La violencia criminal acecha a los municipios rumbo a 2027

Arturo Marín Acevedo se convirtió en la primera víctima mortal vinculada con el proceso electoral de 2027. El aspirante a la alcaldía de Cuajinicuilapa, Guerrero, fue asesinado el sábado 17 de octubre en calles del centro del municipio.

Marín Acevedo conducía su camioneta cuando dos hombres armados que viajaban en un automóvil se emparejaron y le dispararon a corta distancia. Murió en el lugar, mientras que su esposa resultó gravemente herida; los agresores huyeron. La Fiscalía del Estado informó que investiga el caso.

El político buscaba la coordinación municipal de defensa de la transformación, el proceso interno de Morena para seleccionar candidaturas. Su asesinato ocurre antes de unos comicios en los que se renovarán 17 gubernaturas, 2 mil 230 ayuntamientos y mil 98 diputaciones locales.

La violencia política se concentra especialmente en los municipios, donde el crimen organizado ha recurrido a la cooptación de partidos y candidatos, el financiamiento de campañas, la extorsión, las amenazas, el secuestro, las lesiones y el asesinato.

En lo que va de la administración de Claudia Sheinbaum han sido asesinados 13 presidentes municipales: nueve durante el primer año del gobierno y otros tres después del homicidio de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, ocurrido el 1 de noviembre del año pasado durante las celebraciones del Día de Muertos.

Los homicidios de ediles mantienen una tendencia registrada desde el inicio de la llamada guerra contra el narco. Según la Asociación Nacional de Alcaldes, 47 presidentes municipales fueron asesinados durante el gobierno de Felipe Calderón y 42 en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Data Cívica documentó 23 alcaldes en funciones y tres electos asesinados durante la administración de Andrés Manuel López Obrador. En dos décadas, suman 128 ediles asesinados.

Los ataques contra aspirantes también crecieron en procesos recientes. El Instituto Nacional Electoral registró 30 asesinatos de aspirantes, precandidatos y candidatos en 2021; 28 de las víctimas buscaban una regiduría o una presidencia municipal. En 2024 fueron asesinadas 36 personas durante los nueve meses del proceso electoral, entre ellas 25 aspirantes a una alcaldía, cinco a una regiduría y dos a una sindicatura.

Entre los casos de 2024 estuvieron el asesinato de Gisela Gaytán, candidata de Morena a la alcaldía de Celaya, así como los homicidios de Israel Delgado, candidato del PT a síndico municipal en Cuitzeo, Michoacán; Atenógenes Baños, candidato ganador a la presidencia municipal de Santo Domingo Armenta, Oaxaca, y Salvador Villalba, alcalde electo de Copala, Guerrero.

Organizaciones y especialistas advierten que la violencia podría intensificarse rumbo a 2027, cuando estarán en disputa 2 mil 230 alcaldías y 17 mil 170 regidurías, sindicaturas y concejalías. Mónica Meltis, directora de Data Cívica, señaló que los ataques no se limitan a las campañas, sino que también buscan mantener un control permanente de los territorios.

La consultoría Integralia identificó como riesgos la intervención del crimen organizado, la violencia política y el financiamiento ilegal de campañas. Además, señaló que los ataques contra candidatos y funcionarios se intensifican antes de los comicios y permiten conservar el control territorial, en particular en el corredor del Pacífico, donde se elegirán ocho gubernaturas: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Colima, Nayarit, Michoacán y Guerrero.

La reforma político-electoral propuesta por Sheinbaum en enero no contemplaba medidas contra la violencia política y no fue aprobada por la resistencia de los aliados de Morena, el Partido Verde y el PT. Posteriormente, el Congreso aprobó una reforma para crear una Comisión de Integridad del INE, mediante la cual el gabinete de seguridad podrá evaluar los antecedentes de los candidatos; sin embargo, la medida fue considerada insuficiente para frenar los ataques y la injerencia criminal en las elecciones.