Exhortó el Pleno del Senado de la República a las autoridades electorales, federales y estatales, aplicar el Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres, publicado el 24 de noviembre de 2017, ya que es inadmisible que exista, en la actual contienda electoral, acoso, daño a su dignidad o integridad por participar como candidatas.
Tal dictamen aprobado en votación económica, señala que aún persisten conductas que limitan la participación exitosa de las mujeres en el ámbito político, desde el reconocimiento del derecho femenino al voto, hasta las más recientes reformas para las cuotas de género en las candidaturas de los partidos.
Asimismo señala que el problema de la violencia de género tiene efectos devastadores en las personas y las familias, por ello, los esfuerzos se han concentrado principalmente en la atención a las víctimas.
De acuerdo con la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales FEPADE, del 2012 al 2017 se aperturaron 190 carpetas de investigación y averiguaciones previas por este delito.
El Protocolo marca a ocho instituciones como las que tienen obligación legal de atender y actuar para castigar la violencia política de género, que son: la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales; Fiscalia Especial para los delitos de violencia contra las mujeres y trata de personas; Instituto Nacional Electoral; Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación; Comisión Ejecutiva de atención a víctimas; Comisión Nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres; Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación e Instituto Nacional de las Mujeres.
