Puede ocurrir que en un caso excepcionalísimo –y digo excepcionalísimo, porque así es- la Dra. Claudia Sheinmbaum Pardo, tenga dentro de sus promesas por cumplir la de lograr una total imparcialidad y una férrea honestidad en el ámbito de procuración e impartición de justicia. El compromiso antepuesto resulta ser la consecuencia de la enorme corrupción y la narco-política que se permitió en ese entorno por la mala gobernanza de las fuerzas neoliberales y el propio Andrés Manuel López Obrador.
Lejos de haberse demolido, combatido o menguado dicho execrable fenómeno, el poder de la narco-política logró influir con su incremento que muchas de nuestras instituciones republicanas fueran asoladas al grado de definir y obtener que la injusticia de la “narco-justicia” prevaleciera en ellas. Poder que algunos miembros de la Cuarta Transformación de la Nación hicieron valer para obtener mediante una Reforma Judicial el voto popular para que jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación formen a futuro parte del nuevo “acervo intelectual” del Poder Judicial Federal.
El proceso y procedimiento para adquirir esa bajeza fue descarnado y reprobable. De las promesas de una justicia decente y transparente, en la cual la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos participara directamente para obtener las decisiones más importantes para México, nos encontramos a solo un paso de no lograrlo, para con ello obtener un simulado “Estado de Derecho”, producto de un principio de tolerancia e impunidad que se le brindó en esas épocas políticas al narco-político más significativo de la historia jurídico nacional.
Sería deseable que entre el pueblo soberano de México y sus gobernantes, representantes o autoridades no existieran poderes intermedios o agrupaciones político-delincuenciales. Además, que nuestros dirigentes no deberían de estar sujetos a mandatos imperativos de cualquier otro poder ajeno a los Poderes de la Unión. Para no dar continuidad a los intereses particulares de esa caterva delincuencial; nuestros mandatarios sólo deben de perseguir los intereses generales de beneficio a ésta gran Nación, sólo así nuestra gobernanza, incluyendo en ello, a nuestra Primera Magistrada de la Nación, se abstendrían de recibir exigencias de ninguna clase.
Como han señalado múltiples juristas de prosapia, nunca había sido tan menospreciada nuestra Constitución Republicana como en las eras políticas del neoliberalismo y de Andrés Manuel López Obrador. Esas épocas han conducido a nuestra República a una realidad indeseable e incompatible con las raíces mismas de la soberanía, democracia, estado de derecho y respeto a la ley.
Bien refieren Eddie Varón Levy y Ricardo Franco Guzmán, que en ésta nueva temporada de la política, la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos debe de impregnarse de emociones por el bien público, por el bien de la justicia y por el bien de México y ello debe hacerlo con lucidez, alejada siempre del fenómeno de la narco-política y del sufragio para designar a jueces que solo sirvan a esos bastardos intereses.
Es cuánto
Lic. Alberto Woolrich Ortíz
Presidente de la Academia de Derecho Penal
del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C..
