Lilia Arellano
“Aquel que permite la opresión, comparte el crimen”: Erasmo Darwin
● No hay estrategia contra crimen organizado
● AMLO y Trump eluden el tema en plática telefónica
● Caso Ayotzinapa: siguen la impunidad e indolencia
● Educación: dejan sin aprobar las leyes secundarias
Ciudad de México, 12 de septiembre de 2019.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, habló ayer por teléfono con su homólogo estadounidense Donald Trump, sobre el tema migratorio, de central interés para el magnate en el proceso electoral de ese país. “La frontera sur está convirtiéndose en una zona muy fuerte a pesar de la obstrucción de los demócratas”, escribió en su Twitter. AMLO reportó: de EU “hubo un reconocimiento de que México cumple con su parte de los compromisos pactados en materia migratoria” y “se alejó el riesgo, la amenaza, de imponer aranceles”. Sin embargo, no trataron el principal problema de México: la inseguridad y violencia, a partir del arranque de la “guerra contra el narco” en el sexenio de Felipe Calderón, continuada por la administración de Enrique Peña Nieto y totalmente descuidada en la actual gestión federal, donde el saldo promedio de las víctimas supera las 110 por día.
Es lógico suponer el gobierno de la Cuarta Transformación tiene un diagnóstico de la presencia y operatividad de los principales cárteles criminales cuyas actividades se desplazan a lo largo y ancho del país. El conocimiento del problema es profundo para el actual presidente de la República, luego de tres campañas electorales por todos los rincones de la geografía nacional. El mapeo del crimen debe ser exacto por parte de quienes integran su comité asesor de seguridad. Pero éste no se ha materializado en una visión y estrategia de Estado para lograr el objetivo prioritario de AMLO: pacificar el país, y mucho menos en el despliegue de acciones encaminadas a tal propósito. Es más, se desconoce si existe ese tan cacareado plan prometido en tiempos electorales. Poco o nada se sabe de las acciones para operarlo de los principales funcionarios responsables, quienes a estas alturas de la actual gestión deberían estar operándolo. En primer lugar el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo; el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero; el secretario de la Defensa Nacional, general Luis Cresencio Sandoval González; y el secretario de Marina, almirante José Rafael Ojeda Durán, por sólo mencionar a los principales.
La falta de estrategia contra el crimen organizado es evidente en la denominada Cuarta Transformación, tan sólo con revisar los reportes oficiales de homicidios dolosos, los cuales mes tras mes rompen récords. La suspensión de las acciones del gobierno federal contra los cárteles de la droga ha sido cuestionada por la oposición. El PAN ha calificado como un “estrepitoso fracaso la política contra el narcotráfico implementada por el gobierno federal”, indicó Fernando Herrera Ávila, actual senador de la República y vocero de Acción Nacional. “Es evidente y estrepitoso el fracaso de la amnistía (…) y del cese oficial de la guerra contra el narcotráfico, pues cada día hay más cadáveres y cada día el gobierno decomisa menos droga a los delincuentes”, señaló.
El aseguramiento de drogas por parte de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional ha registrado sensibles caídas en comparación con los sexenios presidenciales anteriores. “El gobierno prácticamente ha dado vía libre al tráfico de drogas pues en tres meses sólo decomisó 4 kilos de cocaína y 5 de heroína. La caída es brutal, pero hay que recordar que una promesa de campaña fue la amnistía y en los hechos están cumpliendo a los narcos”, acusó Herrera Ávila, quien también cuestionó no se haya atacado el lavado de dinero de los cárteles. “Sería vital combatir el lavado de dinero proveniente del narcotráfico, pero hasta la fecha no hay ningún resultado concreto”, subrayó.
Las principales organizaciones criminales mexicanas: Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación, Cártel de Juárez, Cártel del Golfo, Los Zetas y el cartel de los Beltrán Leyva, han incrementado su influencia en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, pues se han mantenido en crecimiento y expansión. Controlan los corredores de contrabando a través de la frontera sur de EU. De acuerdo con la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), han mantenido e incluso aumentado la exportación de cantidades significativas de heroína, cocaína, metanfetamina, marihuana y fentanilo a territorio estadounidense. Y las autoridades del vecino país se quejan ahora de la ausencia de colaboración de sus contrapartes mexicanas para operar en el terreno el combate los cárteles mexicanos, lo cual no ocurría en los dos sexenios anteriores, cuando las agencias de EU operaban este combate apoyándose en los instituciones armadas de nuestro país.
AYOTZINAPA, IMPUNIDAD
De las centenas de miles de víctimas acumuladas, cada hora, todos los días, en cualquier rincón de la geografía nacional, destacan los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014, hace ya casi cinco años; pero también son botones de muestra los restos humanos, entre ellos una cabeza, encontrados hace unas horas en la alcaldía de Iztapalapa, en la capital de la República, en dos cajas; o las ocho personas presuntamente ejecutadas extrajudicialmente por el cártel del noroeste (una escisión de Los Zetas) el pasado 5 de septiembre en el municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas, por sólo mencionar tres botones de muestra, los cuales al igual que las decenas de miles de casos más ocurridos en esta gestión federal, siguen impunes.
Ayotzinapa se convirtió en un caso emblemático y marcó el inicio de la caída del régimen de Enrique Peña Nieto, cuyo prestigió se desintegró desde la revelación de la ilegal adquisición de la llamada “Casa Blanca” por parte de la entonces “primera dama”, Angélica Rivera, “la gaviota”. Faltan menos de dos semanas para cumplirse cinco años de la desaparición de los estudiantes normalistas y el desconocimiento sobre su paradero y la impunidad es el sello principal de la investigación judicial. Es una vergüenza internacional la actuación de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y su titular, Jesús Murillo Karam, quien siempre evidenció su intención no fue esclarecer el caso, sino encubrir a los responsables materiales e intelectuales, hasta el grado de sostener una versión verdaderamente novelesca de la “verdad histórica”, cuya inexactitud fue comprobada por las investigaciones independientes.
Pero ahora, tampoco la Fiscalía General de la República, a cargo de Alejandro Gertz Manero, ha mostrado un interés real para esclarecer el caso, llegar a la verdad y otorgar justicia a los familiares de los estudiantes normalistas, a pesar de que el primer fiscal nacional tiene la encomienda no sólo de esclarecer qué sucedió realmente con los alumnos plagiados y desaparecidos, sino también investigar y sancionar los delitos cometidos por los funcionarios de la antigua PGR en el manejo falaz de las indagatorias. Y si hablamos de responsabilidades no asumidas y compromisos con la justicia no cumplidos es de señalarse la reprobatoria actuación de los representantes del Poder Judicial. En reiteradas ocasiones ha sido denunciada la actuación de los jueces quienes han facilitado la libertad de personas vinculados al caso Iguala, sustentados en las fallas y violaciones procesales de la PGR, pero también, sin duda, en complicidades pues ante el cúmulo de pruebas contra los acusados es inexplicable el sentido de los dictámenes de los juzgadores.
Los familiares de los normalistas se reunieron el miércoles pasado con López Obrador, a quien reiteraron su cólera por que sus subalternos no asumen el compromiso de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa; su irritación y preocupación por la indolencia de la PGR y ahora también de la FGR, la cual ha permitido la excarcelación de los presuntos responsables como Gildardo López Astudillo, “El Gil”, liberado el pasado 31 de agosto.
AMLO los escuchó atentamente y asumió compromisos innecesarios si se cumpliera la ley y prevaleciera el Estado de derecho en nuestro país. En primer lugar, programar un encuentro con Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, dependencia a cargo de agilizar las investigaciones. Este funcionario debe comprobar un compromiso real con las indagatorias y su avance. Dos, solicitarle al secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, entregue el Ejército la información con la cual cuenta, así como la celebración de reuniones informativas bimestrales para evaluar los avances. También debió haberse integrado el compromiso de vigilar la actuación de jueces y magistrados vinculados al caso y la orientación de sus dictámenes y sentencias relacionadas con los presuntos responsables del caso.
Esta mañana, en su conferencia de prensa mañanera, AMLO retomó el caso y sostuvo trabajan para dar a conocer el paradero de los estudiantes. “No quisiera que esto fuera eterno”, subrayó. Además, garantizó no faltarán los recursos y facilitará la participación de organismos internacionales y de derechos humanos en las investigaciones. “Necesitamos que haya resultados, que sepamos dónde están los jóvenes (…) es un asunto de la más alta prioridad para el gobierno, es un asunto de justicia y humanitario”, indicó el tabasqueño.
Retomó también el tema de la “guerra contra el narco”, reiteró “no vamos a seguir con la misma política” y se lanzó contra la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) al acusarla de haber sido omisa ante los abusos y violaciones cometidas durante esa conflagración de baja intensidad pero de elevadas pérdidas humanas. “No vamos a masacrar a la población civil ni a nadie, eso ya no se va a implementar, nunca más se va a actuar en ese sentido, era una estrategia equivocada, inhumana, que viola los derechos humanos”, señaló.
Y siguió: “por eso a veces cuestiono la actitud de la CNDH, de manera respetuosa, porque eso ameritaba denuncia fuerte, parar la guerra y nunca hicieron nada para eso, la CNDH se hizo de la vista gorda, como lo hicieron muchas organizaciones de la llamada sociedad civil y los medios”, aunque habrá de resaltarse los líderes civiles y representantes de medios de comunicación no sólo son amenazados para dejar de realizar sus funciones, sino también impunemente ejecutados, lo cual explica la autocensura de muchas estaciones de radio y televisión, así como periódicos y revistas regionales.
Respecto al caso de la presunta ejecución extrajudicial de 8 civiles en Nuevo Laredo, Tamaulipas, AMLO dijo: si se determina que policías ejecutaron a presuntos criminales en Tamaulipas, debe hacer un castigo ejemplar, y aseguró la FGR ya indaga los hechos. “Tengo entendido que la Fiscalía está haciendo una investigación sobre eso, sí, pero nosotros ayudamos en todo, no queremos violación de derechos humanos, no se permite ejecución, no se permiten tiros de gracia, rematar heridos, ya lo dije, masacres, a nadie, a ningún ser humano, entonces eso no se va a tolerar, las instancias correspondientes investigan con libertad y si hubo excesos se debe de castigar con todo rigor”, indicó.
Sobre el particular, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas informó los policías acusados de ejecutar extrajudicialmente a ocho personas en Nuevo Laredo y realizar un montaje para hacerlo pasar como un enfrentamiento fueron suspendidos para facilitar las investigaciones. “La Dirección de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas anunció la suspensión laboral de los agentes que participaron en los hechos reportados el pasado 5 de septiembre en la Colonia Valles de Anáhuac de Nuevo Laredo”, reportó la dependencia en un comunicado.
DE LOS PASILLOS
Hasta el momento , tres lesionados es el saldo de una riña entre reos escenificada en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México. Hazel Ruiz, subsecretario del Sistema Penitenciario de la capital el país, informó a las 11:40 horas un grupo de internos del dormitorio anexo 7 intentó entrar a los dormitorios 6 y 3, lo que desató el enfrentamiento en el cual 3 presos resultaron con heridas punzocortantes. Posteriormente, dijo, llegó personal de seguridad penitenciaria para controlar la situación, ahora bajo control, aseguró, pues al menos 100 elementos de la Policía Metropolitana reforzaron la vigilancia en la zona y otro grupo ingresó por la zona de aduanas. Además, la Secretaría de Seguridad Ciudadana envío 22 vehículos de la unidad antimotines y ambulancias del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM).
La legislación secundaria en materia de educación no se aprobó en la Cámara de Diputados tras concluir el plazo constitucional fijado por el propio Congreso. Al no haber acuerdos entre los grupos parlamentarios, así como con el magisterio, la Comisión de Educación no fue convocada para discutir los proyectos de dictamen. En tanto, la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) bloqueó el recinto de San Lázaro. El propio coordinador de Morena, Mario Delgado no pudo acceder a la cámara baja…
El senador morenista Oscar Ramírez Aguilar propuso en la Cámara alta un proyecto de decreto para establecer una tasa de 8% del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en la enajenación de bienes, la prestación de servicios independientes; el uso o goce temporal de bienes, la importación de bienes y servicios, y a la enajenación de inmuebles que realicen las personas quienes residen en la región fronteriza sur, es decir en los municipios de Chiapas, Campeche, Tabasco y Quintana Roo que hacen frontera con Guatemala y Belice. Sin duda, de aprobarse esta iniciativa de reforma al párrafo sexto del artículo primero; y adiciona el párrafo primero, segundo y tercero del artículo 2 de la Ley del IVA, las repercusiones económicas positivas serán prácticamente inmediatas.
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