México aporta a la ciencia política un nuevo concepto: El despotismo criminal

Eduardo Sadot

Las ciencias sociales avanzan cuando son capaces de explicar fenómenos nuevos mediante conceptos nuevos. Hubo un tiempo en que el absolutismo describía una forma de ejercer el poder; después apareció el despotismo ilustrado para explicar a aquellos monarcas que impulsaban reformas sin renunciar al control absoluto del Estado. Hoy México enfrenta una realidad distinta que merece una categoría propia: el Despotismo Criminal.

El Despotismo Criminal no consiste únicamente en la concentración del poder. Tampoco se limita al autoritarismo. Su rasgo distintivo es que el poder político deja de combatir eficazmente a la delincuencia organizada y termina coexistiendo con ella, tolerándola, protegiéndola o dependiendo de ella para conservar el poder. Cuando eso ocurre, el crimen deja de ser un problema de seguridad para convertirse en un componente del sistema político.

En un Despotismo Criminal las instituciones dejan de funcionar como límites al poder. Los órganos constitucionales autónomos son debilitados, el Poder Judicial pierde independencia, los órganos de control se subordinan al Ejecutivo y la crítica es presentada como una agresión al Estado. El gobierno busca identificarse con la Nación misma, de modo que cualquier oposición sea considerada una amenaza y no un elemento indispensable de la democracia.

Al mismo tiempo, la violencia deja de ser una excepción para convertirse en un mecanismo cotidiano de control territorial. El ciudadano pierde libertad no sólo frente al gobierno, sino también frente a las organizaciones criminales que disputan o comparten espacios de autoridad. La ley comienza a aplicarse selectivamente: con rigor frente al adversario político y con indulgencia frente al aliado conveniente.

El Despotismo Criminal también sustituye el mérito por la lealtad. La capacidad técnica deja de ser el criterio para ocupar los cargos públicos; lo determinante pasa a ser la obediencia al proyecto político. Cuando ello ocurre, la administración pública pierde profesionalismo y las instituciones dejan de servir al Estado para servir al grupo gobernante.

Su propaganda se sostiene en un discurso moral. Divide a la sociedad entre “buenos” y “malos”, entre “el pueblo” y “los enemigos del pueblo”. Bajo esa lógica, cualquier crítica deja de ser un derecho democrático para convertirse en una supuesta traición.

Si el despotismo ilustrado del siglo XVIII podía resumirse en la frase “Todo para el pueblo, pero sin el pueblo”, el Despotismo Criminal podría sintetizarse en otra: “Todo el poder para conservar el poder, aun cuando el Estado de derecho, sea el precio a pagar.”

Quizá la historia sea quien determine si esta categoría resulta acertada. Pero cuando el poder concentra decisiones, debilita los contrapesos, normaliza la violencia, desinstitucionaliza la administración pública y el crimen organizado deja de ser una excepción para convertirse en un factor permanente de la vida nacional, ya no basta hablar de autoritarismo. Es necesario nombrar la realidad con un concepto que explique la profundidad del fenómeno. Ese concepto, para México, puede ser el de Despotismo Criminal.

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