CIUDAD DE MÉXICO, 21 de diciembre (AlmomentoMX).- El
Representante de la Alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en
México, Jan Jarab, expresó hoy en una misiva dirigida a la Cámara de Diputados
su preocupación en relación con el proyecto de creación de una Guardia nacional
militarizada por aspectos “problemáticos desde una perspectiva de derechos
humanos”.
La carta invita a los legisladores a que revisen el proyecto
de ley para “incorporar salvaguardas” en materia de derechos humanos.
La carta y el documento técnico que la ONU-DH ha enviado al Presidente de la
Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Dip. Porfirio Muñoz Ledo (también a
la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados; y a las Comisiones
de Puntos Constitucionales, Gobernación y Población, y Seguridad Pública) en
referencia a la Iniciativa de Proyecto de Decreto que reforma y adiciona
diversos artículos de la Constitución Politica de México en materia de Guardia
nacional identifica “una serie de elementos en el articulado del Proyecto de
Dictamen que serían problemáticos desde una perspectiva de derechos humanos”
“Tras analizarlo, la ONU-DH reitera la preocupación general
expresada en la comunicación de esta Oficina a la cámara de Diputados del
pasado 21 de noviembre y en la intervención durante la audiencia convocada por
la Comisión de Puntos Constitucionales del 11 de diciembre, en relación con el
fortalecimiento del papel de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública
y combate a la criminalidad que supondría la aprobación del proyecto en los
términos presentados”, indica la misiva.
El proyecto, lamenta la ONU-DH, “desaprovecha la oportunidad
para incorporar salvaguardas en temas tan relevantes como el uso de la fuerza y
la creación de un registro nacional de detención”.
“La ONU-DH reitera que la estrategia iniciada hace más de
una década no ha dado los resultados esperados, produciéndose un incremento de
la violencia y de las violaciones a los derechos humanos.”
“Desde la ONU-DH se alienta al Estado Mexicano a adoptar una
fórmula que permita el retiro gradual, ordenado, planificado, medible y
verificable de las Fuerzas Armadas de la tareas de seguridad pública; garantice
el carácter excepcional y temporal de su participación en tareas de seguridad, asegure
la supeditación de las Fuerzas armadas a la autoridad civil; fortalezca las
capacidades de las corporaciones civiles; fomente la corresponsabilidad entre
los diversos órdenes de gobierno; e incorporare un régimen efectivo de control
y rendición de cuentas que inhiba el abuso y la violación a los derechos
humanos”, concluye el Representante en México de la Alta comisionada de la ONU
para los Derechos Humanos.
AM.MX/fm
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