Los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) han salido al paso de las críticas sobre su reciente decisión de transferir al Senado la responsabilidad de insacular a los aspirantes del Poder Judicial.
En una conferencia de prensa, Mónica Soto, Alfredo Fuentes y Felipe de la Mata Pizaña afirmaron que su acción no representa una invasión de competencias, sino un esfuerzo por restablecer el Estado de derecho.
“No es una invasión de poderes. El Senado solo va a hacer el sorteo. Los nombres en esa lista los puso el Comité del Poder Judicial”, explicó Mónica Soto, presidenta del TEPJF. Según los magistrados, esta medida se alinea con lo establecido en los artículos 17 y 41 de la Constitución, que garantizan el derecho de los ciudadanos a una justicia completa.
El magistrado Alfredo Fuentes destacó que la decisión busca asegurar que el proceso electoral en curso se lleve a cabo conforme a derecho. “El artículo 17 constitucional señala que es un derecho de los ciudadanos que la justicia sea completa”, afirmó. Además, subrayó que la insaculación es un paso necesario para continuar con el proceso electoral tras la suspensión de actividades del Comité Técnico de Evaluación.
Felipe de la Mata Pizaña añadió: “Lo que estamos haciendo es quitar todas las piedritas en el camino. Va a haber elección porque la Constitución lo manda”. Los magistrados enfatizaron que no revocaron las sentencias de los jueces de amparo, sino que anularon una resolución administrativa del Comité del Poder Judicial que había detenido el proceso.
Durante la conferencia, los magistrados reconocieron la existencia de “lagunas” jurídicas en la reforma judicial y sus leyes secundarias. Sin embargo, insistieron en que su decisión fue correcta y necesaria para garantizar un proceso electoral transparente y justo. Soto defendió la idoneidad de los aspirantes al señalar que todos cumplen con los requisitos constitucionales necesarios.
Ante las críticas sobre la falta de entrevistas para evaluar a los perfiles del Poder Judicial, Soto afirmó: “Son personas idóneas. Grave sería que no reunieran los requisitos constitucionales”. También cuestionó por qué la Suprema Corte no aceptó una propuesta reciente para que se realizaran entrevistas en la Escuela Judicial.
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