Toluca.— Con pancartas y consignas de “no al tarifazo”, unas decenas de personas acudieron este fin de semana a la convocatoria del colectivo No al Tarifazo Edomex, acompañados por integrantes de la Asamblea Universitaria UAEMéx y el Comité Coordinador de Lucha de la UAEMéx.
El contingente partió del Jardín Reforma y avanzó hasta Palacio de Gobierno, en el corazón de la capital mexiquense, demandando tarifas preferenciales para estudiantes, adultos mayores y personas en situación de vulnerabilidad, así como unidades más dignas y seguras.
Las exigencias son legítimas, pero lo cierto es que el posible ajuste tarifario en estudio por el gobierno estatal parte justamente de esas preocupaciones. Sería el primer incremento desde 2018 y, de acuerdo con fuentes consultadas, está siendo analizado con base en criterios técnicos y socioeconómicos que buscan encontrar un punto medio entre los intereses de los usuarios y la realidad de los operadores.
Desde hace años, los trabajadores del transporte público han enfrentado un panorama económico desafiante. El costo de la gasolina, las refacciones y el mantenimiento aumenta de manera constante, mermando sus ingresos y dificultando que las unidades se mantengan en condiciones adecuadas. Ellos, como los usuarios, son pueblo: no cuentan con un patrón que les incremente el salario, su sustento depende de cada pasaje.
En ese sentido, explican en Palacio de Gobierno, el ajuste no es únicamente una cuestión económica, sino un acto de justicia social y un llamado a la solidaridad. Se plantea como un respiro para miles de familias que dependen de esta labor y como un reconocimiento al esfuerzo de quienes, bajo el sol y la lluvia, hacen posible que millones de mexiquenses lleguen a su trabajo, a la escuela o de regreso a casa.
La administración de Delfina Gómez se ha caracterizado por impulsar soluciones que busquen beneficiar a todos los sectores. No se trata de favorecer a unos pocos, sino de encontrar un justo medio que permita mejorar la calidad del transporte público, garantizar mayor seguridad y, al mismo tiempo, aliviar las presiones económicas de los operadores.
De aprobarse, el incremento no pretende golpear de forma severa los bolsillos de la ciudadanía, sino tender una mano a quienes también son parte de la comunidad. La visión oficial es que este paso siente las bases para un transporte más seguro, incluyente y solidario, en el que la empatía se convierta en motor del desarrollo.
En suma, mientras en las calles unas cuantas decenas gritaron “no al tarifazo”, la discusión debería mirarse como lo que es: un esfuerzo por equilibrar realidades y construir un sistema de transporte más justo. Al final “solo el pueblo puede apoyar al pueblo”.
