* Mientras habitantes de colonias o poblados deciden hacer justicia por mano propia y linchan y matan, Genaro García Luna y Miguel Ángel Yunes Linares gozan de la irrestricta libertad de sentarse a una mesa de Lipp, para ponerse de acuerdo sobre lo que harán en Veracruz
Gregorio Ortega Molina
Mal momento para México. A la sociedad y su gobierno se les juntaron el hambre con la necesidad y, añadiría, la desfachatez: en Lipp conversaron Miguel Ángel Yunes Linares y Genaro García Luna, dos administradores públicos albos. Ya supondrán los convenios o complicidades acordadas, para su mutuo beneficio.
Si la búsqueda de elementos para oficiar con imparcialidad y rapidez la procuración y administración de justicia, se establece sobre la mesa de los grandes restaurantes, ¿qué puede extrañarnos que los precaristas y desheredados la busquen por mano propia cuando linchan, como respuesta a la ausencia de gobierno, a la impunidad, pero sobre todo a los abusos de poder?
El uso de la tortura como herramienta de trabajo -más allá de lo legal- de uso práctico para una rápida procuración de justicia (o para encubrir a los verdaderos delincuentes y fabricar culpables), era un secreto a voces periódicamente denunciado, sin mayor éxito porque, aceptémoslo, no hay policías limpias porque para cumplir con su cometido violan su mandato constitucional, legal, y los derechos humanos. Ninguna corporación del mundo conserva las manos impolutas.
Intuyo, sólo intuyo, que ahora se pone de moda la tortura con otros propósitos: es requerimiento para que esta nación sea parte importante en la geoestrategia regional para construir América del Norte.
Se trata de contener al terrorismo, y para ello capacitan a elementos de algunas corporaciones de seguridad mexicanas, mientras sus mentores filman esos cursos intensivos, para luego filtrarlos, y así tener a nuestras autoridades agarradas de donde les conté.
Entre que son peras y son manzanas con esto de la tortura y la integración a América del Norte, se hacen universalmente públicas aberraciones como la de Yecenia Armenta, sentenciada en 2012 porque después de una sesión de 15 horas de golpes, vejaciones y violación, confesó el asesinato de su marido.
Pero un juez ordenó su excarcelación, al considerar probado que fue torturada hasta que puso la firma en una hoja en la que supuestamente reconoció que había pagado a un sicario por matar a su esposo. La confesión bajo tortura era la única prueba fabricada en su contra.
Armenta, desde la cárcel, denunció que fue forzada brutalmente a aceptar la confesión, y afirma que aceptó todo cuando la amenazaron con violar y asesinar a sus hijos.
Mientras lo anterior sucede, o mientras habitantes de colonias o poblados deciden hacer justicia por mano propia y linchan y matan, Genaro García Luna y Miguel Ángel Yunes Linares gozan de la irrestricta libertad de sentarse a una mesa de Lipp, para ponerse de acuerdo sobre lo que harán en Veracruz. ¿Será el regreso del síndrome Florence Cassez? Mal augurio.
