El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Volker Türk, expresó su preocupación por la reciente propuesta de reforma constitucional en México que amplía el uso de la prisión preventiva oficiosa.
Desde Ginebra, Suiza, Türk hizo un llamado a los legisladores mexicanos para que detengan esta iniciativa y aseguren que la legislación cumpla con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
Türk afirmó que la prisión preventiva automática «contraviene principios esenciales de derechos humanos«. En su declaración, enfatizó que esta figura debería ser una medida excepcional, basada en decisiones individualizadas de las autoridades judiciales. «No debe ser una práctica general», subrayó.
La reforma, aprobada el 13 de noviembre por la Cámara de Diputados y actualmente en revisión por el Senado, incluye nuevos delitos como la extorsión y el contrabando en la lista de cargos que conllevan prisión preventiva automática.
La ONU-DH recordó que mecanismos internacionales han recomendado eliminar esta práctica en México, citando sentencias previas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que consideran la prisión preventiva oficiosa contraria a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Türk también reconoció los esfuerzos recientes del gobierno mexicano para fortalecer los derechos de las mujeres y promover la igualdad de género, pero advirtió que otras modificaciones legislativas generan serias preocupaciones en materia de derechos humanos.
En particular, se refirió a la reforma judicial aprobada en septiembre que introduce «jueces sin rostro«, lo cual podría afectar la transparencia y equidad del sistema judicial.
«Ampliar el uso de la prisión preventiva oficiosa no es la respuesta a los desafíos en materia de seguridad y acceso a la justicia», argumentó Türk.
En cambio, sugirió que se debería fortalecer la capacidad de las fiscalías para presentar evidencias adecuadas ante un juez y considerar alternativas a la privación de libertad.
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