Desde épocas milenarias se sabe que un juez resulta condenado cuando absuelve a un culpable, así lo confirmó en el pasado Publio Siro cuando lo escribió. Pues bien nuestro sistema jurídico y político mexicano, produjo desde la época del neoliberalismo, hasta lo que va de ésta Cuarta Transformación de la República, un abultado expediente que confirma que esa absolución, impunidad, protección, complicidad, encubrimiento y consentimiento hacia el responsable directo y único de la narcopolítica ha resultado ser absuelto por el amor que se le tiene a su dinero mal ganado.
Ésta histórica condena, que la Academia de Derecho Penal del Colegio de Abogados de México, A.C., hoy efectúa, aunque nuestro sistema político-jurídico así no lo estime, se dicta a raíz de aquella alianza efectuada con los narcotraficantes en un cierto clarear del alba, que trajo como consecuencia la muerte de aquella añeja Procuraduría General de la República y un pretendido descrédito mal fundado en contra de altos mandos de honor del ejercito mexicano. Aquella alianza responsable de incalificables delitos que conmocionaron a la opinión publica nacional e internacional, hasta el día de hoy resulta absuelta y lo que resulta peor: aplaudida.
La enorme ignorancia de nuestro pasado neoliberal y actual sistema político jurídico, no por grande, puede destacar una sapiencia jurídica a la altura del compromiso que los procuradores y el actual Fiscal General de la República contrajeron, no sólo con México, sino con la juridicidad que impone un Estado de Derecho.
Respetando la obligación que como juristas debemos de tener hacia la contraparte, la Academia de Derecho Penal tampoco puede pasar por alto las deficiencias y complacencias en que incurrieron e incurren esos ignorantes en la aplicación de la ley, tanto la institución del ministerio público, como las autoridades presentes y pasadas a cargo del Poder Ejecutivo no desconocen la existencia del fenómeno de la narcopolítica, que agravian a la sociedad, a la justicia y a México.
Aunque ellos absuelvan al culpable, que por cierto tiene nombre y tuvo cargo, ya que lo protestó cumplir bajo juramento ante la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, su caso sigue aún impune. Lo raro, lo extraño, lo criticable, lo execrable, lo impúdico, lo absurdo resulta del hecho que se le absuelva y aplauda, aún sin haber sido investigado, algo que dista mucho de ser lo que debería haber sido.
Y aquí viene la incongruencia total del actual sistema jurídico-político mexicano.
México sigue convulsionado por ello. En estricto derecho ese torvo narcopolítico delincuente debería estar en calabozo, sin hacer distingo alguno por ser un distinguido hampón. Todos sus ilícitos, como podría probar y comprobar la Academia de Derecho Penal, fueron cometidos en función de una incontrolable alianza con la delincuencia organizada, la cuál encabezaba uno de sus afectos y el propósito fue evidente: delinquir.
Hasta que se haga justicia plena, misma que necesita México, nuestra república, nuestro pueblo no estará satisfecho.
Es cuanto.
Lic. Alberto Woolrich Ortíz.
Presidente de la Academia de Derecho
Penal del Colegio de Abogados de México, A.C.
