* La doctora Sheinbaum Pardo no deje lugar a dudas: “Si no podían cumplir porque había adeudos no hubieran concursado o hubieran dicho que la entrega de los medicamentos dependía del pago de los adeudos”; es decir, si el gobierno federal adeuda, la IP apechuga, pero el contrato ha de cumplirse. Aunque quizá el aspecto más complicado sea la reasignación de los derechohabientes a las clínicas de atención y diagnóstico, porque crece el número de solicitantes y, obvio, quizá deje de ser por zona, como lo hacen en el caso del ISSSTE
Gregorio Ortega Molina
Los derechohabientes de las instituciones del sector salud debieran ponerse truchas para defender, con inteligencia y sin desfallecer, lo que el IMSS y el ISSSTE ofrecen por separado a quienes gozan de sus beneficios -y negarse a su fusión en atención médica-, porque el resultado pueda ser alcanzar el destino final del Seguro Popular.
Dejemos de lado los aspectos de la atención médica, lo que es diferente está en los aspectos administrativos. Las pensiones, por ejemplo, y las maneras de cotizar para las jubilaciones. En el IMSS se basan en las cuotas obrero-patronales y en la “honrada” administración del Estado. Para los trabajadores del gobierno, las cuotas son aportadas por el trabajador y la institución gubernamental para la cual trabajan; es decir, se complementa con recursos fiscales. Los incrementos se calculan en UMAS, en el Seguro Social funciona muy bien lo del salario mínimo.
Los anteriores son los aspectos administrativos básicos a los que deben sumar la antigüedad de los empleados de cada una de las instituciones, cómo se van a reconocer sus derechos y qué es lo que se modifica en la relación laboral. Y la disputa por las joyas de los servicios médico-asistenciales, pues se sabe de clínicas y hospitales de excelente reputación por la respuesta a los pacientes (muy pocos, por desgracia) y otros que funcionan a la trompa talega, como hoy lo hacen desde el poder Ejecutivo en el caso de las licitaciones para abastecer medicinas.
La doctora Sheinbaum Pardo no deje lugar a dudas: “Si no podían cumplir porque había adeudos no hubieran concursado o hubieran dicho que la entrega de los medicamentos dependía del pago de los adeudos”; es decir, si el gobierno federal adeuda, la IP apechuga, pero el contrato ha de cumplirse.
Pero quizá el aspecto más complicado sea la reasignación de los derechohabientes a las clínicas de atención y diagnóstico, porque crece el número de solicitantes y obvio quizá deje de ser por zona, como lo hacen en el caso del ISSSTE.
Todos mis conocidos hablan de las diferencias en la atención médico-asistencial de las dos instituciones, lo que obliga a igualar hacia la excelencia el servicio, aunque lo más seguro es que decaiga. ¿Y los años requeridos para jubilarse? Supongo que el futuro inmediato del sector salud puede ser el del Seguro Popular.
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