Testimonios señalan la existencia de presuntos cobros por productos y servicios en la Comisaría de Sentenciados de Puente Grande, Jalisco, así como un posible sistema de autogobierno dentro del penal.
Una visitante relató que las “caguamas” de cerveza se venden en 200 pesos y que el acceso a visitas conyugales tendría un costo de 2 mil pesos.
De acuerdo con el testimonio, algunos internos pueden rentar teléfonos celulares por hasta 15 mil pesos mensuales, aunque el servicio no estaría disponible para toda la población penitenciaria.
La mujer afirmó que ciertos grupos ejercerían control sobre actividades y cobros al interior del centro. “Las personas del autogobierno traían celulares. De armas no me fijé bien porque evitaba voltear hacia allá; me sentía incómoda”, señaló.
También sostuvo que personas externas ingresarían al penal para realizar actividades específicas o brindar protección a internos.
Según la misma fuente, algunos reclusos vigilarían las conversaciones de otros internos con sus familiares. Además, existiría un esquema de ventas operado por personas vinculadas con esos grupos, que incluiría bebidas, dulces y otros artículos.
Entre las tarifas reportadas figura un cobro de 5 pesos por el uso de las regaderas, de acuerdo con lo que le habrían comentado personas privadas de la libertad.
El penal depende de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social de Jalisco, encabezada por José Antonio López Zaragoza, durante la administración estatal del gobernador Pablo Lemus.
El especialista en temas penitenciarios José Luis Mussi señaló que estas dinámicas no serían exclusivas de un solo centro. Estimó que alrededor del 90 por ciento de los 261 penales estatales del país presenta algún nivel de cogobierno de internos, lo que permitiría el cobro de cuotas y el control de actividades dentro de las cárceles.
Mussi atribuyó esas condiciones a la corrupción, la sobrepoblación, la falta de personal capacitado, la escasez de custodios y deficiencias en la designación de directivos penitenciarios.
