* El Gobierno de CDMX y SEDUVI tendrán la facultad de crear reservas territoriales para vivienda y una “Bolsa de Suelo”, que obtendrán a base de expropiaciones con información del registro público de la propiedad
Gregorio Ortega Molina
Más preocupados por conservar el poder en la primera ciudad Estado de la nación, los supuestos legisladores del PRD promueven la aprobación de una Ley de Vivienda engañosa, porque afirman que es para proteger y servir a sus minorías, cuando en realidad fortalecen sus complicidades con las desarrolladoras.
La organización Suma Urbana advierte:
El Gobierno CDMX creará un Programa de Vivienda en Renta, para el que las inmobiliarias privadas construirán edificios subsidiados con nuestros impuestos; supuestamente el dueño de los edificios será el gobierno de la Ciudad, quien los entregará a grupos que podrán disfrutarlos con rentas tan bajas como cuando se decretó la congelación de rentas.
El Gobierno CDMX crea un Consejo de Vivienda, formado básicamente por autoridades que instrumentarán la aplicación de las recomendaciones de las ideas que sobre desarrollo urbano quieran implementar el Jefe de Gobierno y el Secretario de Desarrollo Urbano.
En otras palabras, el Gobierno de la CDMX se lava las manos diciendo que las decisiones de usos de suelo no las tomó el gobierno, sino <<su>> consejo de notables, justificando con ello la participación ciudadana. Este Consejo será responsable de la creación de las famosas AGES (áreas de gestión estratégica, figura usada para validar las ZODES).
El Gobierno de la CDMX crea vivienda mixta, esto es, la vivienda de interés social y popular entra a casi todas las colonias con el control del Instituto de Vivienda. Este último decide quién la puede construir, maneja los fondos, crea los programas, decide dónde se construye y evalúa los resultados. Manejo clientelar de asignaciones e imposibilidad de transparencia cuando el mismo Instituto hace todo hasta la evaluación de lo que hizo.
El Gobierno CDMX y SEDUVI pueden crear reservas territoriales para vivienda y una “Bolsa de Suelo” que obtendrán a base de expropiaciones con información del registro público de la propiedad de predios con problemas testamentarios o desocupados, o que se considere son para el bien público.
Los constructores privados de vivienda gozarán de subsidios especiales por fomentar el mercado de la construcción. Las inmobiliarias que construyan cerca de centros de transporte masivo gozarán de exenciones de pagos de impuestos. Esto es para cualquier tipo de construcción.
No se puede denunciar de manera anónima el mal uso de recursos o irregularidades vinculados con los fondos y proyectos de esta ley. La carga de la prueba está en el ciudadano denunciante quien debe comprobarlo.
Las sanciones para las organizaciones que trabajen en sociedad con el Gobierno y que no cumplan con lo estipulado, tanto en las construcciones como en la venta de inmuebles y manejo de recursos, sólo derivarán en la suspensión definitiva. Dejarán el negocio a otros, sólo eso.
Pero nadie habla de cómo se van a proveer los servicios urbanos para esas viviendas: agua, seguridad, transporte, luz, gas, etcétera.
