POR FERNANDO PESCADOR GUZMÁN.
A pesar de las apariencias, el proyecto de implementar una reforma electoral tiene su origen político y simbólico en el paquete de reformas constitucionales presentado por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador en febrero de 2024.
En su discurso de toma de protesta el 1° de octubre de 2024, Claudia Sheinbaum, asume la Presidencia con la promesa explícita de retomar y “perfeccionar” la agenda electoral que López Obrador no logró concretar. Esta narrativa de “continuidad corregida” será el marco discursivo de todo el proceso posterior.
Aunque la iniciativa formal aparece hasta 2025, la reforma electoral se presenta desde el inicio como parte del “mandato popular” del llamado “Plan C”: mayoría legislativa para transformar instituciones clave, entre ellas el INE y el sistema de representación.
El 4 de agosto de 2025 se publica el decreto que crea la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, con el mandato de organizar una “consulta amplia y formular una propuesta de reforma”.
El plazo que corre del 5 al 19 de agosto de 2025 sirve para la instalación formal de la Comisión, que queda encabezada por Pablo Gómez Álvarez, un viejo militante de la izquierda que utilizó sistemáticamente la representación proporcional para ser Diputado federal, local y Senador durante décadas.
Sin embargo, aún antes de que la comisión iniciara formalmente sus trabajos la presidenta Sheinbaum marcó la agenda cuando el 11 de agosto de 2025 destaca los siguientes ejes.
Reducción de costos electorales, tanto de la organización de elecciones como el financiamiento de los partidos políticos.
Revisión del modelo de representación, con énfasis en la posible eliminación o sustitución de las listas plurinominales. En este punto se consolida la narrativa de que “nadie vota por los plurinominales”, discurso que ha permeado en diversos sectores sociales a pesar de su falsedad. Los votantes como usted y como yo, cuando no gana el candidato por el cual sufragamos, los votos se llevan a una gran bolsa por circunscripción electoral y según su número se asigna a listas presentadas por los partidos políticos y preaprobadas por la autoridad electoral. Es una suerte de “elección indirecta”.
Los argumentos sobre si las dirigencias partidistas tienen un manejo altamente discrecional sobre los nombres y lugar en cada lista es válido y, en efecto, acepta un debate democrático. Porque razón la narrativa gubernamental ignoró estos hechos quizás sea para mantener una narrativa sencilla y fácil de reproducir, y/ o evitar tensiones dentro del propio partido.
Reconfiguración del INE y de la forma de elección y regulación de sus consejeros. Al observador avezado le brinca esta línea de acción en vista que ya el INE se encuentra totalmente “colonizado” por el régimen y en realidad sale sobrando el esfuerzo. A menos que no se busque una mera “colonización” sino control directo desde el Ejecutivo federal.
Mayor coordinación con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), ante lo que el gobierno califica como “extralimitaciones” del INE en procesos recientes. El tema puede tener su origen en la reforma electoral de 2014 cuando al instituto se le encomendaron mayores facultades de promoción de la democracia. Desde entonces ha sido cuestión recurrente que el Tribunal le eche abajo diversas decisiones a los integrantes del Consejo General.
Consulta ciudadana amplia, con participación de ciudadanía, organizaciones sociales, partidos, comunidades indígenas, académicos, migrantes y especialistas. Cuestiones de democracia directa que, por definición, trascienden la esfera de intereses de los partidos políticos tradicionales. Quizás sea este el punto fino de la reforma porque en los hechos democratizaría la vida interna de los partidos, rompiendo o debilitando la “Ley de Hierro” de las oligarquías de las que habló Robert Michels. Punto muy delicado en vista que afectaría al propio constructo conocido como MORENA.
El encargo del menudo paquete recayó sobre los integrantes de la comisión: Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación; José Peña Merino, Titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones; originalmente estaba Ernestina Godoy Ramos en su calidad de Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal de México, siendo sustituida por Esthela Damián Peralta; Lázaro Cárdenas Batel, Jefe de Oficina la Presidencia; Jesús Ramírez Cuevas, Ahora coordinador de asesores de la Presidencia; y, Arturo Zaldívar, coordinador general de Política y Gobierno de la Oficina de la Presidencia de la República.
Como puede observarse, la “comisión presidencial” omitió desde su diseño y anuncio la participación, ni siquiera como “observadores” o “invitados”, a los poderes Legislativo o Judicial, ni del INE o el TEPJF. Mucho menos hubo un lugar para los regulados, es decir, los propios partidos políticos.
A su vez, resalta el carácter de continuidad con la lógica de que se trata de una “reforma estructural” al sistema electoral, visión heredada de la administración anterior, y no de un reclamo específico de sector social alguno. Es decir, se trata de una reforma “top down” en la que las élites prescriben “lo que se debe hacer” y que el resto de la sociedad se ajuste.
Un tema que de repente hizo su aparición fue el empate entre las elecciones intermedias de 2027 y la Consulta de revocación de mandato constitucionalmente calendarizado para 2028. Queda la impresión que a la idea original de reforma se fueron añadiendo elementos coyunturales, o quizás meras ocurrencias, a lo largo del proceso.
En el período agosto–septiembre de 2025 la Comisión Presidencial anuncia que la consulta se realizará mediante una plataforma digital oficial para recibir opiniones y propuestas. También se anuncian audiencias públicas con organizaciones sociales, partidos y especialistas, “debates y foros” en la Ciudad de México y otras entidades y una “inclusión explícita de comunidades indígenas, migrantes, académicos y centros de investigación”.
22 de septiembre de 2025, la Presidencia de la República publica un comunicado en el destaca que, “Luego de consultas públicas al pueblo de México, propuesta de Reforma Electoral será enviada al Congreso en enero”, donde la presidenta Sheinbaum detalla el calendario. A partir de septiembre y hasta diciembre 2025 se realizarían los foros de consulta en todo el país, coordinados por la comisión presidencial.
Para enero de 2026 se esperaba el envío de la propuesta de reforma electoral al Congreso de la Unión, una vez sistematizados los resultados de la consulta.
En el comunicado del 22 de septiembre se informó que para esa fecha “Ya se han realizado cuatro foros en la Ciudad de México.” Otro dato de interés es que el micrositio reformaelectoral.gob.mx registra más de 10,800 visitas en sus primeras semanas. Es decir, el interés por la reforma electoral no resultó ser un tema de desbordado interés cívico.
En todo este proceso destacamos dos temas centrales. Primero, que la estrategia central del gobierno ha buscado enmarcar la reforma en tres vectores discursivos.
Como una continuidad del proyecto de López Obrador (“heredar y perfeccionar” la agenda electoral), una corrección técnica de un sistema “costoso” y “extralimitado” en sus órganos (particularmente el INE) y un cumplimiento de un mandato popular derivado del “Plan C” y de la mayoría legislativa obtenida en las urnas.
A este marco comunicacional se estaría buscando la neutralización de dos críticas previsibles. Por un lado, que se trata de una reforma “personalista” o “revanchista” contra el INE y que no existe demanda social suficiente para una nueva reforma electoral.
Al presentarla como heredada, perfeccionada y mandatada por el pueblo, el gobierno intenta blindar la iniciativa frente a acusaciones de improvisación o capricho político.
Así la consulta ciudadana de la “comisión presidencial” cumple una doble función comunicativa. Por un lado, es un esfuerzo de “legitimación democrática” ya que la narrativa oficial insiste en que “se escuchará a todos” y que la iniciativa se construirá a partir de foros, encuestas y participación digital. Esto permite al gobierno presentarse como abierto, incluyente y dialogante, en contraste con la imagen de “imposición” que acompañó al “Plan B” de la administración anterior.
Por otro lado, vemos una función de gestión de conflicto. Es decir, al extender el proceso de septiembre a diciembre de 2025 y posponer el envío de la iniciativa a enero de 2026, el gobierno buscó descomprimir el conflicto con actores críticos (INE, oposición, organizaciones civiles). La consulta funcionó como colchón temporal, ya que mientras se discutía en foros, se esperaba que se diluyera la percepción de una ofensiva inmediata contra el árbitro electoral.
Sin embargo, es aquí en donde la estrategia gubernamental falló de manera notoria. No fue la oposición quién presentó la resistencia más estridente. Fueron los aliados, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM) quienes han encarado abiertamente el proyecto, específicamente en lo concerniente al sistema de representación proporcional. Ironías de la vida que dos partidos que han vivido y crecido al amparo de la adjudicación de votos por la vía plurinominal han pintado una línea roja al gobierno de la presidenta Sheinbaum.
¿Será verdad aquello que toda revolución termina por devorar a sus hijos?
SAGRADAS ESCRITURAS. Ezequiel 20:23-27
También les alcé yo mi mano en el desierto, jurando que los esparciría entre las naciones, y que los dispersaría por las tierras, porque no pusieron por obra mis decretos, sino que desecharon mis estatutos y profanaron mis días de reposo, y tras los ídolos de sus padres se les fueron los ojos.
Por eso yo también les di estatutos que no eran buenos, y decretos por los cuales no podrían vivir. Y los contaminé en sus ofrendas cuando hacían pasar por el fuego a todo primogénito, para desolarlos y hacerles saber que yo soy Jehová.
Por tanto, hijo de hombre, habla a la casa de Israel, y diles: Así ha dicho Jehová el Señor: Aun en esto me afrentaron vuestros padres cuando cometieron rebelión contra mí.
