El delito se combate con base en la ley, con sustento en el derecho, con virilidad, con decisión y con inteligencia; no con abrazos y besos a la delincuencia. La ley contiene preceptos, no ocurrencias o improvisaciones; la virilidad, no es virtud exenta de inteligencia; todos sabemos que el combate a los infractores de la ley no es el mismo que se manejó en las estadísticas expresadas en el Cuarto Informe de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
La ofensiva en contra de la delincuencia siempre debe de traducirse en eficiencia, la actividad de controvertir a los maleantes, a los facinerosos, a los bandoleros debe ser guiada siempre por las instituciones, con sustento legal, asumiendo en todo tiempo sus riesgos y siempre contando con el respaldo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Jamás la cruzada que se siga para perseguir a los transgresores de la ley, puede dar cabida a las ocurrencias del Poder Ejecutivo, por mucho menos a la ignorancia. Debe de conocerse la ley para triunfar en esa encomienda.
México necesita, primero, contemplar el problema de manera integral, analizando a profundidad las causas y los efectos que producen las conductas de índole antisocial y no combatirlas con políticas ingenuas de “abrazos y besos”, se necesita más que nunca enfrentar esa contrariedad con la ley.
Jamás el Poder Ejecutivo debe de consentir, sufrir y permitir que la delincuencia del poder y/o narco-política, sirva de pretexto para trastocar nuestra Soberanía.
México requiere de manera inmediata, una confronta con decisión a ese problema crucial de la delincuencia, la alta incidencia delictiva en todos los confines de la Nación, por cierto, muy por encima de cualquier País integrante de la Comunidad Internacional, nos obliga a ello.
Las endebles y cortesanas argumentaciones de “abrazos y besos” están fundadas en ocurrencias y no en la ley y esas palabras no cumplen ni objetivos ni finalidades, resulta obvio que carecen de utilidad.
El ocurrente político que con esa forma de pensar de “abrazar y besar” para disminuir los índices de criminalidad, ofende a la historia y a las víctimas de aquellos delincuentes, ofende también a la democracia de nuestra Nación.
Actualmente, ni el derecho y sus motivaciones, ni ningún precepto jurídico de aplicación estricta, apoya esa política de ocurrencia.
Hay que cambiar el rumbo.
Es cuanto.
Lic. Alberto Woolrich Ortíz.
Presidente de la Academia de Derecho
Penal del Colegio de Abogados de México, A.C..