Eduardo Sadot
Poderes sin equilibrio, evidencian favoritismo y corrupción, el trato a acusados diferenciado y discriminatorio se ha hecho evidente desde hace siete años en Palacio Nacional, la frase atribuida a Juárez: “A los amigos justicia y gracia y a los enemigos justicia a secas” se ha tornado en la 4Tiranía en “A los amigos impunidad y privilegios a los enemigos persecución a secas”
La implosión de casos de corrupción de MORENA, defendidos hasta desde Palacio Nacional fortalecen la imagen de corrupción en el país y es observada desde Estados unidos con acuciosidad milimétrica. La justicia en México ya no sólo parece desigual: comienza a parecer subordinada al poder. No es una consigna opositora ni una exageración retórica. Es la conclusión que surge cuando se observan nombres, expedientes y resultados.
Rosario Robles pasó años en prisión preventiva sin sentencia. Emilio Lozoya, acusado en un caso de corrupción de dimensión internacional, obtuvo inicialmente un trato procesal mucho más favorable bajo el argumento de la colaboración. La explicación legal existe, pero la percepción política es devastadora: para unos, todo el peso del Estado; para otros, margen, tiempo y negociación.
El video de Pío López Obrador recibiendo dinero no produjo la misma velocidad institucional que otros casos de financiamiento irregular. Ahí quedó, atrapado en la parsimonia oficial. Manuel Bartlett fue señalado por un presunto ocultamiento patrimonial y terminó exonerado administrativamente. Delfina Gómez fue sancionada por retención de salarios a trabajadores y, lejos de representar un costo definitivo, su carrera política continuó hasta la gubernatura.
Segalmex representa uno de los mayores escándalos de corrupción del sexenio y, sin embargo, el país sigue esperando responsabilidades políticas proporcionales al tamaño del daño. Félix Salgado Macedonio enfrentó graves acusaciones públicas y aun así conservó respaldo político. Ricardo Anaya denunció persecución política frente a una maquinaria institucional que, según él, se activó con una energía que no siempre se observa cuando los señalados pertenecen al círculo del poder.
Lo que indigna no es que existan investigaciones. Lo intolerable es que parezcan obedecer a criterios variables según el nombre del acusado. La ley deja de ser ley cuando depende de la utilidad política de la persona investigada. Entonces ya no se persigue el delito: se administra el castigo.
Durante años se prometió que terminaría el viejo régimen de complicidades, impunidades selectivas y justicia usada como garrote. Esa fue una de las grandes banderas morales del actual poder. Pero la realidad ha comenzado a revelar algo mucho más grave que la simple contradicción: la posibilidad de que se haya sustituido un sistema de privilegios por otro.
El discurso oficial se refugia en tecnicismos: autonomía de las fiscalías, criterios de oportunidad, decisiones judiciales independientes. Pero cuando la coincidencia política se repite demasiadas veces, los tecnicismos dejan de convencer. La ciudadanía empieza a entender algo elemental: hay expedientes que avanzan y expedientes que duermen; hay nombres que pesan más que las pruebas.
Ése es el verdadero deterioro institucional. No sólo la posible impunidad de algunos, sino la demolición silenciosa de la confianza pública. Porque cuando la gente percibe que la justicia protege aliados y castiga adversarios, deja de creer en las instituciones y empieza a verlas como instrumentos de facción.
Y ése es el punto más peligroso. Un gobierno puede sobrevivir al escándalo. Lo que una república difícilmente resiste es la normalización de una justicia parcial. Cuando el poder decide quién cae y quién se salva, ya no gobierna la ley. Gobierna el miedo.
@eduardosadot
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