Monreal defiende Reforma al Poder Judicial: Un mandato popular frente a las protestas

Ricardo Monreal Ávila, coordinador parlamentario de Morena en el Senado, defendió la reforma al Poder Judicial, calificándola como un mandato popular que su partido y aliados están decididos a cumplir.

Aunque reconoció el derecho de los trabajadores judiciales a manifestarse, advirtió que cualquier obstaculización en la administración de justicia constituye una grave violación a la Constitución.

La Reforma como Mandato Popular

En un mensaje difundido a través de redes sociales, Monreal enfatizó que la reforma al Poder Judicial responde a un mandato claro de los ciudadanos expresado en las urnas.

“Es importante hacer caso a lo que los ciudadanos dijeron en las urnas. Por eso seremos responsables, cuidadosos y prudentes al establecer estas modificaciones a la Carta Magna”, subrayó.

El senador detalló que el proyecto de dictamen será discutido en comisiones de la Cámara de Diputados el próximo 26 de agosto, y posteriormente se turnará a la Mesa Directiva de la nueva Legislatura.

La discusión formal de la reforma está prevista para iniciar entre el 2 y el 3 de septiembre en la Cámara de origen.

Reacciones y Protestas

Monreal reconoció que la reforma ha suscitado reacciones entre ministros, magistrados y jueces, quienes cuestionaron la capacidad de Morena y sus aliados para modificar la Constitución debido a la percepción de falta de mayoría legislativa. Sin embargo, el senador destacó que el apoyo popular a la reforma oscila entre el 70 y el 80 por ciento.

“Las reacciones del Poder Judicial a esta propuesta son normales. Es natural que se opongan, siendo los principales receptores de este producto legislativo”, explicó.

El líder parlamentario también mencionó que las protestas y paros en algunas regiones y circuitos judiciales están dentro del marco del derecho a manifestarse, siempre y cuando no infrinjan los derechos de terceros.

Acceso a la Justicia y Preocupaciones

Monreal argumentó que la reforma surge en respuesta a problemas persistentes en el sistema judicial, incluyendo corrupción, nepotismo, y tráfico de influencias. Señaló que el objetivo es mejorar el acceso a la justicia y corregir vicios arraigados en el Poder Judicial.

“Aunque entiendo las preocupaciones y problemas de los trabajadores judiciales, obstaculizar la impartición de justicia pronta y expedita en favor de los ciudadanos es una grave violación a la Constitución”, concluyó Monreal, citando el artículo 17 constitucional que prohíbe la justicia personal y la violencia para reclamar derechos.

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