La senadora Ruth Alejandra López Hernández, de Movimiento Ciudadano, promueve una iniciativa para reformar el artículo 4 de la Constitución Política, a fin de garantizar el derecho de toda persona al acceso a una vivienda, y la obligación del Estado de formular e implementar políticas públicas para este fin.
Expuso que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía reveló que, en México, 5.8 millones de viviendas son rentadas y 52 por ciento de los ciudadanos que alquila un espacio habitacional lo hace porque no tiene acceso a un crédito o a recursos económicos para comprarlo.
Destacó que 14 estados de la República se encuentran por encima del promedio nacional, es decir, sobre el 51.4 por ciento, en viviendas que son rentadas por motivos de falta de acceso a créditos o falta de recursos de quienes las habitan, entidades entre las que están el Estado de México, Guanajuato, Veracruz, Chiapas y Guerrero.
“Estas cifras revelan que la posibilidad de adquirir una propiedad en México parece cada vez algo más complejo. Es innegable que cada vez más personas optan por rentar, en vez de adquirir un bien inmueble propio”, enfatizó López Hernández.
La legisladora dio a conocer información sobre el Índice de Precios de la Vivienda del Gobierno Federal que indican que, en 2023, el precio promedio de una casa en México fue de un millón 601 mil pesos.
En ese mismo sentido, el Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco detalla que ese mismo año, el costo promedio de una vivienda en la Ciudad de México fue de tres millones 662 mil pesos, lo que la ubica como la entidad más cara seguida de Nayarit, cuyo promedio fue de dos millones 128 mil pesos.
Ante todos esos datos oficiales, López Hernández coincidió con lo recomendado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de que el Estado tiene la obligación de respetar, proteger, y desarrollar acciones que permitan a las personas disponer de una vivienda adecuada.
“Su adquisición no debe ser excesiva, de tal manera que las personas puedan acceder a un lugar donde vivir, sin comprometer la satisfacción de otras necesidades”, argumentó la senadora.
En la iniciativa, que fue turnada a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Segunda, la legisladora enfatizó que “el derecho a la vivienda de ninguna manera tiene que ser selectivo, puesto que es un derecho humano”.
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