Valadés, puesto que se desempeñó como procurador del entonces Distrito Federal y General de la República. Observa, con mayor tranquilidad y objetividad, lo que pueda o deba hacerse. Propone lo siguiente:
“Un Estado constitucional avanzado no excluye a segmentos de la población, ni riñe u hostiliza a ningún gobernado. El Estado constitucional se basa en el respeto por todos y provee los medios institucionales para la cooperación.
Por ello requeriremos un régimen de gobierno que:
- empodere a los gobernados,
- respete la dignidad de toda la población, sin distinguir entre simpatizantes y antagonistas,
- sustituya la impunidad de los gobernantes por su responsabilidad ante la nación,
- imponga el decoro en el ejercicio de la política,
- garantice a todos, mujeres y hombres, niños y jóvenes, una vida libre de violencia y de corrupción.
En suma, un sistema de instituciones que inspire certidumbre y confianza, basado en la ley como expresión de la voluntad general y no en los dictados de una voluntad individual”.
Lo leo más allá de un diagnóstico o una advertencia. Tampoco está perfilada la estructura de un cambio. Queda la sensación de que no existen consensos entre los diversos grupos, y por ello no acaban de unificar criterios. Regreso a mi opinión tomada de Jesús Reyes Heroles: primero el plan, luego el hombre. La autoproclamada oposición, esté conformada como lo esté, no puede dejarse presionar para hacer públicos los rostros de sus candidatas o candidatos, sin antes tener consolidado un ambicioso y nuevo proyecto de nación que, efectivamente empodere a la sociedad, pues de eso fue lo primero que la despojaron al conculcarse el principio de la no reelección.
Es importante la aportación de Diego Valadés, porque enuncia lo que ha de hacerse ahora, pero si no trabajan en ello, al momento de postular nombres para que tengamos opción de salir de la barbarie, la oposición será avasallada por el poder de convocatoria y de difamación de Andrés Manuel López Obrador, en funciones de presidente constitucional de México.
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