FRANCISCO RODRÍGUEZ
El Estado, la obra superior de la cultura, no puede ser sometido al ridículo. No puede exponerse la manifestación orgánica de la voluntad popular por las pistolas o las chicanadas de incautos, perversos y delincuentes confesos. Porque el Estado es la ultima ratio de la convivencia, lo que nos mantiene unidos, el que debe obedecer las instrucciones populares, por encima de cualquier cabeza de chorlito.
Cuando los instrumentos punitivos y dependencias procuradoras del gobierno federal se activan para cobrar graves ofensas a la Nación, delitos graves que lastiman el interés superior de la población ofendida, no puede ni debe andarse con miramientos y escrúpulos. Así lo mandata la Constitución General de la República. No es asunto menor.
Cuando se activa ese aparato, sólo es para asumirse y obedecerse. Lo dicen todos los tratados y legislaciones del mundo conocido, desde Tequisquiapan hasta Singapur. Así es y no hay para dónde hacerse. Así está establecido en las normas aprobadas por todos, en las convenciones internacionales, en la necesidad de la esperanza.
Cuando alguien, ordenado por el mandato popular activa los mecanismos de reivindicación de la justicia escrita y conocida, no debe haber poder humano, ni huizachero, que detenga o suspenda su acción. Es la necesidad imperiosa de restablecer el orden, pésele a quien sea.
Los tuvieron, eran suyos, y los dejaron ir
En el caso de las investigaciones sobre los delitos de los Agronitrogenados, de Odebrecht y de todos los escándalos vergonzosos que han tenido que pasar por la industria petrolera, la única que tenemos funcionando, la única ancla de la que nos podemos aferrar para labrar un mejor futuro, pasa algo inaudito.
Los tuvieron, eran suyos, y los dejaron ir, como cualquier patrulla policíaca de rondín de barrio que procura llegar tarde para no actuar en vivo sobre los delincuentes. Todos los expedientes estaban armados, todas las órdenes eran conocidas por la opinión pública, y sin embargo, se actuó con un retraso inexcusable.
Lozoyita, bisnieto del asesino de Pancho Villa
Ancira, un delincuente de siete suelas, tuvo que ser detenido por la Interpol en Mallorca. El Estado tendrá que esperar treinta días para poder hacer efectiva la extradición a México. Un lapso demasiado largo, como prefabricado para que los poderosos cómplices de este truhán puedan mover sus influencias nacionales e incluso internacionales.
Lozoya Austin, el hijo del frustrado salinista, emblema de los Toficos, nieto de Jesús, el gobernador de Chihuahua, y bisnieto de Melitón, el asesino confeso del emblemático Francisco Villa, está escondido y no se sabe dónde. ¿Usted cree?
Por qué no han buscado en su residencia veraniega de Los Hamptons, la costa exclusiva de Nueva York, junto a los millonarios de Wall Street, donde gusta de pasar las vacaciones, o en el rancho chiapaneco de su abogado Javier Coello Trejo… o en Disneylandia, donde comúnmente se esconden los ñoños de este aparato de castas.
La Huacana, una vergüenza que ya no debe pasar
Pero no. Prefieren armar el escándalo y castigarlo en términos de escándalo, que aplicar las indagatorias a secas. Ponen en ridículo al Estado, igual que en La Huacana, donde la población paseante doblegó, en nombre de autodefensas complicitadas con el narcotráfico a un pelotón de soldados que tuvo que rendirse…
… y devolverle las armas que habían incautado horas antes a los facinerosos. Una vergüenza que no debía pasar. Un recato que puede llevarnos a enormidades. Por sus pistolas o por sus chicanas, parece que toca las de ganar a los grupos que se encuentran al margen de la Ley.
El Congreso aprobó protección a los corruptos
Los aparatos de procuración e impartición de justicia no pueden estar sujetos a estas exquisiteces. Peligra la fuerza del Estado. Lo mismo, cuando el inefable huizachero Coello Trejo, defensor de Lozoya, pide amparo, porque nadie le notificó la orden de aprehensión contra su cliente. ¡Hágame usted el refabrón cavor!
Son las modernidades que han querido prevalecer aquí en el rancho grande. Son las normas de protección que los corruptos del pasado inmediato aprobaron en Cámaras del Congreso de la Unión para blindar sus impunidades. Para hacerse inmunes a contracorriente del pueblo.
Son las obras pías que operan en favor de los delincuentes, aún de aquéllos que han atentado contra el patrimonio colectivo, contra la riqueza nacional, contra la historia de este país. Nadie puede estar de acuerdo con esto. Se trata de lo más abominable en términos de la estructura jurídica del país.
¿Y EPN, Videgaray, Salinas, Meade, Romero?
Y así, el Estado que aplaza sus decisiones puede acabar siendo sometido al ridículo. Toda la fuerza que tiene puede reducirse a cenizas. Hasta una bombita casera en el despacho de una senadora del Movimiento Ciudadano puede ser la cola de la serpiente de los grupos facinerosos que se resisten a ser juzgados.
Porque una indagatoria bien conducida de los delitos graves en que incurrieron, entre otros, Lozoya y Ancira para destruir los fertilizantes mexicanos necesarios para la industria agropecuaria y la venta de la soberanía nacional, puede llevar hasta dónde usted se imagine. Todo está plagado e infectado por la corrupción neoliberal.
Los casos de Lozoya y Ancira pueden destapar la caja de Pandora donde aparezcan con nitidez los robos a la Nación de Peña Nieto, Videgaray, Salinas, Meade, Romero Deschamps y toda esa cauda de pitufos que han destazado la credibilidad en el gobierno.
Faltan operadores y abogados del sector público
Pero este régimen está obligado a actuar. Tiene todo para hacerlo, de una manera pronta y expedita, como dice la Constitución. Lo que falta son operadores y abogados del sector público que se atrevan a decirle al Presidente lo que urge y lo que importa, sin subterfugios y sin miedos para abrir la boca en Palacio Nacional.
Lo que pasa es que casi todos los que forman el círculo de hierro de la Cuarta Transformación tienen pavor de ser despedidos. Lo lastimoso es que están exhibiendo al Estado, no sólo al gobierno. Y el Estado, es la obra superior de la cultura, es decir, del hombre sobre el planeta.
El Estado tiene que enseñar de qué está hecho
Cuando el Estado no sirve para encerrar a un grupito de mamarrachos delincuentes, menos podrá servir para defender la soberanía nacional y la independencia del país.
Tiene que enseñar de qué está hecho. Por qué representa el sentir de más de setenta millones de mexicanos que esperan justicia de él. Es la última oportunidad del sistema presidencialista. Si fracasa, fracasaremos todos… y lo peor es que no exista una nueva oportunidad.
Todos dependemos en gran medida de su fuerza, de su eficacia y de su acción oportuna. Todos queremos y exigimos justicia, después de una larga noche de oprobios e indignidades.
¿No cree usted?
Índice Flamígero: Abogado de todas las confianzas de Emilio Lozoya Jr. a su paso por Pemex, lo fue también de Enrique Ochoa Reza cuando éste desmanteló la CFE. Y ahí sigue, asesorando ahora al equipo jurídico de Manuel Bartlett Díaz en la misma Comisión Federal de Electricidad. Se trata de Javier Romo Michaud, quien tuvo participación en ese otro caso de corrupción e ineficacia de la parte jurídica de Petróleos Mexicanos, relativo al litigio internacional que Pemex mantuvo, durante casi cinco lustros, con el consorcio Conproca conformado por la empresa alemana Siemens, A.G. y la coreana SK Engineering & Construction Co. Ltd, por la fallida y costosa reconfiguración de la refinería de Cadereyta. Incluso, Romo Michaud fue denunciado ante la PGR por el entonces diputado Ricardo Monreal Ávila, junto con Marco Antonio De La Peña Sánchez, Araceli Cortés Hernández, Eduardo Solares Soto, Francisco Arturo García Agraz Sánchez, todos funcionarios de la entonces paraestatal a cargo de Lozoyita. La acusación –que, como todas en el sexenio pasado, no prosperó– fue por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades, toda vez que, para pagar al abogado Luis Rubén Esparza Navarro, quien les iba a acercar a dos testigos en el litigio con Comproca, dispusieron indebidamente de un millón quinientos mil pesos. Romo Michaud, incluso, encerró a Esparza Navarro en un despacho del piso 42 de la Torre ubicada en la avenida Marina Nacional. Al final, y aún teniendo la razón, Pemex perdió el litigio con Comproca y de los bolsillos de los contribuyentes salieron 296 millones de dólares para que ambas partes llegaran a un acuerdo. ¿Hubo moche? ¿Qué hace Romo Michaud, un consumado neoliberal, de acuerdo a sus alumnos de la Facultad de Derecho de la UNAM, en la Cuarta Transformación? + + + Y a quien Javier Coello Trejo trata de involucrar en el escándalo de Agronitrogenados –que por supuesto huele a… guano– es a Juan Manuel Carrera Panizzo, un funcionario de la empresa productiva del Estado que tiene fama de incorruptible. Todo por defender al pillastre que es su cliente.
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