Lilia Arellano
“En política, la línea recta es la más corta”: Benito Juárez
● “No intervención”, reitera México a EU
● AMLO recibe al fiscal general de Estados Unidos, William Barr
● Admiten a trámite acción de inconstitucionalidad Vs factureras
● Congelan las iniciativas contra el outsourcing en el Legislativo
Ciudad de México, 5 de diciembre de 2019.- William Barr, fiscal general de Estados Unidos, se reunió con el presidente Andrés Manuel López Obrador; el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard; el titular de la Secretaría de Seguridad, Alfonso Durazo; y el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, tras acordarse su visita de trabajo a raíz del ataque de la familia LeBarón y la intención del presidente Donald Trump de designar a los cárteles de la droga como organizaciones extranjeras terroristas. A través de su cuenta de Twitter, López Obrador le reiteró al fiscal general estadounidense los principios de no intervención bajo los cuales se rige México.
Casi dos hora se prolongó el encuentro efectuado en Palacio Nacional entre López Obrador, integrantes de su gabinete y William Barr y su comitiva para avanzar en acuerdos de colaboración en materia de seguridad. Aunque no trascendieron pormenores del encuentro, pues los funcionarios tanto de la delegación estadounidense como el gabinete de seguridad se trasladaron hacia la sede de la cancillería donde continuaron las conversaciones, de acuerdo con lo publicado por AMLO en su cuenta de Twitter, William Barr, al ser abogado, comprendió que dichos principios se encuentran en la Constitución del país. “Buena reunión con el fiscal general de Estados Unidos, William Barr. Como abogado comprende que nuestra Constitución nos obliga a ceñirnos a los principios de cooperación para el desarrollo y la no intervención en política exterior. De este modo siempre podremos trabajar juntos”.
Tras la reunión con el presidente, el fiscal general de EU sostuvo una reunión encabezada por Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Como se recordara, durante su comparecencia en el Senado de la República, el canciller afirmó no se aceptará ningún tipo de intervención de parte de Estados Unidos en territorio mexicano y advirtió si se llevara a cabo la denominación de las organizaciones delictiva mexicanas como terroristas, se pondría en riesgo la cooperación entre México y Estados Unidos.
Sin embargo, es de preverse que, al ser tan delicados los temas a tratar y una vez vista la actuación, no las declaraciones, de Marcelo Ebrard, Estados Unidos no se detendrá en su calificación sobre México relacionada con el terrorismo, tampoco dejarán de enviar armas ya que esta industria es uno de los pilares de su economía y seguramente acordarán alguna forma de poder cumplimentar lo de las supervisiones y hasta negociarán en cuáles casos podrían permitir la intervención estadounidense en el combate al narcotráfico. Al tiempo, pues aumentar la conversión de nuestro territorio en zona para garantizar seguridad y menor flujo de migrantes al vecino del Norte, se tiene, es innegable, como lo ha sido la reacción aplicando aranceles a los jitomates mexicanos una vez rechazadas por AMLO las intentonas de supervisión laboral y policiaca.
JUICIO CONTRA FACTURERAS EN LA SCJN
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite una acción de inconstitucionalidad en donde se solicita invalidar parte de la reforma que convirtió a ciertos delitos fiscales en delincuencia organizada y amenaza a la seguridad nacional, sin derecho a libertad bajo fianza para los acusados. Dicha acción (130/2019) fue promovida por Luis Raúl González Pérez, ex titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), para impugnar el decreto publicado el pasado 8 de noviembre. Cabe aclarar, la admisión de la acción no suspende la vigencia de las leyes impugnadas.
Un ministro de la SCJN, el cual no se reveló su nombre, dio el miércoles 15 días hábiles al Congreso de la Unión y al Ejecutivo Federal para que rindan informes y envíen copias de los antecedentes legislativos de la reforma. Según el acuerdo en turno de la Corte, los aspectos reclamados de la reforma son: El fraude fiscal y contrabando por más de 7.8 millones de pesos, y la emisión de facturas por servicios inexistentes, se convirtieron en delito de prisión preventiva forzosa, sin que se hubiera reformado el artículo 19 de la Constitución, el cual detalla este tipo de ilícitos.
Además, en una acción sin precedente, los delitos fiscales mencionados fueron incorporados a la Ley de Seguridad Nacional, la cual no es de carácter penal, para ser clasificados como “amenaza a la seguridad nacional”. Así, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) puede intervenir comunicaciones para indagar estos casos, aunque solo sea para recopilar información, no para aportar pruebas a un juicio. También fue cuestionada la nueva redacción del artículo 113 Bis del Código Fiscal, el cual tipifica el delito de expedición de facturas por servicios inexistentes, el cual era penalizado desde 2014. La CNDH no impugnó la inclusión de los tres delitos a la Ley Federal contra Delincuencia Organizada, con lo cual la Fiscalía General de la República (FGR) puede también desplegar intervención de comunicaciones privadas, y aplicar muchas otras medidas excepcionales para perseguirlos.
La reforma aprobada en el pasado reciente, fue calificada por priístas y panistas como un instrumento de “terrorismo fiscal” y de “extorsión institucional”, al destacar criminaliza a contribuyentes que, sin dolo, cometan errores en su declaración fiscal. Cuestionaron el uso de facturas falsas se considere un delito contra la seguridad nacional y de delincuencia organizada, y no se distinga entre ciudadanos y criminales dedicados al tráfico de facturas falsas. “Esta ley de terrorismo fiscal, es prima hermana de la ley de extinción de dominio, y su engendro será el desplome de la economía, el desplome del empleo, y el desplome de la recaudación. Aquí estaremos en un año revisando puntualmente estos datos”, advierten.
CONGELAN OUTSOURCING
A la iniciativa presentada por Napoleón Gómez Urrutia en calidad de presidente de la Comisión de Trabajo del Senado, le antecedieron una serie de informaciones sobre el acontecer dentro del campo en el cual él desempeñó su liderazgo sindical: la minería. Se hizo referencia al escenario incierto para la exploración al intervenir la Semarnat y, Alberto M. Vázquez Sánchez, miembro de los grupos de trabajo de la CAMIMEX, Cámara Minera de México, consideró dañina la actuación de la dependencia al poner en riesgo futuras inversiones del orden de los 24 mil 200 millones de dólares, los cuales se tienen planeados para este sexenio. La inexistencia de una política pública para incentivar la actividad y permitir hacer crecer la participación en el PIB es otro de los renglones en riesgo de afectación. Lo anterior, como es de suponerse, pone en riesgo la generación de 50 mil nuevos empleos directos y calculan 274 mil más en indirectos. Actualmente, la minería cuenta con 385 mil empleos directos y 300 mil indirectos. La exploración es un riesgo, así lo consideran y asumen su responsabilidad sobre ello ya que nada garantiza se encontrarán minerales explotables y los trabajos a realizar son costosos.
Las entidades en donde se lleva a cabo la minería son Sonora, Coahuila, Chihuahua, Zacatecas, Durango y San Luis Potosí. En esos suelos existen condiciones favorables y seguir explorando se considera una cadena importante de inversiones. Aseguran existe retos y de entre ellos sobresale la generación de acciones como garantías del Estado mexicano en la vigilancia ante actividades sindicalistas no debidas a una genuina inconformidad de los trabajadores que pretendan desequilibrar la paz laboral. Las exigencias de la CAMIMEX se centran es el establecimiento de una estabilidad tributaria, de estabilidad política y social así como jurídica. Con respecto a la Semarnat consideran una obligación la preservación del medio ambiente pero sin entorpecer la generación de empleos dignos y bien remunerados.
Todo este escenario provocó la reacción presidencial y AMLO ubicó como prioritario allegar recursos a los municipios mineros y cambiar la aplicación del Fondo Minero para el 2020, el cual advierte la transferencia a las comunidades mineras del impuesto de 7.5 por ciento cobrado sobre las utilidades de las empresas del sector. En el 2018 el monto de este fondo fue de 18 mil millones de pesos. En el presente está pendiente la resolución de la controversia constitucional presentada por Chihuahua, por Javier Corral, al saberse se entregará solamente el 5 por ciento destinado a la Secretaría de Economía para infraestructura minera; otro 10 por ciento irá a las arcas del gobierno federal y el 85 por ciento para la SEP, para la construcción de escuelas. Obviamente las inconformidades se acumulan.
Como puede observarse no son los mejores momentos ni para la minería y menos cuando quien la ha liderado durante tantos años por la vía de la herencia paterna, aborda temas tan delicados como el de las outsourcing. Por lo pronto, existe un frente en contra de don Napo y su iniciativa, todo apunta, sufrirá todo tipo de modificaciones ante negativa de los empresarios por la limitación de las contrataciones y sobre todo por la criminalización pretendida. El freno impuesto por Ricardo Monreal pone a discusión dentro de un Parlamento Abierto la propuesta. La inconformidad ha sido expuesta por el CCE, la Canaco, la Coparmex y la Concamin. Inclusive, para los sindicalizados mineros la iniciativa “no es otra cosa más que un mecanismo para que el senador morenista controle todos los contratos de outsourcing en el país por medio de la centra obrera que creó”. ¿Y quienes tienen contrataciones con empresas canadienses y estadounidenses? ¿Se afectará al T-MEC?
La función apenas comienza y ojalá no termine en otra dañina farsa.
DE LOS PASILLOS
La Cámara de Diputados aprobó tipificar la violencia política de género. Las reformas a diversas leyes buscan erradicar las diferentes formas de violencia hacia mujeres quienes participan en política como candidatas, funcionarias, alcaldesas o legisladoras. El dictamen aprobado con 416 votos a favor, modifica 49 artículos en las leyes General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, General de Instituciones y Procedimientos Electorales, General de Partidos Políticos y General en materia de Delitos Electorales, Orgánica de la Fiscalía General de la República y Orgánica del Poder Judicial de la Federación en materia de Violencia Política y Paridad de Género…
Tras revelarse que 7 mil becarios de “Jóvenes Construyendo el Futuro”, reclutados por la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas, toman una hora diaria de Evangelio, el presidente Andrés Manuel López Obrador justificó hay libertades y respeto a las creencias religiosas. “… somos libres y pues cada quien tiene garantizado su derecho a creer o no creer y yo como “El Nigromante”, Ignacio Ramírez, quien decía siendo liberal –porque lo era- “yo me hinco donde se hinca el pueblo”, yo respeto la religión del pueblo”, señaló en su conferencia de prensa mañanera. Entonces, ¿olvidamos el Estado Laico?
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