Por Alejandra Del Río
Las comunidades rurales de México enfrentan una crisis de seguridad sin precedentes. Lo que antes eran territorios caracterizados por la tranquilidad y la vida comunitaria, se han convertido en escenarios de violencia donde grupos criminales organizados, principalmente vinculados al narcotráfico, han establecido un control territorial que desafía la autoridad del Estado mexicano.
El campo mexicano, históricamente olvidado por las políticas públicas de seguridad, vive hoy una realidad que contrasta dramáticamente con la imagen bucólica que muchos conservan de estas regiones. Las cifras oficiales revelan una tendencia alarmante que ha transformado la vida cotidiana de millones de mexicanos que habitan en zonas rurales.
Las zonas rurales de estados como Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Tabasco, Michoacán, Sinaloa, entre otros muchos más, enfrentan desafíos particulares en el registro y seguimiento de delitos. La lejanía de las comunidades, la limitada presencia de autoridades y la desconfianza hacia las instituciones gubernamentales generan un subregistro significativo que oculta la verdadera magnitud del problema.
El narcotráfico ha encontrado en las zonas rurales un territorio estratégico para sus operaciones. Estas regiones ofrecen ventajas logísticas evidentes: amplios territorios con poca vigilancia gubernamental, rutas de comunicación terrestre hacia Estados Unidos, y comunidades con limitados recursos económicos que pueden ser cooptadas o intimidadas.
Los grupos criminales han desarrollado sofisticados mecanismos de control territorial que van más allá de la simple presencia armada. Establecen sistemas de cobro de piso a productores agrícolas, controlan rutas de transporte de mercancías legales e ilegales, y en muchos casos, sustituyen la función del Estado en la resolución de conflictos locales. Esta sustitución del poder estatal genera una dinámica compleja donde las comunidades rurales se encuentran atrapadas entre la ausencia del gobierno y la presencia de grupos criminales que, en ocasiones, proporcionan cierta estabilidad local a cambio de sumisión y silencio.
Los Delitos que Aterrorizan al Campo Mexicano:
Los homicidios, que son la expresión mas brutal de la violencia en zonas rurales presentan características distintivas que reflejan la naturaleza del control criminal en estos territorios. A diferencia de los centros urbanos, donde la violencia puede estar más asociada a conflictos interpersonales o delincuencia común, en el campo los asesinatos frecuentemente están vinculados a disputas territoriales entre grupos criminales, el castigo por resistencia al control criminal o la participación activa en sus actividades, o la eliminación de testigos.
Las víctimas incluyen desde líderes comunitarios que se oponen a la presencia criminal, hasta productores que se niegan a pagar extorsiones, pasando por jóvenes que son forzados a integrarse a las organizaciones criminales o eliminados si se resisten.
El secuestro en zonas rurales ha evolucionado como una herramienta multifuncional para los grupos criminales. No solo representa una fuente de ingresos directos a través del pago de rescates, sino que funciona como mecanismo de control social y territorial.
Los ganaderos, comerciantes rurales y productores agrícolas exitosos se han convertido en objetivos preferenciales. El impacto trasciende a las víctimas directas, generando un clima de terror que modifica los patrones de vida comunitaria. Muchas familias rurales han abandonado sus actividades económicas tradicionales o han emigrado hacia centros urbanos buscando seguridad.
Las violaciones y otros delitos sexuales en zonas rurales enfrentan barreras adicionales para su denuncia y persecución. Las estructuras patriarcales tradicionales, combinadas con la ausencia de instituciones de justicia accesibles, crean un ambiente de impunidad que los grupos criminales explotan sistemáticamente.
Las mujeres y menores de edad en comunidades rurales enfrentan múltiples vulnerabilidades. La violencia sexual se utiliza como herramienta de control, castigo y terror, afectando no solo a las víctimas directas sino al tejido social completo de las comunidades. En México la impunidad prevalece, con solo una persona encarcelada por cada 157 delitos sexuales cometidos, Estos datos solo en los casos que son denunciados.
La situación de violencia en el campo mexicano no puede entenderse sin analizar el papel del Estado en la generación y perpetuación de estas condiciones. El abandono histórico de las zonas rurales ha creado vacíos de poder que los grupos criminales han aprovechado estratégicamente.
La ausencia de inversión en infraestructura de seguridad, la falta de presencia policial regular, y la carencia de instituciones de justicia accesibles han generado territorios donde la ley del Estado mexicano simplemente no opera. En este contexto, los grupos criminales no solo llenan un vacío de poder, sino que establecen sus propias reglas y sistemas de autoridad.
La corrupción de autoridades locales agrava significativamente esta situación. Presidentes municipales, policías locales y otros funcionarios públicos frecuentemente establecen acuerdos con grupos criminales, ya sea por conveniencia económica o por supervivencia. Esta cooptación institucional perpetúa y legitima el control criminal del territorio.
Pero no dejemos este documento en estadísticas frías, les doy el ejemplo de la violencia que ha sufrido una sola familia mexicana, en los últimos 2 años en el municipio de Mazatlán Villa de Flores, Oaxaca, la historia del 2023 al 2025 de una mujer trabajadora del campo de esa comunidad, cuyo nombre me reservo. A finales del 2023 su hija de 16 años fue secuestrada y violada, tuvo la suerte de encontrarla con vida y conocio la identidad del violador, denunció y no pudo hacer nada, decidió salir de la comunidad con su hija y venirse a trabajar a la Ciudad de México, dejando allá a gran parte de su familia, a principios de este año, su hermano que trabajaba como chofer de un político local, murio asesinado en una emboscada que el crimen organizado puso a dicho político, dejando 2 niños pequeños desamparados, hace unos días secuestraron a su sobrina de 13 años, hija de un primo que se negó a ser parte de la delicuencia organizada de la localidad, hoy recibió la terrible noticia de que la niña de 13 años acaba de ser encontrada muerta y que fue victima de múltiples violaciones antes de morir, su caso inspiro mi artículo de hoy, por que estoy profundamente indignada al ver a esta mujer moralmente abatida, en el completo convencimiento de que los perpetradores del feminicidio y violación de su sobrina, saldrán impunes nuevamente.
La violencia en el campo mexicano representa uno de los desafíos más complejos que enfrenta el país. Es necesario dejar la retórica y empezar a tomar cartas en el asunto, reconstruir la presencia del Estado en territorios abandonados, generar oportunidades económicas legales, fortalecer las instituciones de justicia, y atender las causas estructurales que han permitido el florecimiento del crimen organizado en estas regiones.
Las comunidades rurales mexicanas, depositarias de tradiciones culturales milenarias y pilares de la seguridad alimentaria nacional, merecen vivir en paz y desarrollar su potencial sin la amenaza constante de la violencia criminal. Su futuro está íntimamente ligado al futuro del país, y su pacificación representa una prioridad nacional que no puede postergarse.
La estadística fría de los números debe transformarse en políticas públicas efectivas que devuelvan la esperanza a millones de mexicanos que han convertido el campo en su hogar, y que tienen el derecho fundamental de vivir sin miedo en su propia tierra.
