En el lenguaje ordinario de la abogacía independiente de la Nación, se utiliza de manera constante la palabra “justicia” como sinónimo de “igualdad”; igualdad de trato y sin preferencias económicas. “Igualdad” se toma entonces en el sentido de equidad. Justicia es la equidad referida a la conducta y ética que deben regir a las togas que procuran e imparten justicia.
Por ello esas togas independientes estiman a la justicia como una condición del carácter objetivo de los valores morales que deben de poseer fiscales, agentes del ministerio público, jueces, magistrados y hasta ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo expuesto es digno de ser deseado por todos los que forman parte del entorno de justicia.
Esto es, al parecer de la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, la razón del paralelo que cotidianamente debe establecerse entre “verdad” y “justicia”.
En el dominio de las leyes y de la razón, una causa es verdadera cuando es conforme a la realidad jurídica; constitucionalmente esa es una garantía de adecuación en la que la abogacía fundamenta en razones válidas sus pretensiones y por ello aquellas togas que dicen procurar e impartir justicia no pueden ni deben aducir verborrea jurídica inadecuada e inmoral para controvertirlas.
Para conocimiento de ciertas togas de corrupción e ignorancia en la interpretación de la ley, las valoraciones deben de ser justas cuando se conforman a la realidad jurídica; esa es la garantía que le otorga el Pacto Federal a los litigantes, a los mexicanos, en la que se hace valer la igualdad al justipreciable, a la víctima, al desvalido, al carente de peculio.
Lamentablemente esos términos se olvidan aplicar en controversias donde la contraparte posee un poder económico y/o político y esos ignorantes que procuran e imparten justicia prefieren corromper el valor de la moral y de la ley, inclinando la balanza a favor de la corrupción.
Para togas de indignidad del segundo piso de la Cuarta Transformación de la Nación no debe de perderse de vista el pensar de los postulantes. La justicia debe de reconocer el daño sufrido por el pueblo a consecuencia de la corrupción y de aquellas incorrectas interpretaciones que se efectúan a la ley y ello se debe de reparar aplicando una justicia distributiva, dándole a cada quien lo que le corresponde. Evitando aquella justicia selectiva que lamentablemente hasta la fecha imparte el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.
Es cuánto.
Lic. Alberto Woolrich Ortíz.
Presidente de la Academia de Derecho Penal
del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C..
