Cada vez que la tecnología se vuelve incómoda para el poder, aparece el mismo discurso: hay que regularla. El problema es que casi nunca se regula por las razones correctas, y que en México la regulación avanza a marchas forzadas, en otros lados del mundo ya hay gente marcando la pauta real sobre cómo debería verse una regulación seria de la inteligencia artificial y las redes sociales. Aquí un repaso de por dónde va esa conversación, quién la está liderando de verdad y qué debería importarnos a los que solo queremos usar nuestro celular sin que nos roben nuestra información, nos estafen o nos manipulen.
¿Te acuerdas cuando a las redes sociales alguien las bautizó como “Las benditas redes sociales” Y entonces eran usadas para exhibir las múltiples corruptelas de gobiernos en turno, burlarse de políticos y evidenciar sus fallas con memes, hilos y screenshots? Ahora de repente resulta que ya no son tan benditas y pasaron a ser las ¡malditas redes sociales! Y es necesario regularlas. Qué casualidad. El discurso cambia dependiendo de quién esté del lado incómodo.
Y ahora que se acercan elecciones, la preocupación se dispara porque no vaya a ser que algún candidato de Morena termine protagonizando un deepfake vergonzoso o que salga una parodia con IA que le arruine su imagen de “político impecable”. Ahí sí urge legislar.
Sobre esto ya se había escrito antes. Hay una Iniciativa de Ley para regular la IA que sigue atorada en comisiones del Senado desde hace meses. Muchos la describen como árida, confusa y llena de conceptos ambiguos, que en lugar de proteger derechos, podrían usarse para perseguir periodistas o críticos incómodos.
En pocas palabras hay poca claridad real.
Es claro que en México el debate sigue trabado. En cambio, Dario Amodei, CEO de Anthropic, publicó en junio de 2026 un ensayo que se volvió referencia obligada: “Policy on the AI Exponential”. Ahí plantea algo bastante fuerte advirtiendo que ya no basta con que las empresas de IA sean transparentes, hace falta regulación vinculante de verdad. Propone auditorías obligatorias en cuatro áreas clave: ciberseguridad, riesgo de armas biológicas, pérdida de control de los sistemas y aceleración automatizada de esos mismos riesgos. Asimismo, señala que que los gobiernos deberían poder frenar el lanzamiento de un modelo si resulta peligroso. Viniendo del propio dueño de la tecnología, no es poca cosa.
Y no solo los CEOs están opinando fuerte. El Papa León XIV metió el tema en su primera encíclica, “Magnifica Humanitas”, firmada el 15 de mayo de 2026 donde el mensaje central señala que ninguna tecnología es neutral, porque siempre responde a quién la financia y para qué. A la presentación del documento en el Vaticano fue invitado Christopher Olah, cofundador de Anthropic, lo cual no fue casualidad pues es una señal de que hasta la Iglesia ya está conversando directamente con quienes construyen estos sistemas.
Y después de lo anterior,, llega la iniciativa que anunció la presidenta Claudia Sheinbaum el 30 de junio, donde propone un debate nacional sobre IA y redes sociales que arranca hasta después del 19 de julio, cuando termine el Mundial, para no competir por atención con el futbol. La idea es armar mesas de trabajo con especialistas, académicos, legisladores y sociedad civil, y la presidenta ha repetido que esto no busca censurar ni limitar la libertad de expresión.
Suena bien hablar del uso de pantallas, adicción en niñas y niños, encuestas a mamás y papás sobre celulares en las escuelas, y también sobre abusos sexuales en redes. México podría voltear a ver a países como Francia, Italia o Brasil, que ya restringen el celular en el salón de clases, o a Australia, que directamente prohibió las redes sociales a menores de 16 años. Pero surge la pregunta obligada ¿de qué sirve preguntarse quién controla las plataformas y cómo se concentra ese poder si al final no se traduce en nada concreto para proteger a la gente?
Lo que de verdad serviría es que el gobierno se siente con las grandes tecnológicas para pedirles ayuda real en ciberseguridad a fin de que apoyen a detectar vulnerabilidades en los sistemas del SAT, la SHCP, el Banco de México, los bancos y todo el sistema financiero, en las bases de datos de programas de la Secretaría de Bienestar, y en la nómina de dependencias federales y estatales. Todo esto para blindar la información de la gente y evitar que ciudadanos, empresas y gobierno terminen siendo víctimas de fraudes y extorsiones.
También urge un consejo mixto integrado por tecnológicas, gobierno, sociedad civil y ciudadanía, que revise y evalúe los algoritmos para detectar sesgos que violen derechos humanos, que adopte estándares internacionales vinculantes y que trabaje con organismos similares en otros países. Todo esto sin frenar la innovación, la competencia ni el libre mercado.
Tampoco hace falta inventar el hilo negro con discusiones vacías sobre las ganancias millonarias de las tecnológicas. Sí, generan mucho contenido tan útil como educativo, sirven para la difusión de información valiosa como la que dio a conocer el QS World University Rankings sobre las 10 mejores universidades en México entre las que destacan la UNAM, el Tec de Monterrey, la Universidad Panamericana, el IPN, el ITAM, la Anáhuac, la Ibero y la UAM; además de servir de entretenimiento a millones de personas. Pero también es cierto que esas mismas plataformas pueden usarse para desinformar, estafar, enganchar víctimas de trata o fomentar violencia. Las dos cosas conviven ahí.
El negocio de fondo de estas plataformas siempre ha sido el mismo, pues es bien sabido que la información es terciada a empresas comerciales que crean publicidad y contenido para captar la atención los usuarios de redes sociales. Los algoritmos existen para mostrarte anuncios y contenido según tus gustos, y eso les da un poder económico y de inteligencia sobre la información de miles de millones de personas. Cuando ese poder se mete en política y gobierno, cruzando la línea de lo ético, lo que realmente hace falta no es más ruido regulatorio sino un sistema judicial fuerte e independiente. Uno que, con base en la Constitución, pueda ordenar que se baje contenido, se repare el daño o se indemnice a las víctimas cuando corresponda. Y que también vigile que tecnológicas y gobierno no se pongan de acuerdo para hacer campañas sucias o propaganda disfrazada.
Para eso se necesitan jueces, magistrados y ministros que lleguen ahí por preparación y examen riguroso, no por ganar una elección de popularidad política. Eso sí sería regular en serio.
Lo ideal para impulsar una buena regulación, sería ver alianzas entre tecnológicas, gobierno, universidades y expertos para educar a niñas y niños con contenido claro en redes, formar gente capacitada en desarrollo de algoritmos, creación de contenido y agentes de IA, invertir en infraestructura y hacer crecer el ecosistema de startups mexicanas.
Al final, no se trata de temerle a la inteligencia artificial ni a las redes sociales, sino de regularlas con los pies en la tierra, reconociendo lo que son motores de una economía digital que ya genera empleos, factura impuestos y le ha dado a miles de creadores de contenido, entre ellos, blogueros, youtubers, streamers, la oportunidad de emprender y vivir de su trabajo. Una regulación que no entienda esto corre el riesgo de matar la gallina de los huevos de oro al frenar startups, ahuyentar inversión y empujar el talento mexicano hacia plataformas de otros países.
El ejemplo más reciente de que las reglas del juego pueden cambiar de un día para otro, y de que las restricciones improvisadas tienen costos reales, lo dio el propio gobierno de Estados Unidos. El 12 de junio de 2026, Anthropic tuvo que suspender el acceso a sus modelos más avanzados, Claude Mythos 5 y Claude Fable 5, por una supuesta vulnerabilidad que alguien encontró y entonces el Departamento de Comercio estadounidense ordenó suspender su uso para los extranjeros. Casi tres semanas después, el 30 de junio, ese mismo Departamento levantó las restricciones, y Anthropic restableció el acceso a ambos modelos el 1 de julio. Es decir, dos de los desarrollos de IA más punteros del momento estuvieron fuera de circulación por decisión política, hasta que la propia autoridad reconoció que la restricción ya no tenía razón de ser.
Esa historia deja una lección clara para cualquier país que hoy discuta cómo regular la inteligencia artificial, México incluido, las restricciones reactivas, sin criterios técnicos claros ni continuidad, generan incertidumbre, frenan el desarrollo tecnológico y terminan resolviéndose solas cuando la evidencia demuestra que no había justificación suficiente para imponerlas.
Lo urgente, entonces, no es ponerle freno de mano a la tecnología, sino ponerle semáforos, reglas claras de ciberseguridad, transparencia algorítmica, protección a menores y un sistema judicial capaz de sancionar los abusos, todo sin apagar el motor de una industria que ya genera empleo, impuestos y oportunidades reales para millones de personas, muchas de ellas jóvenes, que hoy viven de crear contenido en internet.
