En un anuncio difundido en un video, Marck Zuckerberg, CEO de Meta, propietaria de plataformas como Facebook, Instagram o Whatsapp, el martes 7 de enero de 2025, que eliminaría los a los verificadores de información conocida en inglés como fact-checkers y los reemplazará con “notas comunitarias” generadas por los usuarios similares a las de X, iniciando en Estados Unidos.
Esto generó reacciones que califican la decisión como un gran retroceso en la política de moderación de contenido. No obstante, el propio Zuckerberg aseguró el resultado de asumir esta nueva política será más contenido dañino en la plataforma.
El magnate tecnológico señaló también que “Los verificadores de datos han sido demasiado parciales políticamente y han destruido más confianza de la que han creado”, añadiendo posteriormente que los complejos sistemas de Meta para moderar el contenido han provocado por error que se eliminen de la plataforma demasiados contenidos que no infringen las normas. Por ejemplo, si los sistemas cometen un error el 1% de las veces, eso podría representar a millones de los más de 2.000 millones de usuarios de la empresa.
El análisis periodístico destaca varios elementos alrededor de esta decisión que suponen un cambio ideológico hacia la derecha, primero, la decisión se toma a unos días de que Trump asuma la presidencia, en tal caso se destaca que Trump y otros republicanos han criticado el modelo de política como una censura de las voces de derecha.
Observan también que el día previo Meta anunció que personajes aliados al republicano ocuparían altos cargos dentro de la multinacional, destacando el nombramiento de Joel Kaplan como jefe de asuntos globales. Adicionalmente, Meta apuntó que donará un millón al fondo inaugural de Trump y que Marck Zuckerberg quiere asumir un papel activo en las discusiones sobre políticas tecnológicas.
Los medios califican la modificación de sorprendente por la forma en que Meta maneja las afirmaciones falsas y engañosas en sus plataformas.
El modelo conocido como Community Notes permite a los usuarios de plataformas señalar las publicaciones engañosas, en Facebook la tarea era realizada por el Oversight Board Consejo Asesor de Contenidos de Facebook (CAC), creado a partir de 2020, para regular los contenidos que se publican en redes sociales e integrado por un grupo de expertos en libertad de expresión, acceso a la información, regulación de entornos digitales y derechos humanos.
Al margen los expertos asumen que el “ejercicio de las prácticas políticas está vinculado a la imprescindible utilización de las redes sociales” (Barrio, 2024), enfatizando además que “…dada la naturaleza del CAC, se limita a las decisiones relacionadas con la moderación de contenidos…No perdamos el ojo en ello, porque hay cuestiones adyacentes que afectan la propia dinámica de Facebook y que el CAC no revisa (por ahora) como el impacto de las redes sociales en la libertad de expresión, como el modelo de negocio de Facebook, la promoción de contenidos o el downranking y, al menos por ahora, la publicidad política.”
Al tenor destacan: “Efectivamente el CAC no toca el modelo de negocios y eso reduce mucho la capacidad de decisión sobre el verdadero problema en materia de contenidos, donde prevalece una lógica económica a una lógica del ejercicio de derechos. Puede ser una manera de legitimarse pero también responde a la gran presión social y política que está teniendo para mejorar en moderación de contenidos… El elefante en la sala es la dominancia de mercado que tienen estas plataformas y su funcionamiento como gatekeepers que no permite entrar a otros actores o proyectos. Al controlar tanto el alojamiento de contenidos en una plataforma como las decisiones sobre la moderación de esos contenidos, las empresas pueden ejercer un poder enorme y, en gran medida, irresponsable sobre lo que decimos en línea, y se impide la entrada en el mercado de alternativas que podrían ofrecer una mejor protección de nuestros derechos.” (López Noriega, Maldonado y Prudencio, Nexos, 2021).
Saltan las diferencias en los dos extremos de los modelos regulatorios que adoptan europeos y estadounidense sobre la complejidad que supone la moderación de contenidos y la libertad de expresión, en un entorno en que la gran dominancia del mercado de las transnacionales juega un rol de enorme complejidad: los primeros construyen entramados institucionales para regular y los segundos se asumen respaldados en las fortalezas democráticas e institucionales para regular la competencia y la protección de derechos humanos.
Los especialistas apuntan que, no obstante que, un control estatal podría ser perjudicial porque llevaría a privilegiar intereses políticos, y no apuestan tampoco por un control de tipo autoritario sobre el internet, si ven que la tutela de los derechos y la libre competencia del Estado puede generar un equilibrio democrático para la libertad de expresión y de información.
Al final como apuntan la especialista Karla Prudencio: “nuestros derechos como personas usuarias de internet no son renunciables, ni los mecanismos para hacerlos valer privatizables”.
