Antes de anunciar el retiro de Estados Unidos del Acuerdo de París, el gobierno republicano había emitido lineamientos internos, a fin de acelerar las inspecciones medioambientales de proyectos de infraestructura considerados de “alta prioridad”; además, ordenó revisiones a regulaciones tributarias, además de que recortó el presupuesto para políticas en materia de cambio climático y medio ambiente.
Fue lo que asentó el Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República (CEIGB), en la nota de coyuntura “Cambios en la política estadounidense en materia de protección al medio ambiente y combate al cambio climático”, donde analiza a fondo dichas modificaciones de política pública.
La actual administración republicana busca revertir la “agenda verde” impulsada por el ex presidente Barack Obama, y retirar al país de los compromisos de implementación asumidos en el Acuerdo de Paris contra el cambio climático.
Dado que la Unión Americana es el segundo contaminante de emisores de dióxido de carbono a nivel mundial, esta decisión junto con otras en la materia, tendrá efectos nocivos sobre México y el mundo.
Según el presupuesto presentado por la Casa Blanca, la EPA (Enviromental Protection Agency, por sus siglas en inglés) sería la dependencia gubernamental más afectada ya que, en caso de que esta solicitud sea aprobada, se enfrentará a un recorte del 31 por ciento de su presupuesto para el 2018.
Tal disminución de financiamiento, afectaría principalmente programas para hacer frente al cambio climático y para desarrollar programas de energía alternativa, así como recortes a otras agencias para la investigación de este rubro. En caso de ser aprobado será el presupuesto más reducido de la agencia en los últimos 40 años.
La investigación del CEIGB señala que, además, el presidente Trump ordenó a la EPA reabrir la revisión de las normas para controlar emisiones de automóviles establecidas por la administración Obama para los autos modelo 2022-2025. Si la actual administración revierte los estándares, se limitarán las opciones de “vehículos verdes” al consumidor.
Entre otros cambios a mencionar –agrega el documento– destaca la orden que emitió la Casa Blanca al Departamento del Interior para reescribir una norma del 2015 que exigía ciertos estándares ambientales para realizar perforaciones de pozos de petróleo en tierras públicas. La actual administración revirtió la decisión del ex presidente Obama de negarse a otorgar un permiso para la construcción del oleoducto Keystone XL y ordenó al Cuerpo de Ingenieros del Ejército permitir la construcción del oleoducto Dakota Access.
Respecto a la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París, la investigación señala que en 2015 el compromiso de los Estados Unidos en este acuerdo fue reducir sus emisiones entre un 26 y 28 por ciento, por debajo de los niveles de 2005 para 2025 y otorgar financiamiento a países en vías de desarrollo.
Con los Estados Unidos produciendo cerca de un quinto de todas las emisiones globales, la salida de los estadounidenses podría socavar los esfuerzos para reducir la producción de carbono, la transición a fuentes de energía renovables y bloquear futuros proyectos de cooperación como los que mantiene Estados Unidos con socios estratégicos como México y Canadá, en materia de energías limpias.
Los investigadores del CEIGB plantean que, pese a que muchas disposiciones establecidas por la administración Trump serán implementadas a nivel federal, a pesar de las impugnaciones judiciales que puedan recibir, la responsabilidad de seguir implementando la agenda verde, que se alcanzó con la administración del ex Presidente Obama, recaerá principalmente en autoridades del nivel subnacional.
Para conocer más sobre los cambios a nivel nacional aplicados por la administración de Donald Trump contra las políticas medioambientales.
