La negativa de EU a extender el T-MEC abre revisiones anuales; el dirigente de CATEM plantea defenderlo con productividad, cumplimiento laboral, capacitación técnica y mejores salarios
Estados Unidos decidió este 1 de julio de 2026 no extender el T-MEC por el periodo estándar de 16 años en su forma actual y empujó el acuerdo hacia un ciclo de revisiones anuales. La decisión no rompe de inmediato el tratado, pero instala una incertidumbre recurrente sobre la relación comercial de Norteamérica. Frente a ese escenario, Pedro Haces, dirigente de CATEM, lee la negociación desde un punto específico. México —dice—, debe demostrar que su ventaja no está sólo en la cercanía con Estados Unidos, sino en una fuerza laboral capaz de producir más, cumplir mejor y aspirar a empleos técnicos mejor pagados
Alberto Carbot
Estados Unidos ya no dejó el futuro del T-MEC en el terreno de las amenazas. La administración de Donald Trump decidió este 1 de julio de 2026 no extender el acuerdo por otros 16 años en su forma actual, como buscaban México y Canadá. El tratado sigue vigente, pero entra en un esquema de revisiones anuales que puede prolongarse durante la próxima década, hasta su eventual vencimiento en 2036 si las partes no alcanzan antes un nuevo entendimiento.
La decisión altera la lógica política del acuerdo. Hasta hoy, el T-MEC podía discutirse como una plataforma de largo plazo para ordenar inversiones, cadenas de suministro y comercio regional, pero desde ahora, por decisión de la administración Trump, cada año podrá convertirse en una nueva mesa de presión. Para las empresas, el cambio significa menor horizonte de certidumbre; para los gobiernos, una negociación que ya no se cierra, sino que se administra.
Desde la oficina de Haces, la reacción pública subraya el otro lado del anuncio, que el T-MEC continúa vigente y debe leerse como una señal de confianza para inversión, empleo e integración productiva. Esa lectura no cancela la presión anual que activó Washington; la coloca en disputa. Haces busca convertir la continuidad jurídica del acuerdo en un mensaje de certidumbre para empresas, trabajadores y familias de los tres países.
El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, argumentó que Washington no aceptó extender el tratado bajo las condiciones actuales porque busca corregir deficiencias del acuerdo y déficits comerciales con México y Canadá. La administración Trump también quiere discutir reglas de origen, contenido industrial y mecanismos que impidan que terceros países utilicen a México como plataforma de entrada al mercado estadounidense.
México llega a esa etapa con una ventaja y una vulnerabilidad. La ventaja es que la integración productiva de Norteamérica no se desarma sin costos para Estados Unidos; la vulnerabilidad está en la dependencia de miles de empresas mexicanas respecto de reglas comerciales estables, especialmente en sectores como automotriz, autopartes, acero, aluminio, manufactura avanzada, dispositivos médicos, agroindustria y logística.
En el posicionamiento divulgado este mismo día, Haces subraya que seis industrias estratégicas —automotriz, aeroespacial, electrónica, farmacéutica, química y semiconductores—, concentran cerca de la mitad de las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos. El dato refuerza una idea central de su lectura de que la integración productiva debe verse como una red de procesos industriales compartidos, y no como intercambio comercial aislado.
En ese tablero aparece Pedro Haces, dirigente de CATEM quien forma parte del T-MEC no como técnico comercial, ni como diplomático de carrera, sino desde su área de influencia en el campo laboral-sindical, inversión y productividad. En una conversación reciente, el líder de la central de trabajadores se ubica como parte del acompañamiento legislativo. Su papel no es el de negociador técnico ni el de responsable de cerrar los términos comerciales del acuerdo. Haces, presidente de la Comisión Especial de Seguimiento al T-MEC en la Cámara de Diputados, habla de la comisión integrada por once diputadas y diputados, con presencia de distintos partidos. Su planteamiento se inscribe bajo la premisa de que el acuerdo conviene a los tres países.
Desde esa posición, su oficina plantea que la revisión iniciada este año debe entenderse como un proceso de actualización y fortalecimiento del acuerdo. Esa definición muestra el papel que Haces quiere jugar, como lo es ofrecer una lectura de continuidad institucional mientras el anuncio de Washington reduce el margen de certidumbre plena.
Esa posición le permite ocupar una zona intermedia. Haces —quien no es un negociador formal del T-MEC, tarea que corresponde al gobierno federal y a la Secretaría de Economía—, no quiere mantenerse como simple espectador y busca presentarse como operador legislativo, dirigente obrero, interlocutor empresarial y voz del sector laboral dentro de una discusión que Estados Unidos ha llevado hacia manufactura, reglas de origen y seguridad económica.
Su confianza política descansa en la presidenta Claudia Sheinbaum y en el secretario Marcelo Ebrard. De la presidenta destaca la forma en que ha conducido la relación con Estados Unidos, y de Ebrard, su experiencia para enfrentar una negociación que exige oficio, paciencia y control de daños. El punto cambió después de la declaratoria estadounidense, y en su opinión no puede ser leído sólo como un optimista del acuerdo, sino como un actor que tendrá que probar si esa confianza resiste un proceso anualizado de presión.
Productividad, no retórica
Su frase más importante está lejos del lenguaje diplomático tradicional. Dice que la productividad la hacen trabajadores, empresarios y gobiernos. Esa idea ordena su posición ante el T-MEC. México debe competir como plataforma productiva, con una base laboral ordenada, capacitada y verificable.
Por ello, la decisión de Estados Unidos vuelve más exigente esa tesis. Si el tratado entra en revisiones anuales, México tendrá que demostrar cada año que su papel en Norteamérica va más allá de la mano de obra barata o la cercanía geográfica. Tendrá que probar que puede producir con reglas laborales legítimas, cadenas de suministro confiables, formación técnica suficiente y empresas capaces de cumplir estándares regionales.
Haces entiende que el tema laboral dejó de ser un asunto interno. Desde la entrada en vigor del T-MEC, los conflictos sobre libertad sindical, negociación colectiva y condiciones de trabajo pueden escalar al terreno comercial, en el sentido de que un problema laboral ya no queda encerrado sólo en una planta o una disputa sindical local, sino que puede convertirse en argumento de presión desde Washington.
Por eso insiste en los contratos colectivos de protección y en la obligación de cumplir con lo pactado. Su crítica tiene doble vía, porque asegura que esos contratos dañan al trabajador porque le impiden conocer beneficios y obligaciones, pero también perjudican al empresario porque introducen opacidad, litigios y riesgos en la relación laboral.
La carta del nearshoring
El punto donde su planteamiento adquiere mayor concreción está en el nearshoring. El dirigente de CATEM percibe la relocalización productiva como una oportunidad para México, aunque rechaza que la ventaja mexicana se agote en costos bajos. Su razonamiento parte de la distancia y asegura que producir en México reduce tiempos y costos frente a cadenas de suministro que dependen de Asia. Si ese ahorro existe, una parte debe llegar al salario —expone.
Ese planteamiento tiene valor político porque desplaza el centro del debate. México ha vendido durante décadas estabilidad manufacturera, cercanía con Estados Unidos y mano de obra competitiva. Haces intenta agregar una condición, que la nueva etapa industrial debe pagar mejor; su propuesta parte de una lógica de productividad. Menciona que si la empresa ahorra por producir cerca, puede compartir una parte de ese ahorro con quienes sostienen la producción.
No obstante, la reciente declaratoria de Estados Unidos vuelve más delicado ese argumento. Washington busca impedir que México sea utilizado como vía de entrada de componentes de otros países, especialmente en sectores industriales sensibles. El gobierno de Trump quiere revisar reglas de origen y discutir contenido estadounidense en autos y otros bienes industriales, precisamente para evitar que la relocalización termine beneficiando a competidores externos.
Haces estima que este tema hay que observarlo desde otra coordenada. Si México quiere seguir siendo indispensable —dice—, debe demostrar que no es una simple estación de paso para mercancías, sino una plataforma productiva con trabajadores preparados, contratos legítimos y capacidad industrial propia. Esa es la zona donde su discurso puede servirle al gobierno mexicano, es decir, trabajo formal, paz laboral, capacitación y salarios como parte de la competitividad regional.
La capacitación técnica es el punto donde su argumento baja al terreno operativo. Refiere que se precisa de jóvenes formados en ingeniería técnica, robótica y nuevas tecnologías durante el mismo periodo en que se construye una planta industrial. “Si una fábrica tarda dos años en levantarse en Aguascalientes, Querétaro, Michoacán o cualquier otro estado, esos dos años deberían servir para preparar a los trabajadores que entrarán a operarla”, señala.
Su referencia salarial también es concreta. Habla de empleos con sueldos no menores a cuarenta mil pesos para quienes salgan de ese proceso de formación técnica. Considera que la cifra puede sonar ambiciosa, pero —en su opinión—, cumple una tarea importante, como lo es separar la atracción de inversiones de la precariedad laboral. En su lectura, el T-MEC sólo será defendible si la industria que llegue al país produce empleos con mayor valor agregado.
Esa idea conecta con otra parte de su visión sindical. Haces quiere que su relevo en CATEM entienda robótica, mecatrónica e inteligencia artificial. El planteamiento tiene sentido dentro de la nueva etapa industrial, porque asegura que un sindicato que no comprenda los procesos tecnológicos quedará reducido a administrar inercias; uno que entienda las nuevas herramientas podrá negociar desde dentro de la transformación productiva.
Menciona también que la disputa del T-MEC no se resolverá únicamente en reglas de origen o aranceles. También se resolverá en la capacidad mexicana de formar técnicos, certificar habilidades, reducir rotación, sostener cadenas de suministro y garantizar que las plantas funcionen con trabajadores capaces de operar procesos cada vez más automatizados.
En su posicionamiento público posterior al anuncio, Haces puso ese punto en términos semejantes. Dijo que la competitividad no depende sólo de los acuerdos comerciales, también de la capacidad para formar talento, fortalecer infraestructura, impulsar productividad y generar condiciones para que las inversiones se conviertan en mejores empleos y mayores oportunidades para las familias mexicanas.
El trabajador frente a Trump
La respuesta de Pedro Haces al gobierno de Trump queda ahora circunscrita por los hechos. En la reciente conversación —cuando el escenario todavía aparecía sólo como una advertencia—, respondió con una imagen taurina: “hay que seguir capoteando”. Después llevó la discusión a un terreno más áspero y preguntó qué haría Estados Unidos sin mexicanos y latinos durante un solo día.
A la luz de la decisión anunciada hoy por Washington, esa frase ya no debe leerse únicamente como una respuesta a una posibilidad, sino como una réplica política frente a un hecho consumado. Estados Unidos negó la extensión automática, y el dirigente mexicano, desde su lógica laboral, coloca sobre la mesa una dependencia que Washington suele omitir, como lo es el hecho de que la economía estadounidense no funciona únicamente con capital, tecnología y mercado interno, sino que también descansa en millones de trabajadores mexicanos y latinos.
La pregunta tiene fuerza porque mezcla economía y política. Estados Unidos puede endurecer condiciones, exigir más contenido local, presionar sobre el déficit comercial y usar aranceles como herramienta. México, por su parte, puede recordar que la integración norteamericana se sostiene en fábricas, campos, transportes, servicios, almacenes, cocinas, obras y cadenas logísticas donde el trabajo mexicano y latino tiene un peso cotidiano.
Su argumento invierte la carga migratoria. Desde su punto de vista, los mexicanos no son únicamente población vulnerable frente a la política de Trump; también son fuerza productiva. Esa inversión del enfoque puede ser útil para México si se administra con datos, prudencia y eficacia negociadora, y convertida en argumento económico, puede pesar.
CATEM en Estados Unidos
La presencia de CATEM en Estados Unidos aparece como otra pieza del mapa y aclara que su central no puede afiliar trabajadores en el extranjero, pero afirma que mantiene oficinas en Los Ángeles y Washington para generar confianza con empresas, líderes laborales y autoridades estadounidenses. En su relato, esas oficinas sirven para atraer inversión a México y facilitar interlocución alrededor de contratos colectivos.
Ese pasaje muestra a CATEM como algo más que una central sindical mexicana, y reitera que quiere presentarla como una estructura capaz de hablar con inversionistas, gobiernos estatales, trabajadores migrantes y sectores empresariales. En su propio relato, el dirigente sindical se convierte en “promotor de inversión y garante de gobernabilidad laboral”.
Hoy, a partir de la decisión de Washington, la revisión anual del T-MEC puede ampliar el valor de esos intermediarios y si cada año habrá evaluación, presiones y ajustes, el cumplimiento laboral será parte de la certidumbre comercial.
El mismo posicionamiento anticipa que la Comisión Especial de Seguimiento al T-MEC continuará impulsando el diálogo con sectores productivos, empresariales y laborales. Ese énfasis completa el lugar institucional que Haces busca ocupar, como lo es una interlocución que conecte la negociación comercial con empresas, sindicatos, trabajadores y gobierno.
Empero, el optimismo de Haces queda sometido a una prueba más dura. Él sostiene que el tratado saldrá bien, que será por el bien común y que México tiene razones para confiar. Sin embargo, la administración Trump decidió lo contrario de una renovación cómoda, ya que eligió mantener vivo el acuerdo, pero bajo revisión anual. Washington acaba de recordar que esas ventajas no bastan si el socio mayor decide renegociar cada tramo del camino.
La revisión anualizada puede golpear la certidumbre de sectores que necesitan inversiones largas, especialmente automotriz, manufactura avanzada, autopartes, acero, aluminio y logística. Las empresas no deciden una planta de diez o quince años con reglas que pueden moverse cada verano. Ahí está el costo político de la decisión estadounidense; es decir, el tratado sigue vivo, pero la previsibilidad queda condicionada.
México tendrá que administrar esa incertidumbre sin sobreactuar y sin conceder demasiado pronto. El gobierno necesita defender el acceso preferencial al mercado estadounidense, responder a las demandas sobre reglas de origen y evitar que el país sea tratado como simple plataforma de entrada de componentes extranjeros. También necesita cuidar que la presión comercial no termine sacrificando derechos laborales ya incorporados al tratado.
La silla que Haces quiere ocupar
Haces quiere ocupar una silla en ese proceso. No como un negociador comercial ni tampoco como técnico especialista de reglas de origen. Asegura que quiere que se le vea como el dirigente que puede decirle al empresariado que entiende sus costos, al trabajador que buscará mejores salarios y al gobierno que él puede ayudar a mantener orden laboral en un momento de presión externa. Esa pretensión explica por qué su discurso busca mezclar productividad, justicia laboral, capacitación, migración y confianza política.
Está muy consciente que el T-MEC no se decide en CATEM, pero también sabe que la parte laboral del tratado puede volverse decisiva si Estados Unidos endurece sus exigencias. En una revisión anual, cualquier conflicto laboral relevante puede convertirse en argumento comercial.
Reitera que México debe dejar de venderse como patio barato de manufactura y presentarse como socio productivo con trabajadores mejor preparados y mejor pagados, pero ello exige escuelas técnicas, sindicatos legítimos, empresas dispuestas a compartir beneficios, gobiernos capaces de planear y un tratado que no se reduzca a contener amenazas de Washington.
Subraya que el nuevo ciclo del T-MEC medirá muchas cosas al mismo tiempo, como la capacidad negociadora de Claudia Sheinbaum y su amigo Marcelo Ebrard, la presión proteccionista de Donald Trump, la paciencia de Canadá, la integración real de las cadenas productivas y la madurez laboral mexicana. En esa medición, quiere que el sindicato no aparezca como problema, sino como parte de la solución.
Explica que si México logra convertir cercanía geográfica en empleos técnicos, contratos transparentes y salarios más altos, la revisión anual del T-MEC puede convertirse en una oportunidad incómoda pero aprovechable, pero si el país se limita a defender el tratado sólo como herencia comercial, cada julio será una negociación cuesta arriba. Pedro Haces apuesta por lo primero, pero Washington hoy acaba de ponerle un reloj a esa apuesta tripartita.
