Menos sanciones y más acuerdos en CDMX

Mensaje Político

Alejandro Lelo de Larrea

El Gobierno de la Ciudad de México, vía la Consejería Jurídica y de Servicios Legales (CEJUR), que encabeza Eréndira Cruzvillegas Fuentes, ha emprendido una estrategia mediante la cual se pretende que muchos de los problemas de la convivencia diaria entre vecinos y comunidades salgan de la esfera penal y se resuelvan en el ámbito civil.

Ya todo quedaría en la esfera de Juzgados Cívicos, a partir de la voluntad de la parte ofendida, sin menoscabo de que queden a salvo sus derechos para acudir a instancias penales.

“Menos sanciones y más acuerdos”, es la esencia de esta iniciativa de reformas a la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, que presentó el miércoles pasado Clara Brugada, en el contexto de su Segundo Informe de Gobierno ante el Congreso capitalino.

En otras palabras, atajar los conflictos de manera temprana, para evitar que escalen a niveles de violencia en que haya hechos irreparables que lamentar.

¿La reforma es buena o mala? Habrá quienes digan que se pretende eludir la responsabilidad del Estado de impartir justicia. Sin embargo, no es así, porque se deja a salvo la vía penal y, como ocurre en otras grandes urbes, se da un paso en el sentido de que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México se encargue, sin pretextos, de atender los casos más delicados, más graves, delitos patrimoniales severos, contra la integridad y la vida de las personas.

Los delitos menores o diferencias entre vecinos y en las comunidades los van a atender en los 70 Juzgados Cívicos a cargo de Cruzvillegas Fuentes. Por ejemplo, algún robo de cuantía menor, que no rebase los 5 mil 800 pesos. También casos muy comunes de conflictos entre vecinos, que tampoco superen ese monto, o insultos, agresiones en que pueda haber lesiones menores, que no rebasen los 15 días para sanar. El objetivo es que en este momento se dé una resolución integral, en vez de que sigan escalando los problemas y ocurran delitos más graves.

En estos casos menores, si se van a procesos penales, resulta más caro que los 5 mil 800 pesos llevar el proceso, tanto para quien imputa como el imputado, por lo que a todos les puede convenir más llegar a un acuerdo. Esto no es único de México, en países donde se supone tienen sistemas de justicia más avanzados, los robos y daños dolosos en cuantía menor no son punitivos, y también se resuelven en instancias civiles. Es decir, se tendrá que pagar y corregir la conducta, con la advertencia de reincidir se puede incurrir en un delito, ya sin volver a pasar por el Juzgado Cívico.

Sin embargo, en caso de que se trate de lesiones más delicadas, que por ejemplo tarden en sanar más de 15 días, que pongan en riesgo la vida de las personas, que sean tentativa de delitos graves, seguirá siendo un tema en manos de la Fiscalía y los Juzgados Penales. Incluso, ahora las amenazas de muerte tendrán una penalidad mayor, porque hay casos en que por no haber actuado de manera preventiva o punitiva la autoridad, se llegaron a consumar.

Hay algunas conductas de violencia familiar que hoy se sancionan penalmente y, por no ser graves, podrán pasara a la esfera de la mediación en la justicia cívica, con la misma amonestación que, de persistir, podría pasar a la esfera penal.

Esta reforma va a buscar que los tiempos en los Juzgados Cívicos se agilicen, que no tengan que estar ahí las personas y menos los policías hasta 5 horas, descuidando el patrullaje en las calles para prevenir ilícitos más delicados.

La reforma incluye la creación de Centros de Gestión de Conflictos Sociales y Comunitarios, que serán conocidos más como “Calpullis de Paz”, para mediar y resolver conflictos vecinales, inspirados en el concepto mexica.

También contempla la mejora de los 70 Juzgados Cívicos, lo que sin duda va a sacar chispas con algunos Alcaldes, pues las demarcaciones tienen la atribución de gestionar esos sitios. Sin embargo, para Brugada bien puede hacerse una reforma Constitucional para controlarlos desde su Gobierno, o convenios con cada una de las demarcaciones, sólo para la remodelación. ¿En verdad despresurizará los conflictos sociales esta reforma? Lo veremos.