La inteligencia que le falta a la anticorrupción

A poco más de diez años de la entrada en vigor del marco legal del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y sus leyes secundarias, México se prepara para discutir una nueva reforma en la materia. El paquete anunciado por el Ejecutivo federal para el último trimestre de 2026, cuya presentación formal sigue pendiente, busca fortalecer, principalmente, la participación ciudadana, los procedimientos de investigación y las capacidades institucionales para sancionar la corrupción, incluyendo medidas para evitar la prescripción de determinadas responsabilidades. Si bien estas propuestas atienden a problemas relevantes, también resulta indispensable, primeramente, plantearse lo siguiente: ¿por qué no prevenir lo que aún no sucede e identificar oportunamente lo que sí está ocurriendo? ¿Se está haciendo lo suficiente con los datos, las tecnologías y las capacidades humanas que se han desarrollado durante años para gestionar riesgos y actuar antes de que sus consecuencias sean irreversibles?

Parte de estas respuestas puedes encontrarse en lo que ya se sabe sobre la digitalización gubernamental y sus lecciones aprendidas en México. A nivel internacional, el desarrollo del gobierno electrónico se asocia con menores costos de transacción entre particulares y gobierno, incluyendo, por supuesto, la disminución de la pequeña corrupción (“mordidas”). La premisa es sencilla: digitalizar trámites y servicios permite reducir las interacciones presenciales que generan espacios para sobornar. Bajo esa lógica, México ha avanzado durante más de una década en la construcción de plataformas transaccionales de trámites y servicios de gobierno a ciudadanía. Aunque ello tiene valor, su contribución en el control de la corrupción depende de que la tecnología realmente se dirija hacia los espacios donde es deseable modificar incentivos negativos en los procesos de toma de decisiones gubernamentales.

Al respecto, los datos muestran por qué es necesario considerar y replantear este enfoque. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), mientras la interacción digital con el gobierno ha aumentado, también lo hizo la proporción de personas que experimentó corrupción: entre 2013 y 2025 aumentó casi 30 por ciento. Esto no significa que la digitalización sea ineficaz, sino que su implementación no necesariamente se ha dirigido hacia los espacios donde existen mayores riesgos de corrupción. Un ejemplo de lo anterior, es el contacto con autoridades de seguridad pública. Desde el año 2013, la ENCIG lo identifica como la interacción con mayor incidencia de corrupción y, doce años después, continúa ocupando ese mismo lugar, afectando hoy a casi dos de cada tres personas en México que tienen contacto con este tipo de autoridades.

Algunas experiencias locales invitan a reflexionar a los hacedores e implementadores de política pública sobre prácticas exitosas que combinan eficientemente la evidencia y la tecnología para intervenir sobre riesgos ya conocidos. En Ciudad Juárez, por ejemplo, una investigación de LAB-CO (2023) encontró indicios de una menor incidencia de corrupción reportada tras la incorporación de cámaras corporales entre agentes de tránsito, en línea con evidencia internacional recopilada por el BID (2024). Sin duda, esta práctica representa un modelo de lo que implica digitalizar con inteligencia: aprovechar el conocimiento existente para dirigir estratégicamente la tecnología no sólo a reducir las oportunidades para la corrupción, sino también, a hacer trazables y auditables las interacciones que permanecen, facilitando así su monitoreo y evaluación.

Esta misma lógica también puede aplicarse hacia las actividades y decisiones del propio gobierno. Es decir, así como una cámara corporal permite documentar una interacción con alto riesgo de corrupción, la digitalización de la actividad pública también ha generado millones de registros sobre contrataciones, proveedores, patrimonio de personas servidoras públicas y vínculos empresariales que pueden ser utilizados con inteligencia. Al respecto, aunque estos datos, por sí solos, no revelan hechos de corrupción, al conectarlos y analizarlos pueden identificarse patrones de riesgo que difícilmente serían visibles de manera aislada. Dado que buena parte de esta información ya existe y se genera en México, el desafío no consiste necesariamente en desarrollar nuevas tecnologías, sino en ordenar los datos, mejorar su calidad, integrarlos y accionarlos para que las autoridades puedan actuar oportunamente.

Sobre este punto, México ya cuenta con una experiencia que demuestra el potencial de este enfoque y que podría replicarse a un costo relativamente bajo, incluso en otros países. Desde el año 2019, opera la Plataforma Digital Nacional (PDN) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), cuya Unidad tuve oportunidad de dirigir junto con un equipo profesional y comprometido. Sus resultados son particularmente relevantes porque se obtuvieron con recursos limitados y, sobre todo, con una fracción de la información que debería alimentara esta infraestructura. Aún así, los activos públicos disponibles permitieron desarrollar una herramienta tecnológica a partir de una pregunta sencilla: ¿qué ocurre cuando una persona servidora pública tiene intereses en una empresa que, al mismo tiempo, contrata con el gobierno? Para responderla no fue necesaria una Inteligencia Artificial (IA) sofisticada, sino inteligencia humana para formular las preguntas adecuadas, identificar qué información debe cruzarse y convertir los resultados en conocimiento útil, esto es, inteligencia anticorrupción.

Los resultados de esta herramienta se documentaron en el Informe sobre el análisis del cruce de datos entre los Sistemas 1, 2 y 6 de la Plataforma Digital Nacional en materia de contrataciones públicas (2024), el cual señala posibles irregularidades asociadas con conflictos de interés, cohecho o tráfico de influencias. Ante las reformas anticorrupción anunciadas para este periodo legislativo, las experiencias de Ciudad Juárez y la PDN ofrecen una oportunidad para repensar la política anticorrupción también como una política tecnológica guiada por inteligencia humana: automatizar donde convenga, hacer trazables las interacciones que deban permanecer, conectar información y utilizar tecnología para mejorar la detección de patrones, generar alertas y llevar las capacidades humanas de análisis a mayor escala.

No obstante, reconocer que la inteligencia humana debe guiar la tecnología no significa que sea deseable que intervenga en cada etapa del ciclo anticorrupción. El caso de la PDN permite observar precisamente esta paradoja. Los hallazgos del Informe citado fueron entregados al Comité Coordinador del SNA el 7 de febrero de 2025 y, hasta donde existe constancia pública, no se conoce una respuesta institucional sobre su seguimiento. Si una alerta puede quedar detenida por falta de voluntad o capacidad gubernamentales para actuar, el factor humano vuelve a convertirse en parte del riesgo que se intentaba controlar desde el inicio. La pregunta anticorrupción, entonces, no será sólo dónde utilizar la tecnología o IA, sino dónde la intervención humana es indispensable y agrega valor y dónde conviene limitarla e incluso automatizarla para generar resultados anticorrupción.

Nancy Camacho Díaz es especialista en políticas públicas, anticorrupción, integridad y gobernanza digital, con más de 12 años de experiencia en el sector público, la investigación y la cooperación internacional. Es maestra en Políticas Públicas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y en Estudios Anticorrupción y Compliance por la International Anti-Corruption Academy (IACA). Fue titular de la Unidad de la Plataforma Digital Nacional del Sistema Nacional Anticorrupción, desde donde impulsó el uso estratégico de datos y tecnologías para la prevención y detección de riesgos de corrupción. Su trayectoria profesional se ha extendido hacia los ámbitos de seguridad e inteligencia estratégica, integrando el análisis de riesgos, la gestión de información y la coordinación interinstitucional. Ha participado en proyectos de investigación, consultoría y cooperación internacional, así como en actividades académicas, docentes y de divulgación sobre políticas públicas, integridad y fortalecimiento institucional.