La militarización de la seguridad pública se extiende por América Latina como respuesta al avance de la extorsión, el narcotráfico y el sicariato, de acuerdo con un análisis publicado por El País América. Gobiernos de la región han desplegado tropas en las calles, les han asignado el control de cárceles o han mantenido estados de excepción durante periodos prolongados.
Perú es el último país en recurrir al Ejército para tareas de orden público. El Ejecutivo anunció que solicitará al Congreso facultades legislativas para impulsar reformas, incluida una que permitiría a las Fuerzas Armadas asumir la dirección y gestión de las cárceles.
Tania Pariona, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, advirtió que la presencia militar puede aumentar la percepción de seguridad, pero no necesariamente reducir de forma sostenida delitos como la extorsión o el sicariato. “Los militares no están entrenados para funciones policiales, su misión principal es enfrentar amenazas externas o conflictos armados”, señaló.
Pariona también alertó que ampliar el papel castrense en la seguridad ciudadana puede elevar el riesgo de un uso desproporcionado de la fuerza. La Comisión de la Verdad y Reconciliación concluyó que, durante el conflicto interno peruano entre los años ochenta y los primeros 2000, los militares incurrieron en una “represión indiscriminada contra la población considerada sospechosa” de terrorismo.
Se calcula que 69 mil 280 personas murieron durante ese periodo y que 30% de las víctimas se atribuye a agentes del Estado. La memoria de esos abusos se relaciona con el despliegue militar ordenado por el gobierno de Dina Boluarte entre finales de 2022 y comienzos de 2023, durante las protestas posteriores a la destitución de Pedro Castillo. En ese periodo murió medio centenar de manifestantes por municiones letales.
En Ecuador, Daniel Noboa declaró el 9 de enero de 2024 un conflicto armado interno no internacional. La decisión permitió desplegar militares en las calles y asignarles funciones de seguridad ciudadana y control penitenciario, después de la toma simultánea de siete cárceles, la detonación de coches bomba y el asalto armado al canal TC Televisión, donde un grupo criminal secuestró temporalmente al equipo periodístico durante una transmisión en vivo.
La operación contuvo parcialmente el aumento de homicidios durante sus primeros meses, pero también generó denuncias de abusos. Videos difundidos por soldados mostraron a detenidos sometidos a castigos y humillaciones; después se reportaron muertes bajo custodia militar, como la de Carlos Javier Vega. Ese año, la Fiscalía abrió investigaciones por la posible desaparición forzada de 43 personas presuntamente a manos de militares.
En México, la participación castrense en seguridad comenzó el 11 de diciembre de 2006, cuando Felipe Calderón desplegó 6 mil 500 soldados en la Operación Conjunto Michoacán y declaró la guerra contra el narcotráfico. Desde entonces, los militares permanecen en las calles de los 32 estados.
Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, las Fuerzas Armadas recibieron recursos y atribuciones adicionales. Asumieron la seguridad pública mediante la Guardia Nacional, tomaron el control de aduanas y comenzaron a operar aeropuertos, hoteles y empresas turísticas. Esas funciones no fueron revocadas durante el gobierno de Claudia Sheinbaum.
Costa Rica mantiene una posición distinta después de abolir su Ejército a mediados del siglo XX. La seguridad recae en policías civiles o judiciales, con apoyos puntuales de la cooperación internacional. Los recursos nacionales destinados a ese rubro rondan 2% del PIB, mientras la inversión social enfrenta recortes.
El exfiscal general Francisco Dall’Anese sostuvo que el crimen organizado requiere inteligencia financiera, investigación, fiscales especializados, control de cárceles y fortalecimiento policial. Chile y Argentina también muestran mayor resistencia institucional a involucrar a las tropas en tareas policiales.
En El Salvador, el régimen de excepción impuesto por Nayib Bukele desde marzo de 2022 convirtió a la Fuerza Armada en un actor permanente de la seguridad pública. Las autoridades reportan más de 85 mil personas detenidas, mientras organizaciones civiles y organismos internacionales han documentado denuncias por detenciones arbitrarias sin debido proceso y cientos de muertes bajo custodia estatal.
El régimen permite detenciones masivas sin orden judicial previa y contempla la suspensión temporal de garantías como el derecho a la defensa legal y la libertad de asociación. La información fue elaborada con reportes de Renzo Gómez Vega, Carolina Mella, Álvaro Murillo, Carlos S. Maldonado y Carlos Carabaña.
