Desde los inicios de la Cuarta Transformación de la Nación, la Fiscalía General de la República apareció como la institución más afectada por la corrupción de la etapa del neoliberalismo, dado a su tradicional subordinación al poder que siempre ha ejercido la narcopolítica en dicha Representación Social. La designación por voto del pueblo a favor de Andrés Manuel López Obrador para ejercer como Presidente de México, no modificó y quizá no modificará en lo esencial ese desleal comportamiento.
Alejandro Gertz Manero y su infinidad de incondicionales e indeseables son los más tenaces enemigos de la honorabilidad, la libertad, la dignidad y la independencia que exige la procuración de justicia en ésta Nación. Esa caterva sólo refuerza la imagen de agentes del ministerio público corruptos, miembros de un poder burocrático y represivo. Cuando lo que se exige básicamente, en ésta etapa de transición lo es una independencia de la justicia frente al poder del narcotráfico.
El resultado en éste inicio del 2022 ha sido y lo es, que sigue persistiendo en la realidad jurídica y política la imagen de un Fiscal General de la República detentador de una potestad derivada de la narcopolítica de índole represivo, tendiente a la persecución y castigo de quienes no piensan y actúan como ellos, lo cuál contraviene a lo que la Constitución resalta como función imprescindible en una sociedad democrática.
El Fiscal General de la República, con su confuso actuar piensa que lex y faex son lo mismo, cuando lo cierto es que hay una gran diferencia lex es el derecho auténtico y faex es el estiércol. A dichos ministriles de justicia ésta mezcla no les resulta absurda. En nombre, claro es, de ser eficaces para no combatir a la delincuencia del poder.
Estas líneas y éste espacio resultarían interminables para analizar y valorar los yerros, equivocaciones, pifias, inexactitudes, engaños y falsedades en la aplicación de la ley por parte de esa institución y de ese tal fiscal, ahora protector de la delincuencia, sus desventuras son múltiples. Para quien esto escribe sí le resulta interesante destacar lo que debería de ser, según los cánones democráticos, el derecho y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se trata, en éste momento de tinieblas para la justicia, de adoptar la única posición razonable, lógica y cuerda, aplicar con honorabilidad y saber los dispositivos contenidos en nuestra Carta Magna.
Hay que utilizar la lex y no la faex, con el objeto de profundizar en la democracia, para con ello corregir las desigualdades y desviaciones de los principios torales de nuestro Pacto Federal.
Para ello sería indispensable que Alejandro Gertz Manero no se confundiera y supiera que lo que México requiere, que lo que la justicia necesita es una verdadera policía a las ordenes exclusivas del ministerio público. En definitiva la República Mexicana exige una verdadera policía de indagación, para proveer justicia, no una justicia policial dependiente de una Guardia Nacional.
El ministerio público requiere sacudirse de ese nefasto poder narcopolítico que únicamente lo ha degradado, con ello se eliminará la ignorancia y confusión que pervive en ese muy controvertido sujeto.
Es cuanto.
Lic. Alberto Woolrich Ortíz.
Presidente de la Academia de Derecho
Penal del Colegio de Abogados de México, A.C..
