Joel Hernández Santiago
No habían pasado ni veinticuatro horas luego de que la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) anunciara que este año otorgó su Gran Premio a la Excelencia periodística a los trece periodistas asesinados en México de octubre de 2021 a la fecha, cuando fue muerto en Guanajuato otro periodista más: Ernesto Méndez.
El premio otorgado por la SIP a los periodistas acribillados en México es un homenaje a cada uno de ellos y es, sobre todo, un reclamo al gobierno de México que permite este panorama de inseguridad, amenaza, agravio, persecución y muerte de informadores en distintos estados de la República en apenas unos cuantos meses entre 2021 y 2022.
Y con ello, también se hace un llamado al gobierno mexicano, tanto federal como estatales y municipales, para que paren ya esta situación de tensión y terror que se vive en el periodismo nacional, sobre todo entre quienes ejercen su labor periodística en zonas de alto riesgo y cuyo trabajo no gusta ni a los gobiernos locales como tampoco a integrantes del crimen organizado y otros actores con intereses económicos o de poder.
Esto es así hoy y por años. A los funcionarios de gobierno no les gusta la libertad de expresión. Deploran el trabajo de los periodistas, sobre todo de aquellos que hacen su trabajo con ética, responsabilidad y verdad; los que denuncian corrupción de funcionarios públicos y malos actos de gobierno.
Y es a estos periodistas a quienes la gente de gobierno se acerca sonriente para buscar controlar su información, aun así los deploran y los repudian. Con más frecuencia de la que se supone en un ambiente de animadversión en contra del periodismo mexicano estimulado desde Palacio Nacional, muchos periodistas de esta naturaleza rechazan cualquier intento de control o censura y siguen con su labor informativa. Son ellos los que están en peligro…
Como lo están también los que trabajan en zonas de alto riesgo por la inseguridad; en donde se ubican intereses del crimen organizado, el narcotráfico y la violencia criminal. Es en estos lugares en donde realizan su labor en permanente zozobra y bajo amenazas, incluso en contra de su vida.
No pocas veces periodistas de distintos medios, muchos de ellos independientes, acuden a la autoridad para solicitar ayuda y protección legal para ellos y su medio informativo. La respuesta, con frecuencia, es sí. Pero al final no la hay. No con la importancia que merece un asunto de vida o muerte y que ya ha significado más de ciento cincuenta periodistas asesinados en lo que va de este sexenio, aunque la secretaría de Gobernación sólo reconoce a poco más de cincuenta.
En apenas lo que va de este año han muerto trece, incluido Ernesto Méndez, asesinado en San Luis de la Paz, Guanajuato. Él, propietario del portal de noticias “Tu Voz”, fue acribillado a las 23 horas del martes 2 de agosto, junto con otros tres hombres en una cervecería propiedad del periodista.
Aunque tiempo atrás el mismo informador denuncio ante la autoridad local que había recibido amenazas de muerte, lo cierto es que no se atendió su queja.
Con frecuencia, para evadir los atentados a la libertad de expresión, las autoridades encargadas de investigar estos homicidios acusan que los periodistas o no fueron asesinados por causa de su trabajo periodístico o que éstos estaban “metidos en asuntos obscuros”… Al final de cuentas muy pocos de los homicidios han sido esclarecidos y predomina la impunidad.
Pocas veces en la historia del periodismo mexicano se habían acumulado tantos agravios en contra de esta actividad y, por tanto, en contra de la libertad de expresión y de pensamiento. Se menosprecia el tema –como resultado de esa animadversión a esa misma libertad de expresión–, y se minimiza un tema trascendente en toda democracia.
Apenas el 4 de marzo pasado, al referirse a la violencia que sufren los periodistas en México, señalada por diferentes organizaciones de periodistas en el mundo, medios internacionales y nacionales, el presidente de México dijo que:
“Las organizaciones defensoras de periodistas aparecen cuando no les conviene un gobierno y están molestas porque no reciben dinero.
“Esas asociaciones que hay de todo tipo, que aparecen cuando no les gusta o no les conviene un gobierno, o protegen a medios de información de México que están también molestos porque ya no reciben subvenciones, o el dinero de publicidad que se les daba, pero esto es así, no es para rasgarse las vestiduras”. Así dicho.
Lo cierto es que en menos de siete meses de este año han sido asesinados trece periodistas. Ha sido agraviada la libertad de expresión que cada día más está en peligro en México. ‘La culpa es de los periodistas, por serlo’, según ese criterio de gobierno.
Y según ese criterio de gobierno hoy mismo es más importante el cómo se ganará las elecciones de 2024, en tanto que el día a día se convierte para el periodismo nacional en una amenaza de vida, o muerte.
