Por Alejandra Del Río
Durante años, el gobierno de MORENA creyó que podía administrar la relación con los cárteles mexicanos como un problema exclusivamente interno. Bajo la cómoda consigna de López Obrador de “abrazos, no balazos” que no fué otra cosa que un pacto con los carteles a cambio de apoyo económico para las campañas, dejó crecer organizaciones criminales que hoy poseen territorios, armamento, estructuras financieras, redes internacionales y una capacidad de fuego capaz de desafiar al propio Estado.
Pero el mundo cambió y Estados Unidos también modificó las reglas del juego, la decisión del presidente Donald Trump de considerar a los principales cárteles mexicanos como organizaciones terroristas y ordenar al Pentágono preparar opciones para utilizar la fuerza militar en su contra representa un punto de quiebre. No significa, al menos todavía, que las fuerzas estadounidenses tengan autorización automática para entrar a territorio mexicano. Sí significa que Washington dejó de ver a estas organizaciones únicamente como grupos dedicados al narcotráfico y comenzó a tratarlas como amenazas a su seguridad nacional.
La diferencia no es menor, cuando un país considera que una organización extranjera constituye una amenaza directa contra su población, sus fronteras y su seguridad, amplía considerablemente las herramientas políticas, financieras, judiciales, de inteligencia y eventualmente militares que puede emplear para combatirla.
La pregunta que debería preocupar a Palacio Nacional no es solamente si Estados Unidos puede intervenir en México. La pregunta verdaderamente incómoda es: ¿qué hizo el gobierno mexicano para permitir que la amenaza llegara hasta este punto?
La presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado que México no aceptará invasiones ni intervenciones extranjeras. En eso debemos coincidir todos. La soberanía nacional no es patrimonio de MORENA ni una consigna para utilizar desde la tribuna; es un principio constitucional que debe defenderse.
Pero la soberanía no se protege cerrando los ojos, tampoco se defiende pronunciando discursos mientras extensas regiones del país permanecen sometidas al crimen organizado. Un Estado que no puede garantizar la seguridad de su población, controlar completamente su territorio ni investigar con independencia las posibles redes de protección política del narcotráfico termina debilitando, por omisión, la misma soberanía que presume defender.
Sinaloa es probablemente el ejemplo más doloroso, durante mas de 2 años ya, su población ha vivido atrapada entre enfrentamientos, asesinatos, desapariciones, bloqueos y pérdidas económicas. Familias enteras han modificado su vida cotidiana por miedo, mientras empresarios, comerciantes y trabajadores pagan las consecuencias de una guerra criminal que las autoridades no lograron contener.
Al mismo tiempo, distintos personajes políticos de alto nivel como el ex Gobernador Rocha Moya o el Senador Insunza de MORENA han sido objeto de señalamientos públicos sobre presuntos vínculos, protección o cercanía con grupos criminales. Señalamientos no equivalen a sentencias y nadie debe ser declarado culpable sin pruebas ni debido proceso. Pero precisamente por su gravedad, tampoco pueden ser desechados mediante mañaneras, descalificaciones contra la prensa o defensas partidistas anticipadas, en una democracia seria se investiga, en México se exonera por amiguismos y compadrazgos.
El gobierno mexicano no puede exigir respeto internacional mientras se niega a despejar las sospechas que existen dentro de sus propias filas. Mucho menos puede convertir la soberanía en un escudo para proteger políticamente a funcionarios o exfuncionarios que deben explicar sus actuaciones ante las autoridades.
La defensa automática de los gobernantes emanados de MORENA, particularmente frente a la crisis de Sinaloa, tiene ahora consecuencias que rebasan la política nacional. Si Estados Unidos concluye que las autoridades mexicanas no quieren o no pueden actuar contra determinadas estructuras criminales, aumentará la presión para realizar operaciones de inteligencia, imponer sanciones, bloquear activos, perseguir redes financieras, cancelar visas y solicitar extradiciones.
También crecerá la tentación de Washington de actuar unilateralmente, ese es el verdadero peligro, una operación militar estadounidense dentro de México sin autorización de nuestro gobierno representaría una violación gravísima de la soberanía y podría desencadenar una crisis diplomática de dimensiones históricas. Además, abriría interrogantes sobre víctimas civiles, responsabilidades internacionales y los límites legales del poder presidencial estadounidense.
Sin embargo, el gobierno de Sheinbaum cometería un error si reduce el problema a una confrontación discursiva con Trump. No basta con decir “México no se arrodilla”. Es indispensable demostrar que México sí puede perseguir a los cárteles, recuperar su territorio, combatir el lavado de dinero y romper cualquier red de complicidad política que les permita operar.
La soberanía no consiste en permitir que los criminales gobiernen para después indignarse porque otro país amenaza con combatirlos, se ejerce con instituciones fuertes, policías profesionales, fiscalías independientes, inteligencia financiera, control territorial y gobiernos dispuestos a investigar a los suyos, aunque lleven la misma sucia camiseta partidista.
Donald Trump ha colocado sobre la mesa una amenaza que debe tomarse con enorme seriedad. Su estrategia puede ser cuestionable y jurídicamente controvertida, pero encuentra terreno fértil en la incapacidad acumulada del Estado mexicano para enfrentar con decisión a los grupos criminales.
México debe rechazar cualquier intervención unilateral, pero también debe abandonar la simulación. Porque no puede reclamarse soberanía frente al extranjero mientras se tolera la pérdida de soberanía frente al narcotráfico.
Y si el gobierno continúa protegiendo políticamente a quienes deben ser investigados, llegará el momento en que sus discursos patrióticos ya no podrán ocultar una realidad devastadora: que fueron los cárteles, y no Estados Unidos, los primeros en violar nuestro territorio, someter comunidades y desafiar al Estado.
La soberanía se defiende, sí, pero se defiende empezando por casa y no es un slogan de campaña, hace ya mas de un mes que el Presidente Trump autorizó el uso de la fuerza y la participación de inteligencia y del ejército en la persecución de las “Organizaciones terroristas” entre ellas los carteles mexicanos, los Morenistas aprovecharon la declaratoria para reencausar sus bien anticipadas campañas al rededor de la “Soberanía Nacional” les cayo como anillo al dedo tener un tema indiscutible en el que la mayoría de los mexicanos estuvieran de acuerdo, con lo que no contaron fué con la posibilidad de una intervención real, no es lo mismo la retórica que la acción y hoy su campaña nos puede salir muy cara a los mexicanos, por que el Presidente norteamericano no responde usualmente con amabilidad a los desafíos y el envalentonamiento de los políticos Morenistas para ganar votos, no esta siendo visto con buenos ojos en Washington.
