Política energética de México: soberanía, sustentabilidad y desarrollo

La estrategia energética del Gobierno de Claudia Sheinbaum busca fortalecer la producción nacional, ampliar las energías renovables, garantizar el acceso a la electricidad y consolidar a CFE y Pemex como empresas públicas estratégicas. En este escenario, el gas natural desempeña un papel relevante para la generación eléctrica y el desarrollo económico, con oportunidades importantes para el sureste y Quintana Roo.

La energía es mucho más que electricidad en los hogares o combustible para las industrias. Es una condición indispensable para el crecimiento económico, la competitividad, la creación de empleos y el bienestar de la población.

Por ello, la política energética de México parte de una premisa fundamental: el país necesita garantizar el suministro presente y futuro, reducir sus vulnerabilidades frente al exterior y asegurar que los beneficios de la infraestructura energética lleguen a todas las regiones.

Durante la Mañanera del Pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó los objetivos que orientan esta estrategia: soberanía energética, sustentabilidad, justicia social, desarrollo nacional y fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex).

Estos cinco ejes se relacionan entre sí y plantean un desafío a largo plazo: construir un sistema energético confiable, con mayor capacidad nacional y una transición que considere tanto las necesidades económicas como la protección ambiental.

Soberanía energética: producir más y depender menos

La soberanía energética significa fortalecer la capacidad de México para satisfacer sus necesidades de energía con recursos, infraestructura y capacidades propias.

Aunque el país cuenta con importantes recursos naturales, todavía mantiene una elevada dependencia de las importaciones de gas natural.

Aproximadamente tres cuartas partes del combustible que consume provienen de Estados Unidos, lo que expone al sistema nacional a interrupciones, variaciones de precios y cambios en las condiciones del mercado internacional.

Frente a este escenario, la estrategia contempla aumentar la producción nacional cuando sea viable, aprovechar mejor los recursos disponibles, recuperar gas que actualmente se quema y reducir el consumo mediante tecnologías más eficientes.

También busca ampliar la generación con fuentes renovables, de manera que el crecimiento de la demanda eléctrica no implique una dependencia cada vez mayor de los combustibles importados.

La soberanía energética no se alcanza de un día para otro. Requiere inversiones, planeación, desarrollo tecnológico y una visión que permita anticipar las necesidades de las próximas décadas.

Sustentabilidad: energía con menor impacto ambiental

El segundo objetivo consiste en avanzar hacia un sistema energético que reduzca sus impactos ambientales y aproveche de manera más eficiente los recursos naturales.

México se ha planteado elevar la participación de las energías renovables en la generación eléctrica del 24% al 38%, mediante proyectos solares y eólicos, además de otras acciones para modernizar el sistema eléctrico.

Esta transición también requiere redes capaces de transportar la energía, tecnologías de almacenamiento, eficiencia energética y fuentes de generación que contribuyan a mantener la estabilidad del suministro.

En este contexto, el gas natural puede desempeñar una función complementaria. En determinadas condiciones, su uso para generar electricidad produce menos dióxido de carbono que el carbón o el combustóleo por unidad de energía generada.

La meta es avanzar hacia una matriz energética más limpia sin comprometer la confiabilidad del servicio.

Que la energía llegue a todas las regiones

La energía también es una cuestión de equidad.

El acceso a la electricidad permite mejorar las condiciones de vida, ampliar las oportunidades educativas, fortalecer los servicios de salud y facilitar el desarrollo de comunidades que históricamente han enfrentado rezagos de infraestructura.

La justicia energética busca que los beneficios de las inversiones no se concentren únicamente en las grandes ciudades o los principales corredores industriales, sino que alcancen a las poblaciones rurales y a las localidades con mayores necesidades.

Esto implica ampliar la cobertura eléctrica, modernizar las redes de distribución y desarrollar soluciones adecuadas para comunidades alejadas, incluyendo sistemas renovables cuando las condiciones lo permitan.

También significa reconocer que la confiabilidad del suministro importa tanto como la conexión: los hogares, hospitales, escuelas y pequeños negocios necesitan electricidad disponible para realizar sus actividades cotidianas.

Una política energética con sentido social debe garantizar que el desarrollo de infraestructura se traduzca en mejores oportunidades y bienestar para la población.

Desarrollo nacional: energía para producir y generar empleos

El crecimiento de la economía requiere un suministro eléctrico suficiente, confiable y competitivo.

Las industrias necesitan energía para operar sus instalaciones, los comercios requieren electricidad para prestar servicios y las nuevas inversiones dependen de la capacidad de la infraestructura para responder a una demanda creciente.

Por ello, la política energética contempla ampliar la capacidad de generación, modernizar las redes de transmisión y distribución y fortalecer la infraestructura de gas natural necesaria para abastecer determinadas centrales eléctricas.

El objetivo es que la disponibilidad de energía no se convierta en un obstáculo para la actividad productiva.
La planeación debe anticipar dónde crecerá la demanda, qué infraestructura se necesita y cómo distribuir los beneficios de las inversiones entre las regiones. Esto resulta especialmente importante en el sureste mexicano, donde el desarrollo económico demanda mejores condiciones de conectividad energética.

Una mayor disponibilidad de energía puede contribuir a atraer inversiones y generar empleos, siempre que se acompañe de infraestructura suficiente, costos competitivos y una adecuada planeación territorial.

Una política energética con visión de futuro

Los objetivos de la política energética mexicana responden a una misma necesidad: garantizar que la energía contribuya al bienestar de la población y al desarrollo del país.

La soberanía exige reducir vulnerabilidades; la sustentabilidad demanda disminuir los impactos ambientales; la justicia social busca llevar los beneficios a todas las comunidades; el desarrollo nacional necesita energía suficiente para producir y generar empleos; y el fortalecimiento de CFE y Pemex permite conservar capacidades públicas estratégicas.

En ese proceso, el gas natural puede contribuir a la confiabilidad del suministro, mientras que las energías renovables deben ganar participación y la eficiencia energética reducir el consumo innecesario.

Para Quintana Roo, el desafío consiste en aprovechar los avances de infraestructura en la península, evaluar las oportunidades de distribución local y garantizar que cualquier expansión responda a las necesidades reales de la población y la economía.

La política energética no se mide únicamente por los megawatts instalados, los kilómetros de ductos construidos o los recursos invertidos. Su éxito también depende de la continuidad del servicio, el acceso equitativo, la competitividad de las actividades productivas y la protección del patrimonio natural.

México necesita energía suficiente para crecer, instituciones públicas sólidas para planear su futuro y una transición energética que combine seguridad, desarrollo y responsabilidad ambiental.