Petróleos Mexicanos (Pemex) informó a la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos que no cuenta con protección legal ante una eventual quiebra, ni en ese país ni conforme a la legislación mexicana.
La explicación fue enviada en una carta dirigida a Samuel Kluck y Michael Coco, integrantes de la SEC, después de las dudas planteadas por inversionistas a raíz del cambio de Pemex de empresa productiva del Estado a empresa pública del Estado.
La transformación jurídica comenzó el 19 de marzo de 2025, como parte de la reforma energética impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Debido a ese cambio, el regulador estadounidense pidió detalles sobre las diferencias entre ambas estructuras y sobre una posible modificación en la capacidad de la petrolera para acogerse a procedimientos de quiebra en México.
En la respuesta, las autoridades mexicanas señalaron que Pemex no puede recurrir al concurso mercantil, mecanismo disponible para empresas privadas que enfrentan dificultades para cumplir sus obligaciones y buscan reestructurar sus deudas.
El documento establece que las entidades del sector público que no estén constituidas conforme al derecho mercantil privado no están sujetas a procedimientos de concurso mercantil. Por ello, Pemex “no está sujeta a la Ley de Concursos Mercantiles ni cuenta con protección alguna por quiebra conforme a la legislación mexicana”.
La petrolera precisó que esta situación no es consecuencia de la reforma energética ni de su conversión en empresa pública del Estado. De acuerdo con la explicación enviada a la SEC, la falta de protección ya existía antes del cambio jurídico y no fue modificada por la nueva estructura.
Las autoridades mexicanas también informaron que actualizaron el formulario 18-K mediante la enmienda número 3. El documento incorporó información sobre los cambios en la misión corporativa y las actividades de Pemex, además de las razones de la modificación en su estructura de propiedad.
Al 30 de junio de 2026, Pemex reportó una deuda financiera de 77 mil 500 millones de dólares, cifra 9.1 por ciento menor a la registrada al cierre de 2025. La reducción se atribuyó a aportaciones patrimoniales del Gobierno federal, operaciones de manejo de pasivos y amortizaciones anticipadas.
Las aportaciones acumuladas desde 2019 suman 1.71 billones de pesos.
